Publicado en Rebelion.org
El pasado 1 de septiembre de 2025, el presidente estadounidense Donald Trump escandalizó a la comunidad internacional al atacar una lancha procedente de Venezuela que supuestamente transportaba drogas con destino a Estados Unidos y en la que fueron asesinadas 11 personas. Desde entonces, Trump ha bombardeado otras 30 lanchas, ejecutando a más de 100 personas. Sin pruebas, sin juicio, sin garantía alguna. Estas ejecuciones extrajudiciales, realizadas contraviniendo el derecho internacional, han ido acompañadas de un discurso amenazante, en el que Trump ha culpado al gobierno de Venezuela, y de otros países como Colombia o México, de no ser capaces de controlar el narcotráfico. Al mismo tiempo, Trump se ha arrogado el derecho de intervenir militarmente en terceros países para atacar a los cárteles de la droga. El presidente estadounidense no ha tardado en poner en práctica sus amenazas. El 3 de enero de 2026, lanzó un operativo militar en Venezuela en el que fueron bombardeadas diversas infraestructuras civiles y militares, al tiempo que un comando armado dirigido por la CIA secuestró al presidente venezolano Nicolas Maduro. Tras el ataque, que causó más de 80 muertos, Maduro fue trasladado a Estados Unidos, donde enfrenta cargos de narcoterrorismo en una Corte de Nueva York. Estas acciones del gobierno estadounidense, han causado profunda preocupación en América Latina y el mundo, debido a que podrían indicar el inicio de un periodo de intervención militar estadounidense en la región, no visto desde hace décadas.
Pero ha habido otra decisión de
la Casa Blanca que ha causado profundo estupor a nivel internacional: la
coincidencia en el tiempo de la cruzada contra el narcotráfico en Venezuela con
la decisión del presidente Trump del pasado 28 de noviembre de 2025 de otorgar
el perdón presidencial al ex presidente hondureño Juan Orlando Hernández.
Hernández fue condenado en junio de 2024 a 45 años de prisión por delitos de
narcotráfico y tráfico de armas por la Corte del Distrito Sur de Nueva York (el
mismo tribunal en el que se va a juzgar al presidente venezolano Nicolás Maduro,
que, de hecho, está detenido en la misma cárcel en la que estuvo recluido el ex
presidente de Honduras). El perdón presidencial se produjo tan solo dos días
antes de las elecciones de Honduras, en las que el gobernante Partido Libre (de
izquierda), se enfrentaba a dos partidos de derecha: el Partido Liberal y el
Partido Nacional. Trump liberó a Juan Orlando Hernández antes de la votación, alegando
que había sido condenado en un proceso injusto, al tiempo que pedía el voto por
Nasry Asfura, candidatado del partido del expresidente Hernández. Para
completar su habitual actitud injerencista en comicios de terceros países,
Trump afirmó que, si no ganaba el candidato del partido de Hernández, Estados
Unidos retiraría cualquier forma de apoyo económico a Honduras. Tras un turbio
proceso electoral, rodeado de irregularidades, fue declarado ganador el derechista
Nasry Asfura. Gracias en parte al apoyo de Trump, Honduras, que vivió una
década de narco violencia bajo la hegemonía política de Juan Orlando Hernández,
volvió a caer en las manos de un Partido Nacional altamente penetrado por el
crimen organizado. En este caso la lucha contra el narcotráfico no parece la
prioridad.
