Javier San Vicente Maeztu
Activista en defensa de los derechos humanos
Activista en defensa de los derechos humanos
El 26 de noviembre se celebró un proceso electoral en Honduras del que, pasada una semana, todavía no se conocen resultados definitivos. A nivel presidencial, las elecciones enfrentaban al actual presidente Juan Orlando Hernandez JOH, del derechista Partido Nacional con Salvador Nasralla, de la Alianza Opositora contra la Dictadura, que reúne sectores de la izquierda y el centro políticos. El ambiente político en el que se realizó la votación fue de altísima polarización, alimentada por la candidatura a la reelección de Juan Orlando, considerada ilegal e inconstitucional por amplios sectores.
La lentitud en el escrutinio de votos por parte del Tribunal Supremo Electoral, sumado a las dudas sobre la limpieza de los comicios, provocó que la tensión estallase a mediados de la semana siguiente a las elecciones. Y es que el sistema de conteo no ofreció resultados hasta pasadas más de 10 horas de cerradas las urnas, dando en su primer reporte una ventaja de 5% al candidato Nasralla. Posteriormente el sistema se detuvo, se “cayó”, y cuando volvió a funcionar la tendencia se revirtió, dando ventaja a Juan Orlando Hernandez.
Ante esta situación, la oposición denunció una operación de fraude electoral en marcha. Se produjeron revueltas por todo el país, seguidas de una fuerte represión protagonizada por militares y policías. Según organizaciones defensoras de los derechos humanos, para el sábado 4 de diciembre ya se contabilizaban al menos 14 personas fallecidas y decenas de heridos.
El ambiente insurreccional derivó el viernes hacia acciones de saqueo y destrucción de negocios. El estado de Honduras había perdido el control sobre la situación. Esa misma noche, el gobierno anunciaba la suspensión de garantías constitucionales y se decretaba un toque de queda de 6 pm a 6 am durante 10 días. A partir de este anuncio, militares y policías redoblaron la brutalidad de la represión, atacando con bala viva a personas desarmadas por el mero hecho de encontrarse en la calle.
Para comprender las causas profundas de esta crisis hay que remontarse a lo ocurrido el 28 de junio de 2009, cuando el entonces presidente Manuel Zelaya Rosales fue derrocado mediante un golpe de estado cívico-militar. Entonces, los mismos sectores que hoy apoyan la reelección de Juan Orlando justificaron la asonada aduciendo que Zelaya había violentado la constitución al iniciar un proceso de consulta para convocar una asamblea nacional constituyente en la que, hipotéticamente, se daría luz verde a la reelección presidencial. En opinión de Wilfredo Mendez, Director Ejecutivo del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (CIPRODEH), “desde 2009 el pueblo hondureño tuvo un despertar en su conciencia política extraordinario”.
De esta manera, el golpe de Estado supuso el principio del fin de un sistema bipartidista y corrupto, permitiendo la entrada en política de amplios sectores de la sociedad hondureña hasta entonces totalmente excluidos del sistema político. Según Mendez, “en las elecciones de 2013 la sociedad hondureña rompió con un bipartidismo de más de 100 años”, al votar masivamente por dos nuevos partidos que acabarían uniéndose en la Alianza Opositora contra la Dictadura en 2017: Partido Libertad y Refundación (LIBRE) y Partido Anticorrupción (PAC), en unos comicios que también estuvieron marcados por las denuncias de fraude y robo de elecciones en contra de LIBRE, que según datos oficial se convirtió en el segundo partido más votado.
La llegada de Juan Orlando Hernández a la presidencia en 2014 frustró de esta forma las ansias de cambio de una buena parte de los hondureños. Para Méndez, “Juan Orlando Hernandez gobernaba ya desde la presidencia del Congreso Nacional en la legislatura de Porfirio Lobo (2009-2013)”, con lo que su llegada a la jefatura del estado fue la culminación de una estrategia muy bien calculada e implementada. Los cuatro años de su presidencia han estado marcados por una degradación de la vida política del país, en los que la corrupción, la opacidad y la concentración de poder alrededor del presidente han sido notorios.
