El sistema democrático hondureño se desmorona. Desde hace más de una
década, el pueblo hondureño ha vivido un proceso progresivo de penetración de
la corrupción y el crimen organizado en la institucionalidad pública, que ha
afectado a todos los poderes del Estado.
Los escasos contrapesos con que contaba el sistema han ido cayendo uno
tras otro hasta configurarse el actual estado de las cosas. El trabajo
realizado por UFECIC/MACCIH es la última barrera que los corruptos deben
franquear para lograr garantizar su total impunidad. En los próximos días se
decidirá la permanencia en el país de la MACCIH y con ella la propia
supervivencia de la UFECIC.
El actual régimen se cimienta en un esquema de concentración del poder
en la figura presidencial, que no es posible entender sin examinar el proceso
de degradación de la vida parlamentaria hondureña. En este contexto, se puede
decir que en los últimos años se ha producido una fuerte cooptación de la vida
parlamentaria por diferentes redes de corrupción, en la que los conflictos de
intereses, la malversación de fondos públicos, el transfuguismo y la
penetración del narcotráfico han marcado el devenir del Congreso Nacional.
En los últimos años, se cuentan por decenas los diputados vinculados con
actos de corrupción. Según declaraciones de Juan Jiménez Mayor, ex vocero de la
MACCIH, en 2018 existía en Honduras una red de diputados corruptos que podría
haber alcanzado a 140 miembros del Congreso Nacional (el total de miembros del
congreso son 128 titulares y 128 suplentes). Esto supondría hablar de la mayor
parte de los miembros del Congreso. Por otra parte, la penetración del crimen
organizado en el Congreso Nacional es también evidente. La condena del exdiputado Tony Hernández, el
pasado octubre en Nueva York, reveló los vínculos de numerosos miembros del
Congreso con el narcotráfico. Esta investigación ha identificado que solo en
las filas del gobernante Partido Nacional y entre miembros actuales del
Congreso Nacional hay 11 diputados relacionados con el crimen
organizado. Entre ellos destacan prominentes operadores políticos del partido
como el propio Mauricio Oliva, actual presidente del Congreso Nacional, David
Chávez, Mario Pérez, Juan Carlos Valenzuela, Oscar Ramon Nájera, Milton Puerto
y Rodolfo Irias Navas.
La Ley Orgánica del Poder Legislativo y la figura del Presidente del
Congreso
Los graves obstáculos para una labor legislativa transparente y
democrática comienzan con la deficiente regulación del propio Congreso. Fue
hasta el 2014 cuando se aprobó la Ley Orgánica del Poder Legislativo, ley que
se caracteriza por sus múltiples lagunas y deficiencias. Esta ley dota al
Presidente del Congreso de una serie de facultades que impiden el desarrollo
democrático de la actividad legislativa. Entre otras cosas el Presidente del
Congreso decide el orden del día de todas las sesiones parlamentarias.
Según Fátima Mena, excongresista del Partido Anticorrupción «esto supone
que cualquier proyecto de ley o contrato presentado al Congreso solo será
discutido y votado si el presidente así lo decide», de esta forma, un solo
diputado cuenta con una capacidad total para bloquear iniciativas políticas. El
presidente también tiene la potestad de nombrar a los miembros de las
comisiones del Congreso, decidir sobre la asignación de fondos materiales y
locales para el ejercicio de la labor parlamentaria, incluso puede decidir qué diputado suplente puede
votar ante la ausencia de un titular. Según Gerardo Torres, miembro del Partido
Libertad y Refundación, esta arbitrariedad coloca en una posición muy ventajosa
al presidente del Congreso, ya que le otorga una herramienta de presión
política antidemocrática que puede ser utilizada para condicionar el sentido
del voto de los diputados.
La importancia política de la figura del presidente del Congreso fue
evidenciada en el juicio por narcotráfico contra Tony Hernández. En este
proceso judicial, el exalcalde y narcotraficante Alexander Ardón, admitió haber sobornado en 2010, y por encargo de Juan
Orlando Hernández, a 3 diputados de Copán para que votaran a favor de la candidatura
del actual presidente de la república a la presidencia del Congreso. De esta
forma y en una fecha tan cercana al golpe de Estado de 2009, se daba
lanzamiento a un proceso de degradación de la vida parlamentaria en el que de
forma progresiva se fue fortaleciendo el control autoritario y antidemocrático
del Poder Legislativo.