Los motivos por los que Trump
decidió indultar a Juan Orlando Hernández son difíciles de descifrar. Es
probable que considera al exmandatario y a su partido como la mejor apuesta
para frenar a la izquierda en Honduras. Lo que resulta inverosímil es creer que
Trump considere a Hernández verdaderamente inocente. Durante los juicios en
Estados Unidos al ex mandatario y personas de entorno (el de su hermano Juan
Antonio “Tony” Hernández, el del jefe de policía Juan Carlos “Tigre” Bonilla…),
el Departamento de Justicia presentó pruebas y testimonios que revelaron una
trama criminal iniciada en 2009, bajo la presidencia de Pepe Lobo y llegaron
hasta la salida del poder de Hernández en 2020. Durante este periodo, el poder
ejecutivo de Honduras patrocinó una ruta de narcotráfico, que movió 500.000
kilos de cocaína sudamericana con el apoyo de militares, policías, alcaldes y
diputados oficialistas. Se hizo público que el hermano del presidente marcaba
los paquetes
de la droga con sus iniciales (TH), al tiempo que participaba en la
planeación de asesinatos de alto impacto dentro de Honduras. La DEA también demostró
la presencia de un importante narcotraficante en la Casa Presidencial de
Honduras, que fue a reunirse con el entonces presidente de Honduras e incluso un
testigo del gobierno federal afirmó que Hernández le había dicho que iba a
“meter la droga en las narices de los gringos”. Por lo demás, al tiempo que Hernández
y su entorno eran investigados en Estados Unido, los asesinatos de
narcotraficantes vinculados a su grupo y que podían contar con información
clave contra el expresidente se sucedieron. En una de esas ocasiones, se filtró
un video
de la ejecución de Magdaleno Meza, un narco detenido en una cárcel hondureña y sobre
el que se había publicado información que indicaba que iba a convertirse en
colaborador de la DEA para ofrecer información del papel de Juan Orlando
Hernández en el narcotráfico. La muerte del reo se produjo con la complicidad
del director del presidio en el que estaba encarcelado, que acompañó a Meza al
pasillo de la cárcel donde fue tiroteado y macheteado. El video del asesinato
se filtró a las pocas horas de producirse el crimen, y fue retransmitido por
todos los grandes medios de Honduras, enviando un mensaje inequívoco a la
población. Con posterioridad, fueron asesinados el director
de la cárcel, la esposa
de Magdaleno Meza y su abogado.
El sistema de narco corrupción liderado por Hernández abarcó más de una década,
incluyó a Pepe Lobo (anterior presidente de Honduras), alcaldes como Alexander
Ardón o Arnaldo Urbina Soto, ministros y decenas de diputados oficialistas.
Incluso hay una conexión de las narco-tramas de Hernández con el chavismo: su ministro
de Seguridad, Julián Pacheco Tinoco, fue acusado por un informante del
Departamento de Justicia de Estados Unidos de facilitar el uso del territorio
hondureño a los sobrinos de Nicolás Maduro, detenidos por la DEA en Haití en
2014 y condenados a 18 años de cárcel por narcotráfico. Toda esta información,
fue conociéndose desde comienzos de la presidencia de Hernández, a través de
reportes publicados por grandes medios estadounidenses (The New York Times,
Associated Press, Los Angeles Times, Miami Herald o Insight Crime) y por el
Departamento de Justicia, que no hicieron flaquear el apoyo del gobierno
estadounidense al mandatario, especialmente durante el primer gobierno de
Trump.
También tuvo un papel clave en la
revelación de toda esta estructura el trabajo de la Fiscalía del Distrito Sur
de Nueva York, dirigida por entonces por Geoffrey Berman. Este fiscal, adscrito
al Partido Republicano, fue al mismo tiempo responsable de liderar otras
investigaciones al entorno de Trump, relacionadas con la financiación irregular
de la campaña para el primer mandato del republicano. Berman, un enemigo
declarado del actual inquilino de la Casa Blanca, fue cesado en junio de 2020,
en un movimiento que se interpretó dirigido a frenar las investigaciones contra
Trump. Es probable que la animadversión a Berman haya influido en la aparente
amistad que Trump y Hernández han exhibido en los últimos años. Esta cercanía
de se hizo patente en agosto de 2019, cuando la Fiscalía del Distrito Sur de
Nueva York hizo público un documento judicial del juicio a Tony Hernández, en
la que su hermano Juan Orlando aparece identificado como co-conspirador-4
(CC-4) en el caso de narcotráfico. Al poco tiempo de conocerse este documento,
Juan Orlando viajó a Washington, donde publicó fotografías en redes sociales y sostuvo
reuniones con el Departamento de Estado, que sirvieron para rebajar el impacto
de las acusaciones vertidas en su contra por el Departamento de Justicia. Posteriormente, la relación entre Trump y
Hernández siguió siendo cordial, e incluso en abril de 2020, Trump contó a la
prensa que había conversado con Hernández, y este le había recomendado utilizar
hidroxicloroquina contra el COVID-19, remedio que Trump encomió a utilizar a
los estadounidenses. Finalmente, la solicitud de extradición de Juan Orlando
Hernández no fue recibida por Honduras hasta abril de 2022, ya con Joe Biden en
la presidencia. Con estos antecedentes, el indulto a Juan Orlando Hernández,
aunque indignante, no resulta tan sorprendente.