En este contexto, se han producido múltiples revelaciones sobre los nexos entre dirigentes del Partido Nacional y el crimen organizado. Varios alcaldes nacionalistas fueron acusados de narcotráfico, algunos están fugados, otros presos y otros fueron extraditados. Además, un importante narcotraficante hondureño ha realizado acusaciones directas ante una corte federal de Nueva York en la que implica en el tráfico de cocaína al anterior presidente del país Porfirio Lobo, a su hijo, al Secretario de Seguridad de Juan Orlando, al alcalde de San Pedro Sula y a varios dirigentes del Partido Nacional cercanos al presidente. Además, este criminal acusó al hermano de Hernández de haber recibido dinero de su organización criminal para intermediar con el gobierno y de haber conspirado junto a otros narcotraficantes para atentar contra la vida del ex embajador de Estados Unidos en Honduras James Nealon. Ninguna de estas revelaciones ha tenido consecuencia alguna, y la mayor parte de los acusados se mantienen en puestos de poder dentro del Estado y el Partido Nacional.
Durante estos años también se han revelado múltiples escándalos de corrupción. El más paradigmático lo constituye el desfalco del Instituto Hondureño del Seguro Social (IHSS), en el que el propio presidente ha reconocido que una parte de los fondos sustraídos fueron utilizados en su campaña electoral de 2013. En el marco de este caso llegó a descubrirse que un laboratorio farmacéutico vinculado a una vicepresidenta del Congreso Nacional había venido al IHSS pastillas compuestas de harina haciéndolas pasar por medicinas y cuya utilización habría causado la muerte de al menos tres mil personas. Al mismo tiempo que la líder nacionalista cumplía arresto domiciliario en su casa a la espera de sentencia, uno de los testigos protegidos del caso sufrió un atentado del que sobrevivió milagrosamente.
La concentración de poderes del Estado ha sido otra de las estrategias de JOH. Durante estos años el presidente logró renovar a todos los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, en un proceso que acabó en una oleada de transfuguismo entre los partidos de oposición, en el que 13 diputados de LIBRE y el PAC abandonaron la disciplina de partido para dar su voto para la creación de una corte suprema a medida del presidente. Para lograr consolidar el control sobre el resto de poderes del Estado se creó un organismo denominado Consejo de Defensa y Seguridad, en el que según Méndez el presidente logró “tener sometida a la Corte Suprema de Justicia, al Congreso, al Ministerio Público (fiscalía) y otras instituciones”. Como colofón a este proceso en 2013 se creó una nueva unidad del Ejercito denominada Policía Militar de Orden Público, que según Mendez constituye “una fuerza pretoriana a su disposición para obedecer ciegamente a su estructura de poder”, y que ha tenido un papel muy destacado en la represión de las protestas tras las elecciones.
La opacidad ha sido otra de las características del gobierno, que incluso aprobó una legislación que le ha permitido ocultar información sobre el desempeño de las principales instituciones del Estado, incluyendo las encargadas de organizar el actual proceso electoral. Además, en el manejo de fondos públicos se han generalizado prácticas de dudosa legalidad, como la constitución de fideicomisos para el manejo de programas sociales, cuya fiscalización quedó al margen de los mecanismos establecidos por la ley y que podría haber permitido la sustracción de grandes sumas de recursos públicos.
Se podrían mencionar otros muchos aspectos de la gestión de JOH que han generado un gran rechazo entre la sociedad hondureña, como las violaciones de los derechos humanos, la falta de representación de los partidos opositores en los entes garantes de los procesos electorales o los nulos resultados en la lucha contra la pobreza y la desigualdad. Pero sin duda el punto que más controversia ha causado entre la población ha sido el proceso por el cual el candidato-presidente ha logrado anular los artículos constitucionales que prohibían la reelección presidencial y presentarse como candidato. El primer acto de este proceso tuvo lugar en el Congreso Nacional, en el que, tal como se comentó anteriormente, se dio una autentica oleada de transfuguismo entre los partidos opositores, que permitió la conformación de una corte suprema a la medida del presidente. Posteriormente, el expresidente nacionalista Rafael Leonardo Callejas interpuso un recurso ante la sala constitucional de la Corte para solicitar la anulación de los artículos constitucionales que impedían la reelección, alegando que los mismos vulneraban derechos fundamentales de los expresidentes. La Corte le dio la razón. Mientras la sociedad hondureña asistía perpleja a esta situación, la maquinaria nacionalista se alistaba para lanzar un proceso electoral liderado por Juan Orlando en el que no hubiese posibilidad de derrota.