«Pacto de Gobernabilidad»
Durante la legislatura de 2010-2014 se fueron poniendo los cimientos
para un nuevo ciclo político caracterizado por el ejercicio hegemónico del
poder por parte del Partido Nacional y de Juan Orlando Hernández. Uno de los
pasos fundamentales para afianzar este nuevo orden fue el establecimiento de un
«pacto de gobernabilidad» entre las bancadas nacionalista y liberal. Dicho
pacto, se produjo a inicios de 2014 y fue escenificado a través del
nombramiento de Mauricio Oliva como presidente del Congreso.
Según el excandidato presidencial por el Partido Liberal Luis Zelaya,
este nombramiento se produjo «en contra de lo acordado el 18
de enero de 2014, en una reunión de alcaldes liberales en el Lago de Yojoa, en
el que participaron miembros del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal
y el excandidato presidencial Mauricio Villeda». En esa reunión se decidió que
el Partido Liberal propondría un candidato para presidir el Congreso Nacional,
que contaría con el apoyo de los partidos emergentes LIBRE y PAC, con los que
sumaban mayoría. Sin embargo y según Luis Zelaya, «el expresidente Carlos
Flores Facussé intervino en un momento posterior para evitar el nombramiento de
un liberal como presidente del Congreso». Finalmente, el 25 de enero de 2014
Mauricio Oliva fue nombrado en el cargo con los votos de la bancada liberal.
Las razones que llevaron al Partido Liberal a declinar la presidencia
del Congreso son desconocidas. Lo que sí sabemos hoy es que, por esas fechas,
destacados miembros del Partido Liberal recibieron fondos públicos del gobierno
nacionalista en el marco del Caso Pandora. Según la investigación presentada
por MACCIH/UFECIC, el Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal recibió
100 millones de lempiras de fondos sustraídos a la Secretaría de Agricultura
para financiar su campaña electoral de 2013. Además, también se acusó de haber
recibido fondos a destacados líderes del partido como Elvin Santos o el
entonces candidato presidencial Mauricio Villeda. De manera reciente se ha
conocido que el diputado liberal Fredy Nájera (preso en Estados Unidos por
narcotráfico) afirmó en una conversación telefónica interceptada por la DEA que
Mauricio Oliva entregó 60 millones de lempiras a diputados liberales para que
votaran por él como nuevo presidente del Congreso Nacional.
La Diarrea Legislativa
Una vez que el Congreso quedó bajo el control del oficialismo, la
degradación de la vida parlamentaria fue en aumento. Días después del
nombramiento de Oliva, en enero de 2014 el bipartidismo aprobó en el Congreso
Nacional 80 decretos y 20 leyes. Con esta acción inaudita, el Congreso Nacional
superó toda la producción legislativa de los años 2012 y 2013 en cuestión de
días, aprobando una serie de medidas que sin duda no fueron discutidas y probablemente
ni siquiera votadas en el hemiciclo.
Esta monumental ilegalidad, conocida popularmente como la «diarrea
legislativa», sobre la cual varios diputados presentaron una denuncia ante el
Ministerio Público, denominándola como el «robo parlamentario del siglo», fue
clave para introducir un nuevo patrón en la vida parlamentaria, basado en la
falta de transparencia, los conflictos de intereses y el tráfico de favores
entre miembros del Congreso.
Entre las normas aprobadas se incluye la conocida Ley de Secretos, que en adelante cerraría los
principales mecanismos ciudadanos para exigir cuentas al estado. Además, se
aprobó una nueva Ley de la ENEE, a la que se endosó la aprobación de decenas de
licencias de explotación de recursos naturales que vinieron a agravar la
agónica situación que atravesaba la Empresa Nacional de Energía Eléctrica.
Entre las empresas beneficiadas destaca la sociedad «Inversiones La Aurora»,
mencionada en 50 ocasiones en el decreto de aprobación de la Ley de la ENEE. Esta empresa está controlada por
la actual vicepresidenta del Congreso Gladis Aurora Lopez (su esposo es el representante
legal), con lo cual se patenta la ilegalidad de la actuación del Congreso ya
que los diputados no pueden ser contratistas del Estado.
La elección de una nueva Corte Suprema de Justicia en 2016
En los años siguientes continuaron sucediéndose los escándalos en el
Congreso Nacional. El más sonado de todos fue el proceso de nombramiento de
nuevas autoridades de la Corte Suprema de Justicia a inicios de 2016. En aquel
proceso, el oficialismo presentó una propuesta de 15 magistrados, pactados entre
nacionalistas y liberales, que eligieron a 8 y 7 magistrados respectivamente.
