“En Honduras es más barato comprar un diputado
que una mula”. Esta frase, tristemente célebre entre los hondureños, fue atribuida
al empresario Samuel Zemurray, propietario de una de las principales compañías
bananeras que operaban en Honduras en la primera mitad del siglo XX. A la luz
de los acontecimientos parlamentarios ocurridos durante la administración del
actual presidente Juan Orlando Hernández (JOH), está afirmación sigue siendo
plenamente válida. Y es que durante estos tres años las bancadas de los
partidos opositores han ido perdiendo congresistas cuando las necesidades del
actual gobierno así lo han requerido. El izquierdista partido LIBRE, agrupación
política creada para reunir los principales sectores sociales que se opusieron
al golpe de Estado de 2009, perdió en estos años 9 de sus 37 congresistas (casi
el 25%). Lo mismo le ocurrió al Partido Anticorrupción (PAC), que perdió a 4 de
sus 13 congresistas (casi el 33%) a lo largo del periodo de gobierno de JOH.
Esta oleada de transfuguismo vino marcado por las necesidades del Partido
Nacional de conseguir los votos necesarios para aprobar reformas clave y el
control de las principales instituciones del estado, con el objetivo de hacer
realidad las ambiciones reeleccionistas del presidente Juan Orlando Hernández.
Pero la degradación de la vida política, todavía
fuertemente influida por las consecuencias del golpe de Estado de 2009, ha ido
mucho más allá del ámbito parlamentario. Y es que tras el golpe se produjo la
partición del Partido Liberal, cuando una buena parte de sus bases
constituyeron el partido LIBRE siguiendo los pasos de Mel Zelaya. Como consecuencia,
el Partido Nacional se vio fortalecido, haciendo creerse a sus dirigentes
dueños absolutos del país. El triunfo de Pepe Lobo en las elecciones de 2009 no
fue una sorpresa para nadie. El nacimiento en 2011 del partido LIBRE como
alternativa real de gobierno supuso un claro desafío a la hegemonía nacionalista.
Sin embargo, el control que el Partido Nacional logró establecer sobre el
Estado permitió que realizasen un fraude masivo en las elecciones de
2013 (en el que se
produjo financiación ilegal de campaña reconocida por el propio Partido
Nacional,
manipulación del censo electoral, compra de votos, recuento fraudulento en
mesas…) que llevó a Juan Orlando Hernández a la presidencia.
Como consecuencia del afianzamiento del Partido
Nacional en el poder, se ha observado un continuo aumento de los casos de
corrupción en el país. Desde el escándalo del Seguro Social, que sacó a la luz
cómo el Partido Nacional utilizó fondos del sistema de salud para la campaña
electoral de JOH, hasta el caso ASTROPHARMA, en el que se reveló que una
empresa de una alta funcionaria nacionalista vendió durante años pastillas de
harina haciéndolas pasar por medicinas al sistema de salud público, provocando
centenares de muertes entre la población. Otro caso sonado fue la construcción
de un nuevo sistema de transporte público en Tegucigalpa al estilo del metrobus
de la Ciudad de México (trans 450), con altísimos costes para la alcaldía, que finalmente
no fue utilizado y cuyas vías y estaciones están siendo demolidas en la
actualidad.
Además la actividad del crimen organizado se vio
fortalecida durante el periodo de hegemonía nacionalista y los nexos del
narcotráfico con el Partido Nacional no paran de hacerse evidentes. En 2015 la
DEA capturaba en Haití a uno de los hijos del ya expresidente Pepe Lobo, hecho
que iría relacionándose con sucesivas detenciones y revelaciones de la prensa que indicaban que el crimen
organizado, aliado con altos mandos del Partido Nacional, se había repartido el
territorio hondureño y estaban detrás de asesinatos de altas personalidades de
la lucha contra el crimen organizado como Alfredo Landaverde. En las últimas
semanas las revelaciones han sido todavía más impactantes, ya que uno de los
líderes del cartel de los Cachiros, extraditado a Estados Unidos, ha declarado
a un tribunal de Nueva York que entregó 500,000 dólares a la campaña electoral
de Pepe Lobo. Según la misma declaración además este criminal habría
participado en una fiesta privada que Lobo celebró en su casa de Tegucigalpa
con ocasión de su victoria electoral de 2009, a la que también acudieron otros
destacados narcotraficantes del país. La posibilidad de que Estados Unidos
solicite la extradición de Lobo es cada vez más plausible. Asimismo el Cachiro
ha implicado en sus actividades al actual ministro de seguridad Julián Pacheco,
y ha denunciado haber entregado grandes cantidades de dinero al hermano del
actual presidente JOH para que le ayudase a saldar una deuda del cartel con el
gobierno. Con anterioridad, el embajador de Estados Unidos James Nealon llegó a
declarar en 2016 que existía una conspiración para asesinarlo dirigida por el narcotráfico y
altos mandos de las fuerzas armadas (el hermano de JOH volvió a ser mencionado
en relación con estos hechos, situación que provocó que tuviese que viajar a
EEUU para prestar declaración a las autoridades estadounidenses).
Ante un panorama tan escandaloso, sería de esperar
que el partido gobernante hubiese sufrido un fuerte desgaste a nivel electoral.
Sin embargo, la realidad es muy diferente y en la actualidad parece que la
reelección de JOH en noviembre es más que factible, siendo la principal amenaza
contra esta la posibilidad de que se le sindiquen responsabilidades penales en
Estados Unidos por sus conexiones con el crimen organizado. Para comprender la
aparente inmunidad electoral del JOH frente a los escándalos hay que tener en
cuenta principalmente dos situaciones: la extrema concentración de poder en el
actual ejecutivo y los profundos vicios que sufre el sistema electoral y de
partidos en Honduras.