Por otro lado, a estas alturas el
propio Trump ha dejado clara su prioridad en Venezuela: disciplinar a una
potencia petrolera díscola, cada vez más alineada con China. Ni el retorno a la
democracia, ni la lucha contra el narcotráfico figuran entre las prioridades
expresadas por el mandatario, que asegura controlar Venezuela a través de la
chavista Delcy Rodríguez. Por el momento, se descarta un cambio de régimen en
favor de la oposición, y no se realizarán elecciones hasta que el presidente de
Estados Unidos lo considere.
En todo caso, las acusaciones de
narcotráfico contra el gobierno de Maduro son, por lo que sabemos hasta ahora,
vagas, y no existen investigaciones periodistas y judiciales que demuestren la
existencia de un sistema político cooptado por el narcotráfico como ocurría en
la Honduras de Juan Orlando Hernández. Es cierto que Venezuela es un país de
tránsito de la cocaína colombiana que viaja en dirección a Europa y Estados
Unidos, pero ni siquiera esta es la principal ruta que lleva la cocaína hacia
Estados Unidos (la que si lo hace discurre por el Océano Pacífico, desde
Sudamérica y hacia México). Para justificar sus acusaciones, el gobierno
estadounidense ha recurrido a una quimera: el “Cartel de los Soles”. Esta
denominación, comenzó a utilizarse a medidos de los años 90, antes de la
llegada del chavismo al poder, para referirse a la implicación de algunos
militares venezolanos de alta graduación en el narcotráfico. Tras años sin
saberse mucho más sobre esta supuesta organización, las autoridades
estadounidenses comenzaron a referirse a la misma de nuevo tras la llegada del
chavismo al poder, y utilizaron la utilizaron en una acusación de 2019 contra
un grupo de militares chavistas dirigidos por Hugo Carvajal. Posteriormente, el
termino ha seguido utilizándose, señalando de formar parte de esta supuesta organización
a varios dirigentes chavistas como Diosdado Cabello, aunque sin aportar
claridad en ningún momento sobre la estructura de este “cartel”. El 6 de enero,
el Departamento de Justicia retiró buena parte de las referencias al “Cartel de
los Soles” de la acusación contra Nicolás Maduro, demostrándose la falta de
claridad que hay sobre la existencia de esta organización.
Tras la acción militar del 3 de
enero (el mismo día que en 1990 Noriega se entregó a Estados Unidos tras la
invasión de Panamá), Nicolás Maduro ha sido trasladado a Nueva York, para ser
recluido en la misma cárcel en la que cumplía condena Juan Orlando Hernández.
¿Se puede esperar que la salida de Maduro del poder tenga algún impacto en las
dinámicas del narcotráfico? Probablemente no. Trump ha declarado tras el
secuestro del mandatario que a partir de ahora su gobierno va a tomar las
decisiones en Venezuela, y que habrá grandes oportunidades para las empresas
petroleras estadounidenses. También ha dejado en claro que no ha intervenido en
el país para dar el poder a la oposición y restaurar la democracia en el país,
y que permitirá a Delcy Rodríguez hacerse con el control de Venezuela siempre
que se someta las directrices de Estados Unidos.
¿Por qué Trump ha decidido
invadir Venezuela?
Es difícil saber las razones de
una medida como esta, en Estados Unidos no dudan en achacar la misma a un
intento de desviar la atención del público norteamericano sobre asuntos
internos, o incluso sobre el proceso de revelación de los documentos de
Epstein. Sin embargo, se pueden buscar las verdaderas razones de esta acción
revisando la nueva
estrategia de seguridad Nacional aprobada por Trump en noviembre de 2025.
En este documento, el asunto del narcotráfico aparece mencionado varias veces,
sobre todo como una consecuencia de la migración descontrolada, aunque no
constituye ninguna de las 5 prioridades que define. La palabra “droga” aparece
solo 3 veces en el documento, frente a las 11 veces de “migración” o las 20
veces de “energía”. El foco de la estrategia de Trump está centrado en ampliar
la influencia estadounidense en el exterior, para lograr detener la migración
masiva, asegurar el acceso a materias primas y recursos energéticos (se habla
incluso de “dominación energética”) e imponer a los aliados de Estados Unidos
la obligación de realizar mayores aportes en la gestión de los asuntos
globales. Al referirse a su política para América Latina y el Caribe, el
documento se autodefine como el “Corolario Trump” a la “Doctrina Monroe”,
dirigido a restaurar la preeminencia de Estados Unidos en el hemisferio
occidental. Las reminiscencias a esta doctrina, utilizada como justificación de
numerosas intervenciones militares y golpes de estado no deja espacio a la
interpretación: se deben esperar cambios de gobierno por la fuerza para alinear
a los países de la región con los intereses de Trump. Ya lo hemos visto en
Venezuela. La lucha contra el narcotráfico figura solo como una herramienta
clave para implementar esta agenda política, económica y militarmente
expansiva. Los objetivos en las Américas se definen claramente: limitar la
influencia de sus “competidores” en la región (léase China y Rusia) y aumentar
la presencia militar estadounidense en terceros países, incluyendo el
despliegue de la Guardia Costera y la Marina en los mares de toda la región,
así como garantizar un acceso expandido a determinados puntos estratégicos del
hemisferio occidental (¿Panamá?, ¿Groenlandia?).