Esta propuesta fue votada el 26 de enero, sin alcanzar el mínimo de votos
favorables para su aprobación. En un sistema democrático lo lógico hubiese sido
la apertura de un proceso de negociación con el resto de fuerzas políticas para
alcanzar un consenso. No fue el caso.
En las siguientes semanas la misma nómina de candidatos fue presentada
en sucesivas ocasiones hasta que se logró su aprobación. En el proceso, 8
diputados de LIBRE y 4 del PAC acabaron cambiando el sentido de su voto y
terminaron apoyando la nómina propuesta, desobedeciendo las instrucciones de la
dirección de ambos partidos, y generando una fuerte crisis interna en ambas
instituciones políticas. De esta forma, el presidente Juan Orlando Hernández
lograba su principal objetivo de la legislatura: nombrar una Corte Suprema a su
medida, que diese vía libre a su reelección en 2017.
Para lograr los votos necesarios, desde la presidencia del Congreso se
aprovecharon las lagunas existentes en la Ley de la Corte Suprema de Justicia.
Así, se reglamentó que el voto de los diputados iba a ser secreto, con el
objetivo de impedir que se conociera la identidad de los diputados que votarían
en contra de la disciplina de partido. Sin embargo, la llamada a realizar un voto público por
parte de las autoridades de LIBRE y PAC permitió identificar a los diputados
que cambiaron su parecer y acabaron votando por los candidatos propuestos por
el Partido Nacional.
Según Gerardo Torres, en este proceso «se fue ofreciendo a los diputados
de LIBRE, cada vez más dinero por cambiar su voto. En los primeros días pagaron
5 millones a cada diputado, pero a los últimos en cambiar su voto les pagaron
20 millones de lempiras». Torres afirma que LIBRE tiene pruebas de estos hechos
y que en su momento el partido presentó una denuncia en el Ministerio Público
que a la fecha sigue engavetada. En el caso del PAC, la crisis desatada tras
esta votación tuvo consecuencias mucho más graves, pues acabó provocando que el
partido se dividiera y terminara en manos de un sector disidente encabezado por
Marlene Alvarenga. Esta líder arrebató el control del partido a Salvador
Nasralla a través de un polémico proceso de primarias en el que solo participó
ella, y que fue avalado por la justicia electoral oficialista. Según Fátima
Mena, el Partido Nacional logró el voto disidente de 4 diputados de su partido
a través de acciones de chantaje, como por ejemplo, en el caso de la entonces
diputada Marlene Alvarenga, que fue chantajeada por ser esposa de un expolicía
depurado con vínculos con el
cartel de los Cachiros.
En otros casos como el de Ana Joselina Fortín, su voto podría haber ido
acompañado de promesas de participación política que posteriormente se verían
materializadas en su candidatura (infructuosa) a una diputación por el Partido
Nacional en las elecciones de 2017.
En la actualidad, y gracias a la presentación de los casos «Red de diputados» y «Arca abierta» por MACCIH/UFECIC, sabemos
que en los meses anteriores al nombramiento de la Corte Suprema en 2016,
diputados oficialistas y opositores tuvieron acceso a fondos públicos aprobados
desde la presidencia de la república. Dichos fondos provenían al menos de dos
fuentes: el Fondo de Desarrollo Departamental y la Institución 449.
Según Fátima Mena, en aquel contexto «el Fondo de Desarrollo
Departamental fue utilizado como uno de los mecanismos de compra de votos de
diputados de la oposición». Gracias al caso «Arca abierta» hoy sabemos que
fondos originados en la Institución 449 fueron entregados a varios diputados
del Partido Nacional, Unificación Democrática y LIBRE con la aprobación del
presidente de la república Juan Orlando Hernández, presuntamente estos
diputados se apropiaron de los recursos públicos.
La Institución 449 es un fondo manejado
por la presidencia de la república con escasa supervisión y como se puede
comprobar, con un alto potencial para ser utilizado como moneda de cambio para
favores políticos. Creado en 2002, en el marco de la Estrategia de Reducción de
la Pobreza, su presupuesto pasó de 200 millones de lempiras en 2014 a 11,450
millones de lempiras en 2018. Según diversas investigaciones, existe todo un
entramado de ONG´s dirigidas por diputados,
que son utilizadas para sustraer fondos públicos provenientes del Estado. La
entrega de fondos a estas organizaciones ha puesto en la mira de MACCIH/UFECIC
a diputados de todos los partidos, incluyendo al propio Mauricio Oliva.
