El próximo domingo 28 de noviembre, Honduras se
juega su futuro. Ese día, se celebran unas elecciones generales que pueden llevar
a la apertura de una nueva fase histórica en la nación centroamericana o hundirla
todavía más en el denso lodazal al que cayó tras el golpe de Estado de 2009.
Doce años después de aquella vergonzosa asonada político militar, el país vive
sumido en la pobreza, la corrupción y la violencia, y es gobernado por un grupo
de narcotraficantes sanguinarios y políticamente ineptos.
El actual presidente, Juan Orlando Hernández,
ha logrado aferrarse durante ocho años al poder, a pesar de que la reelección
está expresamente prohibida en la constitución de Honduras, al fracaso político
y social de sus gobiernos, así como a los señalamientos contra él y su entorno por
estar involucrado en el narcotráfico. Ha sido por boca de los fiscales del
Departamento de Justicia de Estados Unidos y de algunas de las principales
figuras del narcotráfico en Honduras y la región, que se han hecho públicos en
varios procesos judiciales en el vecino país del norte que el Partido Nacional,
el Presidente Hernández, su hermano, varios ministros, decenas de diputados y jefes
militares y policiales han participado de forma activa en el tráfico internacional de cocaína.
También ha quedado evidenciado en esos juicios que el fuerte aumento de la
violencia que se produjo con la llegada al poder de los nacionalistas en 2010,
se debió a las luchas encarnizadas entre grupos de narcotraficantes, cuyo
objetivo fue la consolidación del grupo criminal vinculado al gobierno. Por el
camino fueron asesinados miles de hondureños, incluyendo figuras clave de la
lucha contra el narcotráfico como Alfredo Landaverde, se produjo una de las mayores masacres carcelarias de la historia (359 muertos), el país llegó a
tener la mayor tasa de homicidios del mundo y se produjeron varios estallidos
sociales, incluyendo el desatado tras el ilegal y
fraudulento proceso electoral de 2017, que provocó decenas de muertos en las calles.
En aquella ocasión, se pudieron documentar contundentes pruebas de la
realización de fraude electoral, certificadas entre otros actores por la Misión de Observaciones Electoral de
la Organización de Estados Americanos, que llegó a solicitar que se repitiesen
las elecciones.
Por lo demás, el fracaso del gobierno es
notable. Honduras se sitúa en 2021 como el país más pobre de América Latina y
el Caribe, con un 74% de la población bajo la
línea de la pobreza.
Las condiciones de vida en Honduras se han degradado de tal manera que la única
opción para miles de personas es la huida en búsqueda de mejores condiciones de
vida. El torrente migratorio ha sufrido tal aumento, que ha atraído en varias
ocasiones el foco mediático internacional, primero con la crisis de los niños migrantes no
acompañados de 2016,
y después con las caravanas de migrantes a partir de 2018. Además, el país
se ha visto azotado en el último año por los huracanes Eta e Iota, y por la
pandemia del COVID 19. Frente a estas emergencias el gobierno ha seguido
mostrándose como una maquinaria corrupta e insensible. Entre los desfalcos más
recientes figuran la compra de varios hospitales móviles por más de 47
millones de dólares
para atender a las víctimas del COVID 19, que han sido entregados con
escandaloso retraso y que se han mostrado totalmente ineficientes, además de
haber sido adquiridos a precios muy superiores a los de mercado. Este escándalo
podría considerase el colofón de una larga trama de corrupción que han
protagonizado los políticos nacionalistas dentro del sistema de salud desde su
llegada al poder, y del que han drenado cientos de millones de dólares, habiendo incluso llegado a adquirir
pastillas rellenas de harina
haciéndolas pasar por medicamentos.
En estas próximas elecciones, existen fundados
temores de que se vuelvan a producir graves irregularidades que puedan
desembocar en una crisis política como la de 2017. El ambiente es de máxima
polarización política y social. Las tumultuosas elecciones generales de 2017,
supusieron la consolidación de la maquinaria clientelar del Presidente
Hernández y el Partido Nacional. Esta maquinaria ha sido sin lugar a dudas
engrasada y fortalecida durante los últimos cuatro años para tratar de revertir
el aumento del caudal electoral de la oposición.
Sin embargo, no todo es favorable al partido
del gobierno: la correlación de fuerzas es diferente de la de hace cuatro años.