De esta forma, se puede concluir
que Trump está instrumentalizando descaradamente la lucha contra el
narcotráfico para imponer su agenda a nivel local y regional. No solo eso, la
desvergüenza de la administración estadounidense llega a tal nivel, que
mientras utiliza la guerra contra las drogas para derrocar a un presidente
contrario a sus intereses, libera a un expresidente y narcotraficante convicto,
responsable de múltiples asesinatos de transportar miles de toneladas de
cocaína a su país.
¿Es la primera vez que Estados
Unidos actúa de una manera tan contradictoria dentro de su cruzada contra las
drogas?
Desde luego, el mundo no está
acostumbrado (o al menos no hasta el inicio de la segunda presidencia de Trump)
a una desfachatez de tal calibre en el manejo de la agenda antinarcóticos por
parte del gobierno de Estados Unidos. Sin embargo, vale la pena realizar un
breve análisis histórico para entender que, más allá de las formas, lo ocurrido
en las últimas semanas se encuadra en un patrón que se ha repetido
continuamente desde el lanzamiento de la guerra contra las drogas. Los ejemplos
son tantos que no caben en un artículo, pero si vale la pena hacer referencia a
algunos de los casos más sonados.
El caso con el que más
paralelismos se han realizado es la invasión de Panamá y el encarcelamiento del
que era su hombre fuerte en 1990: Manuel Noriega. Igual que hoy en Venezuela,
entonces se justificó la invasión de Panamá como una misión contra el
narcoestado panameño. Si bien es cierto que Noriega había convertido a su país
en un gran centro de lavado de activos del narcotráfico y en un centro
logístico y refugio seguro para narcotraficantes colombianos, no parece que la
intervención militar fuera dirigida a poner fin a esta dinámica, sino más bien
a deshacerse de un socio incomodo, que había demostrado hacer un doble juego
durante el conflicto centroamericano en los años 80. Prueba del poco interés de
los estadounidenses en poner fin a la influencia del narco en Panamá la
constituye el hecho de que el gobierno nombrado tras la caída de Noriega,
juramentado en la base militar estadounidense de Fort Clayton, escogió como
fiscal general de la república a Rogelio Cruz, miembro del consejo de
administración del First Interamericas Bank, banco panameño propiedad de
Gilberto Rodríguez Orejuela, líder del Cartel de Cali. Cruz tuvo que renunciar años
después, cuando se supo que como fiscal había descongelado varias cuentas
del Cartel de Cali. Tras la caída de Noriega, el papel
de Panamá en el lavado de activos para el narcotráfico aumentó no disminuyó,
sin que Estados Unidos mostrase preocupación alguna. Por lo demás, hoy sabemos
que Noriega fue un agente a sueldo de la CIA durante décadas y que Estados
Unidos vio con buenos ojos su llegada al poder en Panamá tras la sospechosa
muerte del nacionalista Omar Torrijos, a pesar de que el
gobierno estadounidense contaba con información que vinculaba a Noriega con el
narcotráfico desde los años 70.
Este tipo de actitud del gobierno
norteamericano viene produciéndose desde los inicios de la guerra contra las
drogas. Tras la II Guerra Mundial, la CIA no dudó en apoyarse en la Francia
liberada en un clan criminal de origen corso liderado por los hermanos
Guerini. Estos mafiosos recibieron carta blanca para convertir Marsella en
el mayor centro de producción de heroína del mundo, a cambio de reprimir a la
izquierda en la ciudad portuaria y colaborar en la caída del alcalde comunista
electo tras la II Guerra Mundial. De la actividad del clan Guerini surgió una
gran trama de narcotráfico, conocida como “Conexión Francesa”, que alió a los
corsos con Cosa Nostra de Sicilia y Norteamérica para garantizar un flujo de
heroína estable a la costa este de Estados Unidos. Las conexiones políticas de
esta trama fueron innumerables. La
propia Cosa Nostra siciliana tuvo un papel clave en la represión del movimiento
comunista en Italia, y logró incrustarse con fuerza en el sistema político
de su país, una vez más con el beneplácito del gobierno norteamericano. Del
otro lado del charco, Cosa Nostra norteamericana también mantuvo relaciones con
el gobierno estadounidense. Lucky Luciano, uno de los principales cabecillas
del tráfico de heroína en Estados Unidos antes de la II Guerra Mundial, fue
liberado de la cárcel tras el conflicto y deportado a Italia por los servicios
que prestó durante la guerra al gobierno norteamericano. Poco después,
estableció su base de operaciones en la Cuba de Batista, donde el juego, la
prostitución y el tráfico de drogas se convirtieron en el motor económico de la
isla.