El panorama dentro del Congreso Nacional es desalentador. El marcado
aumento del transfuguismo, las sospechas generalizadas de compra de votos de
congresistas, los conflictos de intereses manifiestos de los miembros del
congreso y el tráfico de influencias denotan un escenario en el que un gran
número de miembros del Poder Legislativo no representan opciones políticas
genuinas independientemente del partido al que representen, sino intereses
particulares. En este contexto, existe una estrategia permanente desde hace más
de 4 años para garantizar la impunidad por los actos de corrupción cometidos
por miembros del Poder Legislativo.
Abundan las acciones en el marco de esta estrategia, como la aprobación
de la inmunidad parlamentaria y la reactivación del fondo de desarrollo
departamental el pasado octubre. Ambos decretos van dirigidos a sostener un
sistema que facilita el intercambio de favores, el conflicto de intereses y la
impunidad en el Congreso Nacional. Y no constituyen un hecho aislado, ya que
son la continuación de los esfuerzos de un amplio sector de diputados por
enriquecerse y blindarse frente a acciones penales por delitos que hayan podido
cometer.
Entre los antecedentes a esta acción se puede mencionar la publicación
de un texto adulterado de la Ley de Presupuesto de 2017,
que permitió la liberación de los acusados en el caso «Red de
diputados», la interposición de un recurso de inconstitucionalidad contra el convenio
de la MACCIH y la aprobación de un nuevo código penal con penas reducidas para los
delitos de corrupción. En los últimos días, las bancadas del Partido Nacional
han aprobado una reforma a la Ley de Tribunal Superior Cuentas, que no es más
que el enésimo intento de bloquear todas las investigaciones de corrupción en
curso.
En este contexto, el trabajo de MACCIH/UFECIC ha sido fundamental para
revelar la existencia de la dinámica descrita en esta investigación. Es
evidente que, co mo consecuencia de su labor, existe una fuerte presión desde
el Legislativo para no renovar el mandato de la MACCIH, que podría abandonar el
país en enero de 2020. En los próximos días el ejecutivo de Juan Orlando
Hernández decidirá si renueva la misión, la transforma en otra cosa o la
cierra. La presión ciudadana y de la comunidad internacional al respecto será
clave para lograr su mantenimiento.
La situación política en Honduras es insostenible.
El pasado 18 de octubre, la Corte del Distrito Sur de Nueva York declaró culpable a Juan Antonio
“Tony” Hernández de
los delitos de conspiración para importar cocaína a los Estados Unidos,
posesión de armas y dispositivos destructivos, conspiración para posesión de
armas y perjurio. En la acusación presentada por la fiscalía
federal, se señaló
como co conspiradores de “Tony” Hernández a su hermano Juan Orlando Hernández,
actual Presidente de la República de Honduras, al ex Presidente Porfirio Lobo,
al Ministro de Energía y a varios policías y narcotraficantes centroamericanos.
Durante la celebración del juicio fueron además señalados por sus vínculos con
el crimen organizado un buen número de altos cargos del gobierno, como el
actual Ministro de Seguridad Julián Pacheco (señalado en otros dos juicos más), el Secretario de Gobernación Ebal Diaz (una especie de vicepresidente),
varios exministros, y diversos diputados.
Los hechos imputados por la fiscalía a “Tony”
Hernández y sus co conspiradores son de la máxima gravedad. Según lo afirmado durante
el juicio, Tony Hernández fue un narcotraficante de alto nivel que tuvo a su
servicio a lapolicía y el Ejército
hondureño y que en el apogeo de su poder llegó a marcar los paquetes de cocaína con
sus iniciales: “TH”.