Por un lado, el Partido Nacional ya no cuenta con un líder con la fuerza
aglutinadora y corruptora del actual presidente Hernández. Su candidato, Nasry
Asfura, actual capital de Tegucigalpa, muestra un liderazgo débil y subordinado
a Juan Orlando. Por otro lado, la oposición se presenta más unida y fortalecida
que nunca. La principal candidata es Xiomara Castro, del izquierdista Partido
Libertad y Refundación (esposa del ex presidente Manuel Zelaya, derrocado en el
golpe de 20009). Xiomara se presenta en coalición con diversas fuerzas y
figuras políticas, incluyendo al ex candidato presidencial Salvador Nasralla (virtual
ganador de las elecciones de 2017), el pequeño partido socialdemócrata PINU-SD
y la plataforma independiente liderada por el periodista Milton Benítez, que
dirige un medio de comunicación en Internet convertido en fenómeno de masas en
Honduras.
Además de lo anterior existe otro factor clave,
que puede inclinar la balanza de una forma contundente en favor de Xiomara
Castro: la actitud de los votantes del Partido Liberal. Y es que el tercer
partido del país se encuentra fuertemente dividido, debido a que buena parte de
los votantes urbanos y de clase media rechazan al candidato presidencial de su
partido, el banquero Yani Rosenthal. Este sujeto acaba de ser liberado tras
cumplir una condena de prisión por blanqueo de
capitales para el narcotráfico en Estados Unidos. La repulsa de buena parte de las bases
electorales hacia este candidato puede llevar a que acaben apoyando la
candidatura de Xiomara, a pesar de no compartir buena parte de sus valores políticos.
El hecho de que figuras de primer nivel del Partido Liberal, como el ex presidenciable
Luis Zelaya o el alcalde Choluteca Quintín Soriano, estén mostrando su apoyo a
la candidatura de Xiomara Castro para tratar de sacar a los nacionalistas del
poder, puede inclinar la balanza electoral tan a favor de la candidata de
LIBRE, que el gobierno no logre revertir los resultados de las urnas con su
maquinaria corrupta.
Por supuesto, el gobierno da muestras de estar poniendo
a punto esta maquinaria clientelar corrupta. En las últimas semanas se han
aprobado fondos millonarios para diferentes programas sociales, que, como es habitual, serán
utilizados para movilizar a la red de activistas del partido y acarrear y
comprar el voto de cientos de miles de personas desesperadas. Pero desde el punto
de vista técnico el gobierno no las tiene todas consigo. En los últimos cuatro
años, y debido a la presión interna e internacional, se han producido varios
cambios en el sistema de gestión electoral que sin duda servirán para
restringir las posibilidades del fraude. Entre ellas está la elaboración de un
nuevo censo electoral en 2021, del que se han eliminado 500,000 personas que habiendo
fallecido todavía figuraban en el censo anterior (en 2017 se habló mucho de los
muertos que salían de la tumba para ir a votar). También se ha limitado la
entrega de credenciales electorales a los partidos más pequeños, conocidos como
partidos de maletín, que generaron un obsceno tráfico de las mismas en las
elecciones de 2017, cuando fueron utilizadas para manipular los resultados
electorales en las mesas de votación mediante anulaciones masivas de votos de
la oposición, alteración de actas y otras triquiñuelas. Por último, en esta
ocasión el Partido Libertad y Refundación sí ha sido incluido en los organismos
clave de la gestión de los comicios: el Consejo Nacional Electoral, el Registro
Nacional de las Personas y el Tribunal de Justicia Electoral, con lo cual la
posibilidad de que se produzcan irregularidades en el nivel central del proceso
también se ven reducidas. Además, diversas encuestas dan una ventaja holgada a Xiomara Castro frente a Nasry
Asfura, aunque existen temores de que pueda ocurrir algo que finalmente impida
su llegada al poder. Como dato preocupante, a menos de dos semanas de la
celebración de los comicios se ha producido un repunte de la violencia política, habiéndose contabilizado el
asesinato de 6 personas vinculadas a la política en menos de 24 horas.
Esta situación política de excepcional
degradación genera un escenario de gran riesgo e incertidumbre para Honduras.
Romper con un sistema político altamente corrupto es una urgencia, ya que, si
llegase a consolidarse la situación actual, Honduras podría verse abocada a un
proceso de degradación todavía mayor y del que difícilmente lograría
recuperarse en el medio o largo plazo. El ejemplo del que Honduras debe tomar
nota es el de Haití, donde tras 20 años de golpes de estado, procesos
electorales fraudulentos y desastres naturales, el Estado se ha convertido en
una cáscara vacía que sólo sirve para canalizar fondos en manos de los que lo
gestionan, y en el que el poder real es ejercido públicamente por milicias
armadas de carácter mafioso que imponen su ley en las calles. Esta puede ser la
última oportunidad para Honduras, en unos días sabremos hacia dónde va su
destino.
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