En los años 60, con Estados
Unidos metido de lleno en la Guerra de Vietnam, las contradicciones de la
política antinarcóticos se hicieron aún más evidentes. Durante este conflicto,
que tuvo importantes ramificaciones en Laos, Tailandia o Myanmar, una buena
parte de los aliados militares estadounidenses tuvieron un rol clave en el
desarrollo de la producción de opio y heroína en la región. El investigador
estadounidense Alfred McCoy, reveló en su obra “The politics of heroin in
Southest Asia” muchos aspectos de esta trama. Según este autor, en Laos, el
líder militar Ouane Rattikone y el paramilitar Vang
Pao, ambos firmes aliados de Estados Unidos, se enriquecieron y financiaron
su esfuerzo bélico contra los comunistas con el dinero de la droga. En ambos
casos la aerolínea Air America, propiedad de la CIA, facilitó la logística de
las operaciones de narcotráfico de los lideres anticomunistas, transportando
armas y drogas desde las montañas hasta ciudades costeras del sudeste asiático.
Estos actores, junto con algunas unidades militares del Kuomintang desplegadas de
forma irregular en Myanmar y Tailandia, así como altos cargos del gobierno de
Vietnam del sur (Nguyễn Văn Thiệu, Nguyễn Cao Kỳ o Trần Thiện Khiêm), llegaron
a conformar una macroestructura criminal, que convirtió a la región en una de
las mayores productoras de opio y heroína de la época. El éxito de esta empresa
fue total y para finales de los años 60, las tropas estadounidenses en Vietnam
tenían un acceso tan fácil y barato a la heroína que se produjo una epidemia de
drogadicción entre los soldados. La degradación de la moral y la corrupción fue
tal que incluso un grupo de criminales logró enviar heroína desde Vietnam del
Sur a Estados Unidos en los ataúdes de los soldados muertos en combate. Tras el
fin del conflicto, nunca se abrió juicio contra los grandes beneficiarios del
narcotráfico en la contienda, aunque investigaciones tan lúcidas como la de
Alfred McCoy ya habían revelado sus nombres y acciones. El líder paramilitar
laosiano Vang Pao, uno de los mayores beneficiados por el tráfico de drogas durante
la guerra, se exilió en California durante los años 70, donde residió hasta su
muerte en 2011. Nunca fue juzgado por su pasado como narcotraficante.
La revolución cubana de 1959
provocó también una importante sacudida en el mundo criminal estadounidense, ya
que la isla caribeña se había convertido en refugio y plataforma logística para
las actividades de Cosa Nostra estadounidense durante la dictadura de Batista.
Tras la caída del dictador, importantes figuras de la mafia como Santo
Trafficante Jr se asentaron en Florida, donde continuaron con sus actividades,
al tiempo que se convertían en piezas clave de la lucha contra el régimen de
Fidel Castro. Trafficante Jr estuvo involucrado en varios
planes organizados por la CIA para asesinar al líder cubano, y logró mantenerse
en libertad hasta su fallecimiento en 1987. En el ínterin, fue señalado como
uno de los autores intelectuales del asesinato de Kennedy, y como participe en
acuerdos de narcotráfico en Vietnam y Costa Rica. Su organización fue el
paraguas en el que miembros de Cosa Nostra y cubanos anticastristas con
vínculos criminales comenzaron a llevar una droga hasta entonces relativamente
desconocida en Estados Unidos, pero muy popular en la Cuba de Batista: la
cocaína.