Uno de los testigos del caso afirmó literalmente que el acusado “era el tipo de
persona que mandaba a matar cualquiera que no le parecía”. Además, “Tony”,
conocido popularmente como TH, fue acusado de ser intermediario entre narcotraficantes
y el gobierno de Juan Orlando Hernandez y Porfirio Lobo. En nombre de ambos
mandatarios, recibió sobornos de los narcos a cambio de protección para sus
actividades delictivas y promesas de impunidad. Los fondos recibidos fueron
utilizados para financiar las campañas electorales del gobernante Partido
Nacional en 2009, 2013 y 2017. Con la protección otorgada, los narcotraficantes
que han declarado en el juicio a TH han confesado haber cometido 152 asesinatos en total. Entre los crímenes admitidos, destacan el
asesinato de figuras clave de la lucha contra el narcotráfico como los zares
antidrogas Alfredo Landaverde y Julián Arístides González y el fiscal
anticorrupción Orlan Chávez, además de varios periodistas. Según la la fiscalía
federal, “el acusado (TH) y sus co conspiradores (que incluyen al presidente
Hernández) incurrieron en estas conductas (narcotráfico) para enriquecerse
personalmente, financiar campañas de candidatos del Partido Nacional (…) y para
mantener y ampliar su poder y posición política en Honduras”. De esta forma, el
proceso contra “Tony” Hernández se ha convertido en un enjuiciamiento público
contra el sistema político hondureño y contra el Presidente Juan Orlando
Hernández.
Para encontrar el origen del proceso de
degradación sociopolítica de Honduras hay que remontarse a lo ocurrido hace una
década. El 28 de junio de 2009, se produjo en Honduras un golpe de estado
contra el presidente Manuel Zelaya, entonces miembro del Partido Liberal. La
justificación de este golpe fue la cercanía de Zelaya con el chavismo y su
hipotético deseo de reelegirse. Tras la asonada, Honduras entró en un periodo
de hegemonía política del Partido Nacional, fortalecido por la implosión de su
tradicional rival, el Partido Liberal, fracturado como consecuencia del golpe. A
partir de ese momento, los sucesivos gobiernos de Porfirio Lobo y Juan Orlando
Hernández iniciaron una reconfiguración de la institucionalidad hondureña a la
medida de sus intereses. La división de poderes fue anulada mediante la
creación del Consejo Nacional de Seguridad y
Defensa en 2011,
que supuso la subordinación de los poderes legislativo y judicial al poder
ejecutivo. En 2013, se aprobó una Ley de Secretos que hizo virtualmente imposible el monitoreo ciudadano de
la función pública.
Pero la gran apuesta de Juan Orlando fue la remilitarización y securitización del estado. En este marco, el gobierno
realizó una profunda reconfiguración interna de las Fuerzas Armadas y la
Policía Nacional, logrando así que los puesto claves quedasen en manos de
personas de la máxima confianza del Presidente Juan Orlando Hernández.
Durante esta década, el pueblo hondureño ha
padecido los peores niveles de violencia en la historia del país, en el marco
de las luchas intestinas del narcotráfico por hacerse con la principal ruta de la cocaína de
Sudamérica hacia Estados Unidos. En 2012, en pleno apogeo de la influencia del narcotráfico en Honduras,
el país ostentó el primer puesto a nivel mundial en
tasa de homicidios.
Las violaciones a los Derechos Humanos también han sido una constante en este
periodo, incluyendo crímenes de alto impacto a nivel internacional, como el
asesinato de la líder indígena, feminista y defensora del territorio Berta
Cáceres. David Castillo, principal acusado por este asesinato,
es socio del Cártel de los Cachiros, una de las redes criminales que fue supuestamente
protegida por el gobierno hondureño. Además de este caso, centenares de
defensores de los derechos humanos, ambientalistas, periodistas y opositores
han sido asesinados en Honduras en la última década.
A pesar de este panorama convulso, el actual
Presidente de Honduras Juan Orlando Hernández (JOH) permanece en el cargo,
aunque con un alto grado de ilegitimidad. El grito “Fuera JOH” resuena desde hace varios años por
todos los rincones del país. El juicio y condena a su hermano TH, ha sido solo
el colofón de una cuestionada presidencia, financiada por múltiples tramas de corrupción y por el narcotráfico. Hernandez
logró reelegirse en 2017 violando lo dispuesto en la
constitución hondureña (que prohíbe la reelección), a través de un proceso electoral altamente
cuestionado (la Misión de Observación Electoral de la
Organización de Estados Americanos llegó a pedir la repetición de los comicios) y que generó una oleada de
protestas que se saldaron con más de 30 muertos. Desde la consumación del fraude
electoral de 2017, el país vive en un estado de crisis política y social
permanente. Las protestas callejeras, reprimidas con violencia por Ejercito y
Policía, han sido una constante desde entonces.