Según Gerardo Torres, Director Internacional de la Alianza de Oposición, la falta de credibilidad en el proceso electoral es total, a tal punto que “nunca en la historia reciente del país se dieron tantas protestas como en este momento”, lo cual pondría de manifiesto “el profundo rechazo de los hondureños hacia Juan Orlando Hernandez y sus políticas”. Según Wilfredo Mendez, “es el despertar de la conciencia colectiva de los hondureños lo que ha impedido al TSE imponer un fraude que se había venido fraguando desde hace mucho tiempo, la movilización en las calles ha sido extraordinaria, aunque ha tenido que pagarse con vidas”. Continúa comentando que “si Juan Orlando se impone a base de fraude, las violaciones a los derechos humanos se van a incrementar. La prueba clara es este toque de queda con suspensión de garantías constitucionales, que JOH en su afán de imponerse estableció el viernes, y bajo cuya vigencia se ha asesinado, agredido y detenido a personas”.
Al caer la tarde del lunes 4 de diciembre, entraban en huelga de brazos caídos decenas de batallones de la policía antimotines y la Policía Nacional Civil de Honduras, negándose a continuar reprimiendo a la población y calificando de dictador a Juan Orlando. La posibilidad de que se produzcan enfrentamientos entre efectivos policías y militares ensombrece todavía más el ambiente en el país. Mientras las tensiones siguen en aumento, el TSE ha tenido que aceptar a instancia de las Misiones de Observación Electoral de la Unión Europea y de la Organización de Estados Americanos el conteo de más de 5,000 actas electorales, tal como solicitaba la Alianza Opositora. Desde la Alianza, no dudan que este conteo dará la victoria a Salvador Nasralla.
A pesar de la incertidumbre del momento, Wilfredo Mendez no puede dejar de ver con optimismo el futuro de Honduras. “La conciencia del pueblo hondureño se ha fortalecido. Existe un liderazgo juvenil y comunitario que se ha desarrollado mucho en los últimos años. Tenemos esperanza como país”. Tras los eventos de los últimos días, surgen razonables dudas sobre la capacidad de Juan Orlando Hernandez para dirigir un país en el que causa tanta animadversión, y en el que se han aliado en su contra amplios sectores políticos y sociales, que incluyen a todo el espectro de la izquierda, pero también a sectores centristas, y empresariales.
El temor a que un fraude electoral permita al actual mandatario Juan Orlando Hernandez reelegirse como presidente, sumado a la lentitud y falta de transparencia del Tribunal Supremo Electoral (TSE) en la transmisión de resultados de las elecciones del 26 de noviembre generaron un clima de tensión que explotó 4 días después de la celebración de los comicios. A las barricadas en las calles y barrios de ciudades como Tegucigalpa o San Pedro Sula, las dos ciudades más grandes de Honduras, se sumaron posteriormente tomas de puentes y carreteras en las principales vías del país. El estado hondureño, que parece haber perdido el control de la situación, respondió lanzando a militares y policías a las calles y reprimiendo con dureza las protestas. Desde horas de la mañana del jueves se reportaba el uso de gases lacrimógenos contra los manifestantes en varios puntos de la capital, y al pasar las horas iban aumentando las denuncias por el uso de bala viva contra los manifestantes. Algunos de los videos que circulaban a través de redes sociales mostraban escenas más propias de un conflicto armado, en las que se podía observar a decenas de efectivos de las fuerzas armadas disparando armamento de guerra durante el desalojo de manifestantes en el caribeño departamento de Colón. En Tegucigalpa, la situación de mayor gravedad se produjo en el popular barrio de El Pedregal, donde se reportó un muerto y varios heridos de bala, incluyendo un niño de 12 años. Situaciones de violencia se reportaron en diversos puntos del país. Según el recuento de la Alianza Opositora, a la medianoche del jueves ya se contabilizaban 250 tomas en todo el país, en las que la represión habría causado al menos 3 muertos y decenas de heridos. El país quedaba paralizado por las protestas.
Pero las dudas sobre la limpieza de los comicios van mucho más allá del papel del TSE. El hecho que la convocatoria electoral se realizase con base en un censo electoral no depurado en años, y en el que según la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea de 2013 había un 30% de personas fallecidas o migradas, provoca suspicacias acerca de la posibilidad de que se estuviese “resucitando” a los muertos para votar. También produce gran recelo la participación en las elecciones de 6 pequeños partidos sin base electoral, a los que se entregó un gran número de credenciales de mesas electorales, las cuales se sospecha fueron vendidas al Partido Nacional para dominar las votaciones a la hora del conteo de votos. El manejo opaco de varios impuestos y programas sociales que ha caracterizado al gobierno de Hernandez genera también dudas sobre las posibilidades de que se estuviese utilizando fondos públicos para comprar votos en favor del Partido Nacional.