Ya en los años 70, con un consumo
de cocaína al alza en Estados Unidos, se produjo un aumento drástico del
cultivo de coca y producción de cocaína en Sudamérica. Este crecimiento fue liderado por
Bolivia, gobernada por el firme aliado estadounidense Hugo Banzer, que
llegó al poder tras un golpe
de estado en 1971 financiado por narcotraficantes como Roberto Suarez. Durante
la dictadura de Banzer, según Los Angeles Times, la participación de los
militares en el negocio de la droga pasó de consistir en “sobornos aislados a
convertirse en beneficios multimillonarios”. Estados Unidos no tuvo queja
alguna contra el dictador boliviano, firme en la lucha contra el comunismo. A
principios de los 80, se produjo un nuevo golpe de estado en Bolivia,
financiado por los narcotraficantes y conocido como “golpe de la cocaína”.
Según Michael Levine, agente de la DEA responsable de Bolivia durante los 70,
meses antes de la narco-asonada, avisó personalmente a sus superiores de la
inminencia de un cambio de gobierno que llevaría a los narcotraficantes al
poder en el país andino. Según Levine, tras informar sobre estos hechos fue
inmediatamente trasladado a Estados Unidos, donde se le abrió un procedimiento
disciplinario que acabó arruinando su carrera como agente antinarcóticos. El
golpe sirvió para frenar la llegada de la izquierda al gobierno boliviano. En
su libro “La Guerra Falsa”, Levine narra muchos otros detalles del caso, que
deja en muy mal lugar al trabajo de la DEA.
Similares situaciones se dieron en el Paraguay
de Stroessner, que convirtió su país en un punto de tránsito de heroína, de la mano
de militares y policías del régimen, al tiempo que se convertía en
referente anticomunista a nivel mundial de la mano de su socio, Estados Unidos.
En Jamaica, la violencia política contra la izquierda gobernante a finales de
los 70, fue financiada por el dinero de la droga, sumiendo al país en una
violencia endémica que sigue afectando a la isla caribeña en nuestros días.
Aunque diversos informes
apuntan a que esta violencia fue ejercida por grupos criminales como la Shower
Posse en favor de la derecha jamaicana, Estados Unidos nunca cuestionó al líder
derechista jamaicano Edward Seaga. A pesar de que estas bandas jamaicanas
fueran responsables de traficar una parte importante de las drogas que entraban a Estados
Unidos durante la época.
Ya en los 80, con la Guerra Fría
desbocada en Centroamérica, Estados Unidos vivió sus contradicciones más
profundas. La operación ilegal que el gobierno de Ronald Regan lanzó para
financiar a la contra nicaragüense, acabó convirtiéndose en una oportunidad de
oro para narcotraficantes de todo el hemisferio occidental, que pasaron de
simples delincuentes, a integrarse en mayor o menor medida en el esfuerzo
bélico estadounidense contra los sandinistas. Tal y como reveló la comisión de
investigación sobre el Irán Contra dirigida por John Kerry, el gobierno
estadounidense entregó cientos de miles
de dólares a varios narcotraficantes, como el hondureño Juan Ramon Matta,
para que usasen sus flotas de aviones para transportar armas a la contra nicaragüense
(disfrazada de ayuda humanitaria). Esta decisión se tomó a pesar de que había
constancia del historial delictivo de hombres como Matta, Michael Palmer o
Floyd Carlton y que se contaba con información que certificaba que los aviones
utilizados para transportar armamento a los contras eran también usados para
llevar drogas a los Estados Unidos. Otro caso fue el de Barry Seal, un
narcotraficante estadounidense al que se permitió continuar su actividad a
cambio de servir como piloto para el suministro de armas a la contra. Según
diversos reportes, Seal
transportó drogas desde Centroamérica y Colombia hasta Mena, Arkansas, sin ser
perseguido por ello. Por lo demás, Seal fue utilizado como topo en el Cártel
de Medellín, y participó en un montaje
con el que Oliver North pretendió vincular al gobierno sandinista con Pablo
Escobar. Para ello, Seal realizó unas fotografías con una cámara oculta en
su avión, en las que se ve descargar drogas de la aeronave a Pablo Escobar,
junto con el que se presentó como un supuesto alto cargo sandinista, Federico
Vaugh. Por la publicación de las mencionadas fotos, Seal fue asesinado en
Estados Unidos a manos de sicarios del Cártel de Medellín. Por lo demás, una
comisión de investigación del Congreso estadounidense calificó toda la
operación, así como las acusaciones contra los sandinistas, de un engaño
urdido por Oliver North, y se estableció que en realidad Federico Vaughn era un
agente estadounidense. Las narco-conexiones no terminaron ahí. Según
denunció el agente de la DEA Celerino Castillo III, un hangar utilizado por
la CIA en el aeropuerto de Ilopango (San Salvador) para operaciones logísticas
de la contra, dirigido por el agente cubano americano Félix Rodríguez, fue un
espacio seguro utilizado por traficantes de drogas para sus operaciones. Según
el agente de la DEA, cuando trató de investigar el caso se encontró con un “muro
de resistencia” institucional.