Tras la sentencia contra Tony Hernández,
Honduras vive en un ambiente de tensión contenida. Se han producido protestas
aisladas pidiendo la renuncia del presidente, reprimidas con la habitual
violencia. Sin embargo, a la fecha no se ha producido un levantamiento multitudinario
como el visto tras los comicios fraudulentos de 2017 o a principios de 2019,
cuando se produjeron masivas movilizaciones contra los proyectos del gobierno
de privatizar los sectores de salud y educación. Por lo demás, el Presidente
Hernández cuenta todavía con aliados poderosos. El principal es el gobierno de
Donald Trump, más interesado en imponer a los gobiernos centroamericanos
regulaciones anti derechos en materia migratoria que en cualquier otra
consideración. La firma el pasado septiembre de un acuerdo de tercer país seguro entre Honduras y Estados Unidos,
que permitirá a Trump deportar solicitantes de asilo a suelo hondureño, es una
garantía para del apoyo estadounidense a Hernández en el corto plazo. La
conocida como guerra las drogas es una vez mas retratada como una pantomima. La
Unión Europea no se ha pronunciado sobre la situación en el país. En el plano
interno, la red clientelar en la que se apoya el gobernante tiene una base con
la suficiente amplitud como para garantizar su continuidad. Especialmente
importante será el papel de las Fuerzas Armadas, que hasta ahora han respaldado
a Hernández. Tras la condena de TH, el gobierno destituyó de forma abrupta a varios
coroneles del Ejercito, con lo cual la lealtad de la actual cúpula militar parece estar
garantizada.
De esta forma, las perspectivas en Honduras son
sombrías. La sociedad hondureña está exhausta tras años de protestas reprimidas
a sangre y fuego, y en la que los disparos a la cabeza contra los manifestantes
han sido la norma. Por otro lado, una oposición dividida y desgastada no es
capaz de aglutinar las fuerzas existentes. El futuro cercano es altamente
imprevisible. Lo único garantizado es que el Presidente Hernández no abandonará
el poder voluntariamente.
Desde el pasado 2 de octubre se celebra en Nueva York un juicio en el que se acusa a Juan Antonio “Tony” Hernández, hermano del actual presidente de Honduras Juan Orlando Hernández, de los delitos de narcotráfico, tráfico de armas, y perjurio. En el juicio también están involucrados como co-conspiradores Juan Orlando Hernández – JOH (actual presidente), Porfirio Lobo (ex Presidente de Honduras 2010-14), Roberto Ordoñez (actual Ministro de Energía), varios policías de alta graduación y un grupo de narcotraficantes. Durante el juicio varios narcotraficantes han dado su testimonio sobre el caso, confirmando un clamoroso rumor que ha recorrido Honduras los últimos 10 años: que, tras el golpe de Estado de 2009, el narcotráfico capturó la institucionalidad hondureña.
Y es que de lo escuchando en este juicio se desprende que Tony Hernández era uno de los cabecillas de una violenta organización criminal, que tuvo a su servicio al Estado hondureño. Según un testigo del caso, el narco guatemalteco Josué Chang Monroy, Tony era “el tipo de persona que mandaba a matar cualquiera que no le parecía”. El mismo narco declaró que Tony era el criminal más peligroso que conoció en su vida, ya que ningún otro narco era hermano de un Presidente en activo, ni contaba con toda una policía y ejército a su servicio. Pero fue esta misma sensación de impunidad la que llevo a Tony a su perdición. Según la Fiscalía su soberbia llegó a tal grado que en varias ocasiones selló los paquetes de cocaína que traficaba con sus propias iniciales: TH. Además, cometió muchos errores que le llevaron a realizar acciones contrarias a sus intereses. Según lo dicho en el juicio, el cartel de los Valle Valle trató en varias ocasiones de embaucar a Tony para obtener información sensible sobre su hermano Juan Orlando, que permitiese consumar un plan de magnicidio que habían urdido. Según el narcotraficante Devis Leonel Rivera Maradiaga, el complot para asesinar a Juan Orlando se originó en que el presidente había incumplido su acuerdo de protección con los Valle y no contestaba a sus llamadas.