JOH sostuvo antes de ganar las elecciones que
iba a “hacer lo que tenga que hacer”. A estas alturas se puede afirmar sin
lugar a dudas que cumplió su promesa. Durante estos años ha logrado controlar varias
de las instituciones clave del Estado, como la Corte Suprema de Justicia, el
Tribunal Superior de Cuentas, y la Corte Constitucional entre otros. Especialmente
clamoroso es el caso del Tribunal Supremo Electoral, tan solo formado por
cuatro magistrados y en el que no hay representación de dos de las mayores
partidos de Honduras (LIBRE y PAC), pero si de dos partidos minoritarios al
servicio del gobierno nacionalista, como la Unificación Democrática (0,1% de
votos) y la Democracia Cristiana (0,17% de votos). El gobierno ha cooptado los
suficientes congresistas opositores como para sacar adelante todos sus
proyectos y ha barrido con la oposición interna al interior de su partido. En
este proceso ha logrado anular varios artículos de la constitución hondureña
que prohibían la reelección presidencial, conocidos como pétreos por ser solo
modificables mediante constituyente, y posteriormente ha validado su
candidatura presidencial. Llama la atención que los que hoy aplauden la
posibilidad de reelección en 2009 justificasen un golpe de Estado con el fin de
evitarla.
Combinado con lo anterior, JOH espera verse
favorecido por un sistema electoral y partidista profundamente corrupto. Si ya
sale barato comprar diputados, mucho más lo es comprar votos. Según una
encuesta realizada para un estudio del National Democratic Institute, en 2013 la
compra de votos fue de cerca del 8% en Francisco Morazán y Cortés, los
departamentos más poblados del país. En otros departamentos estos porcentajes
superaron el 15% (Olancho, La Paz, o Yoro), el 20% (Comayagua, Choluteca y
Santa Bárbara) y hasta el 50% en Gracias a Dios. La coacción directa a los
beneficiarios de programas sociales también resulta de gran efectividad a la
hora de asegurar el voto por el partido gobernante. Existen además perniciosas
prácticas en Honduras, como la norma no escrita por la que todos los
trabajadores del Estado están obligados a pagar una cuota mensual al partido
gobernante, que se extrae automáticamente de las nóminas. Pero el fraude no
queda limitado a estas prácticas, también se deriva de la manipulación del
censo electoral en el que se incluye a menores de edad y personas fallecidas
para inflar los resultados cuyos votos son introducidos de forma ilegal en las urnas. También es frecuente
la compra de credenciales electorales, que fueron calificadas de mercancías por un magistrado del Tribunal
Supremo Electoral, y cuya venta permite manipular el proceso de conteo en los colegios
electorales.
En conclusión, Honduras enfrenta un
contexto de alta polarización y gran inestabilidad de cara a las elecciones
presidenciales de noviembre de 2017. Si bien el Partido Nacional muestra una
gran fortaleza debido a la consolidación de su control sobre el Estado y el sistema
electoral, se dan varias situaciones que hacen peligrar su continuidad en el
poder. Y es que parece que desde el gobierno del norte no ven con buenos ojos
la reelección de JOH, lo que podría dificultar considerablemente sus
posibilidades de lograr un triunfo electoral. A esto se suma el proceso de
desarticulación por parte del gobierno de Estados Unidos del cartel de los
Cachiros, organización que ha resultado tener múltiples vínculos con el Partido
Nacional y que parecen revelar un patrón sistemático de colusión entre el
gobierno y el crimen organizado. Ya en 2011, el asesor policial Alfredo Landaverde denunciaba meses antes de ser asesinado por
policías que el gobierno estadounidense no iba a tolerar por mucho tiempo la
implicación del gobierno hondureño en el crimen organizado.
Menos claridad aún hay sobre cuál podría
ser el candidato con más posibilidades de disputarle la presidencia a JOH. Durante
2016 se ha conformado una Alianza Opositora en la que convergen los partidos
LIBRE, PAC y PINU, que todavía no tiene un candidato oficial, aunque suenan con
fuerza tanto el líder del PAC Salvador Nasralla como los líderes de LIBRE
Xiomara Castro y Manuel Zelaya. El candidato que finalmente se presente por la
Alianza seria en principio el mejor posicionado. Sin embargo, los resultados de
las elecciones primarias celebradas en marzo de 2017 han resultado en un
sorprendente y sospechoso resurgimiento del Partido Liberal, encabezado por
Luis Zelaya, un outsider de la política. La posibilidad de que Luis Zelaya
trate de romper la Alianza Opositora para presentarse junto al PAC es real,
aunque no parece lo más factible debido a que dificultaría el liderazgo de
Salvador Nasralla, muy potente en la actual Alianza. En este sentido, en los
próximos meses se irá esclareciendo el escenario de cara a los comicios, que no
excluye la posibilidad de que el propio Juan Orlando Hernández se vea obligado
a renunciar a la reelección si se muestran evidencias graves de su involucramiento
con el cartel de los Cachiros. Sin duda, estamos en un momento clave para
Honduras, donde se va a decidir si se profundiza la espiral autoritaria,
antidemocrática y corrupta en la que se ve inmersa o se lograr revertir el
proceso y se abre una nueva fase democratizante. Los asesinatos de activistas
sociales como Berta Cáceres durante estos años forman parte sin duda de la
caída en los infiernos de la sociedad hondureña, cuyas instituciones se han
sido instrumentalizadas por criminales, que no han dudado en utilizar los
métodos más violentos y corruptos para hacer valer sus intereses.En publico.es