El mismo Félix Rodríguez fue
posteriormente acusado de haber participado en la sesión de tortura que
precedió al asesinato del agente de la DEA en México Kiki Camarena. La versión
oficial de esta muerte de Camarena es que se debió a que el agente había
afectado los intereses del narcotraficante Rafael Caro Quintero. Sin embargo, Héctor
Berrellez, agente de la DEA encargado de investigar su asesinato, ha señalado
en múltiples ocasiones que la verdadera razón del crimen contra Camarena fue
que descubrió la implicación de destacados miembros del Cártel de Guadalajara
(el predecesor del Cártel de Sinaloa) en la financiación y entrenamiento de la
Contra nicaragüense. Berrellez también afirma que Félix Rodríguez fue el responsable
de la tortura y asesinato del agente de la DEA. Por lo demás, Ramon Milian Rodríguez,
un cubano considerado como el contable del Cártel de Medellín, declaró haber
entregado 10
millones de dólares de los narcos colombianos al propio Félix Rodríguez
para financiar a la contra. El omnipresente Félix Rodríguez también tuvo un
papel en la gestión de ARDE, el frente sur de la contra, desplegado en Costa
Rica, y que fue manejado directamente por el agente de la CIA tras expulsar al nicaragüense
Edén Pastora del control de la milicia paramilitar. Pues bien, cuando Rodríguez
tomó el control de ARDE puso a su cabeza a un conocido terrorista y
narcotraficante anticastrista: Frank Castro, quien según la propia
CIA montó un narco-laboratorio en Costa Rica. Al mismo tiempo, en
California, los activistas antisandinistas Norwin Meneses y Danilo Blandón
actuaron con amplia impunidad, inundando Los Ángeles de crack, al asociarse con
el traficante local “Freeway” Rick Ross, y colaborando a extender la epidemia
de consumo de esta droga. Por los delitos cometidos, Meneses
nunca fue condenado y Blandón pasó muy poco tiempo en prisión, al colaborar
con la justicia para apresar a Rick Ross, el último en la cadena de suministro
de la droga y sin conexiones políticas. Cuando el periodista Gary Webb sacó a
la luz este caso, la congresista demócrata Maxine
Waters exigió responsabilidades a la CIA por la ola de muerte y violencia
que generó la llegada del crack a South Central Los Ángeles. La CIA elaboró un informe
en el que reconoció trabajar con numerosos criminales, aunque negó la
existencia de un plan del gobierno de Estados Unidos para introducir drogas en
el país o destruir las comunidades afroamericanas.
Mientras, en Honduras, varios militares
cercanos al gobierno estadounidense como Leónidas Torres Arias, trabajaban al
mismo tiempo para el narcotraficante Juan Ramón Matta. Tal vez el caso mas
paradigmático del apoyo que Estados Unidos dio a los narco-militares de
Honduras es el de José Bueso Rosa. Este hombre fue acusado de participar en un
complot de 1984 para asesinar al presidente hondureño Roberto Suazo Córdova,
con dinero proveniente del trafico de cocaína. Aunque inicialmente fue
condenado a varios años de cárcel, Bueso Rosa salió de prisión en menos de 3
años, tras las presiones
realizadas por Oliver North, que consideraba que el militar hondureño
podría llegar a hacer revelaciones explosivas sobre el Irán-Contra.
El caso del embajador de Estados
Unidos en Colombia, Lewis Tambs, también sirve para comprender las verdaderas
motivaciones de la guerra contra las drogas. Como Embajador en Colombia, Tambs
empujó con fuerza al estado colombiano a enfrentar a los narcotraficantes, y
llegó a acuñar el termino “narcoterrorismo”, para tratar de establecer un
vínculo entre las FARC y el mega-laboratorio de drogas del Cártel de Medellín
denominado “Tranquilandia”. Sin embargo, tras su salida del país andino fue
destinado como Embajador en Costa Rica, donde fue declarado persona
non grata, y debió salir del país acusado de favorecer las actividades del
narcotráfico en Centroamérica y en relación al Irán Contra.