Las pruebas que la Fiscalía ha presentado contra Tony son abundantes y evidencian la total impunidad con la que los acusados conducían sus negocios ilícitos. Entre estas pruebas, destaca las confesiones de cuatro cabecillas del narcotráfico en la región, que afirmaron que Tony y sus co-conspiradores recibieron múltiples sobornos de diferentes narcos a cambio de dar protección a sus actividades criminales y en las que se detallan la participación del acusado en el tráfico de miles de kilos de cocaína hacia Estados Unidos. La Fiscalía también presentó como prueba una libreta que fue incautada a un narcotraficante hondureño, en la que se detallaban diversos sobornos en favor de Tony y su hermano Juan Orlando Hernández. Pero sin duda, las pruebas que mayor peso podrían tener contra el acusado son 2 grabaciones: un video del interrogatorio que un agente de la DEA realizó a Tony Hernández el mismo día de su detención en Miami, en el cual el mismo, Tony reconoce haber mantenido estrechas relaciones de amistad con los más importantes narcotraficantes de Honduras y conocer de sus actividades ilícitas; y otra grabación realizada de manera oculta por el narco Devis Leonel Rivera Maradiaga, convertido en colaborador encubierto de la DEA, en la que negocia el pago de un soborno a Tony Hernández.
Según la Fiscalía, los sobornos recibidos del narcotráfico por los gobiernos de Juan Orlando Hernández y Porfirio Lobo, habrían servido para financiar las campañas políticas de 2009, 2013 y 2017. Los narcos que entregaron estos sobornos han confesado haber cometido al menos 152 asesinatos, incluyendo a figuras clave de la lucha contra el narcotráfico como los zares antidrogas Alfredo Landaverde y Julián Arístides González, o el “fiscal de oro” Orlan Chávez. También han reconocido el asesinato de periodistas como Aníbal Barrow y Nahum Palacios, y han reconocido ser responsables incluso de muertes colaterales como la de una niña de 3 años. Todo ello mientras el gobierno protegía sus actividades y garantizaba su impunidad. Adicionalmente, el propio Tony Hernández está acusado de ordenar personalmente 2 asesinatos, uno de ellos ejecutado por un ex director de la policía. Más allá de esta cifra, las víctimas causadas por los grupos criminales involucrados en el caso probablemente alcancen decenas de miles solo en Honduras.
Las implicaciones del caso superan el territorio hondureño, ya que involucran a cárteles de México, Colombia y Venezuela. La fiscalía asegura que Juan Orlando Hernández recibió un millón de dólares del Chapo Guzmán (Cártel de Sinaloa) a través de su hermano Tony, a cambio de operar en Honduras. También se refieren a intercambios con la ex guerrilla de las FARC de Colombia, y a la venta ilegal por Tony Hernández a narcotraficantes de armas sustraídas de las Fuerzas Armadas de Honduras, que acabaron en poder de los cárteles mexicanos de Sinaloa y los Caballeros Templarios.
Así, el juicio en Nueva York está confrontando a la sociedad hondureña con un hecho que ya parece incuestionable: el sistema político hondureño, ya de por si frágil, sufrió un rápido proceso de degradación tras el golpe de Estado de 2009, que llevó a Honduras al actual narcoestado de las cosas. Y es que las revelaciones del juicio contra Tony Hernández podrían ser solo la punta del iceberg de todo un conglomerado de narcoactividad que tiene atrapada a la institucionalidad hondureña. Como datos relevantes, cabe señalar que 11 de los 59 diputados del gobernante Partido Nacional han sido señalados de mantener nexos con el narcotráfico. Dentro del actual gabinete de gobierno están acusados el actual presidente Juan Orlando Hernández, el Ministro de Energía Roberto Ordoñez, el Ministro de Seguridad Julián Pacheco (mencionado en tres juicios diferentes en Estados Unidos), el Viceministro de Minas Carlos Pineda Fasquelle, el Secretario de la Presidencia Ebal Díaz y la Directora de la Lucha contra el Narcotráfico Soraya Calix (prima de un sanguinario narcotraficante hondureño que se entregó a la DEA en 2019). También se mencionan políticos de los partidos opositores. En el Partido Liberal destacan figuras de la talla de los exdiputados Fredy Nájera o Midence Oquelí Turcios, quien supuestamente se encargaba de dar formación militar a los sicarios del narcotráfico. En el Partido Libertad y Refundación es paradigmático el caso del alcalde de Tocoa Adan Fúnez, vinculado en múltiples ocasiones al Cartel de los Cachiros, lo que no ha limitado que permanezca en el cargo hasta ahora.