Ya en el siglo XXI, la política
antidrogas de la primera potencia mundial siguió siendo profundamente
contradictoria. El Plan
Colombia, un proyecto de ayuda militar masiva, que fue acompañado de la
creación de numerosas bases militares norteamericanas en este país, ha sido
presentado como un rotundo éxito en la política de interdicción de drogas
estadounidense. Esto a pesar de que, a su cierre en 2016, la producción de
cocaína en el país había crecido, pasando de 622 toneladas métricas en 2000, a
772 toneladas el año en el que este programa concluyo formalmente. En lo que si
tuvo éxito el Plan Colombia fue en acorralar a la guerrilla de las FARC, a la
que Estados Unidos responsabilizaba del narcotráfico en el país andino. La
ejecución del plan también sirvió para fortalecer al paramilitarismo
colombiano, organizado alrededor de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
Este grupo, que tuvo un papel fundamental en la lucha contra las FARC, estuvo
constituido por terratenientes y narcotraficantes, y logró
incrustarse con fuerza en el sistema político colombiano durante la
aplicación del Plan Colombia, generando graves problemas a la gobernanza del
país. El concepto de parapolítica saltó a la actualidad social en Colombia
cuando se descubrió que los narco-paramilitares habían conseguido infiltrarse
en varios partidos políticos, controlando alcaldías, diputaciones y
gobernaciones por todo el país. Durante
la aplicación del Plan Colombia, los narco-paramilitares de las AUC trabajaban
mano a mano con el ejercito colombiano, con quien compartían inteligencia y
objetivos militares. La ayuda estadounidense fue clave para lograr que este
grupo irregular hiciese retroceder a las FARC con tanto éxito. Una vez más, el
tráfico de drogas se estimó como un objetivo secundario.
Los casos referidos en este articulo
son solo algunos de numerosos ejemplos de las profundas contradicciones de la
guerra contra las drogas. En realidad, qué podía esperarse de una política
lanzada por una figura como Richard Nixon, un político corrupto y mentiroso,
con documentados
vínculos con el crimen organizado. La DEA, una creación de Nixon, estuvo
desde su origen rodeada de polémica. De hecho, John Bartels, su primer director,
tuvo que renunciar al poco de tomar el cargo, tras ser acusado
de frenar investigaciones sobre corrupción dentro de la agencia. Con estos
antecedentes, no es de extrañar que pasase casi inadvertida la noticia de que Nicholas
Palmeri, jefe de la DEA en México, renunció recientemente a su cargo, tras
conocerse que se
reunía con los abogados de los grandes narcotraficantes latinoamericanos en los
Cayos de Florida. El propio congreso estadounidense ha puesto en duda la transparencia
con la que la DEA maneja fondos del gobierno federal, que utiliza sin
rendir las cuentas legalmente previstas para oscuras operaciones de lavado de
activos que supuestamente sirven en la lucha contra el narcotráfico. En años
recientes, en México se ha puesto en duda la idoneidad de las decisiones de
esta agencia, tras lamentables sucesos como la masacre
de Allende, que provocó cientos de muertos para conseguir que la DEA
localizase a un líder del cartel de los Zetas. Sin duda, la lucha contra los
narcóticos sigue siendo una importante herramienta para presionar a gobiernos
extranjeros, y en los últimos años se ha podido constatar como la agencia
realiza investigaciones prospectivas contra lideres incomodos como Andrés
Manuel López Obrador, para tratar de desacreditarlos y eliminarlos del mapa
político.
Desde su lanzamiento, la guerra
contra las drogas ha sido una política contraproducente, que ha asolado a
decenas de países como Colombia, México, Honduras o Afganistán. En estos y
otros lugares, un narcotráfico cada vez más empoderado y violento ha provocado
cientos de miles de muertos, ha alimentado guerras y ha causado una
descomposición política y social que no permite el avance de una agenda de
justicia social, democracia y derechos humanos. Por tratarse de una política
altamente instrumentalizada por su principal valedor, Estados Unidos, ha sido
además un foco de inestabilidad, y una de las causas del aumento del militarismo
y la escalada armamentística en el mundo. No sorprende pues, que una política
como la guerra contra las drogas esté siendo instrumentalizada por Trump para
derrumbar el orden internacional vigente desde el fin de la II Guerra Mundial.
La principal diferencia entre Trump y sus predecesores es el desparpajo, grosería
y actitud provocadora con la que el presidente avanza sus propios intereses,
aunque los medios sigan siendo los mismos a los que Estados Unidos nos ha
tenido acostumbrados durante décadas. ¿Hasta cuando el mundo se plegará a esta
política criminal, inhumana y autodestructiva?