Con el paso de los años, el golpe de Estado contra el gobierno de Manuel Zelaya en 2009 va tomando un cariz todavía más siniestro. Esta asonada ya no será recordada simplemente como el primer golpe de Estado del Siglo XXI contra un gobierno progresista en América Latina. A la luz de las últimas revelaciones, deberá ser recordado como un narcogolpe que sumió a Honduras en una ola de violencia sin precedentes (en 2012 Honduras fue el país con la mayor tasa de homicidios del mundo). Tras él, los narcos se despedazaron unos a otros para controlar la lucrativa ruta de la cocaína. Durante estos años, el estado se convirtió en un arma fundamental para ganar esta guerra.
En la actualidad, el presidente Hernández se aferra al poder y niega todas las acusaciones, atribuyendo todo a una conspiración de delincuentes resentidos por la ejemplar labor de lucha contra el narcotráfico de su administración. A pesar de la abrumadora evidencia de su colusión con el crimen organizado, el presidente no está solo. Al menos hasta la fecha, le respalda de manera incondicional su partido. Los principales medios de comunicación del país hacen lo imposible por tapar el escándalo y destacados líderes religiosos del país realizan jornadas de oración por la inocencia de Tony Hernández. La situación es un reflejo de la permeación de la criminalidad en amplios sectores de la sociedad hondureña.
A favor de la continuidad del presidente también juega la hábil instrumentalización de la institucionalidad hondureña que ha llevado a cabo el mandatario. Y es que, desde su llegada al poder en 2014, Juan Orlando ha cooptado las instituciones clave para mantenerse en el poder, como las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional o la Corte Suprema de Justicia. De esta forma, a pesar de ser percibido por la mayoría como un mandatario ilegitimo, existe un fuerte temor en Honduras a que se produzca un baño de sangre si se recrudecen las protestas contra el mandatario. El recuerdo de la cruenta represión de las protestas electorales de diciembre 2017 esta reciente en la psique colectiva. También lo están las diferentes protestas que se han producido desde entonces, y que tienen al país en un estado de crisis política económica y social permanente.
Para complicar más la situación, el actual narcoestado de las cosas en Honduras coincide con una situación atípica en el mundo: la presidencia de Donald Trump. Por lo visto hasta la fecha, parece ser que al Presidente de Estados Unidos no le interesa actuar contra Juan Orlando, al que considera un fiel aliado en la lucha contra la migración ilegal hacia Estados Unidos. Tras la firma de Juan Orlando para convertir a Honduras en un tercer país seguro al que Estados Unidos pueda deportar a solicitantes de asilo, y mientras el gobierno hondureño siga promoviendo leyes que criminalicen a los grupos que apoyan a los migrantes, Trump seguirá apoyando a Juan Orlando Hernández. El 16 de octubre, el Departamento de Estado de Estados Unidos emitía un comunicado en el que hacía público el restablecimiento de la cooperación militar con Honduras, suspendida meses atrás por los escasos resultados del país en la lucha contra la migración ilegal.
En resumen, la situación es extremadamente crítica en Honduras. Las acusaciones contra Tony Hernández y el actual gobierno son demasiado graves como para que puedan pasarse por alto. En las últimas horas se han observado movimientos de tropas inusuales y el gobierno ha dado de baja deshonrosa a varios coroneles. Las protestas pueden estallar en cualquier momento. Por otro lado, la comunidad internacional se mueve entre la defensa de intereses y la pasividad inmoral que caracteriza las relaciones diplomáticas. Las próximas semanas serán claves.
El pasado 2 de octubre inicio en Nueva York el
juicio contra Juan Antonio “Tony” Hernández, supuesto narcotraficante hondureño
y hermano del actual presidente de la República de Honduras Juan Orlando
Hernández. Durante ese primer día de juicio la fiscalía federal presentó graves
acusaciones contra Tony Hernández y su hermano Juan Orlando, incluyendo alegaciones
de que el mismismo Chapo Guzman habría entregado un millón de dólares al
presidente de Honduras a través de su hermano, a cambio de protección.
Adicionalmente, la fiscalía presentó un listado
de 85 personas que tienen algún tipo de relación con el juicio. En este listado
figuran relevantes figuras del crimen organizado a nivel latinoamericano,
políticos hondureños y miembros del sistema político estadounidense. Este
articulo pretende analizar el contenido de dicha lista, partiendo del hecho de
que se desconoce el motivo por el que cada persona está incluida en la misma.
Aunque parece altamente probable que muchas de las personas incluidas en la
lista no están involucradas en actividades criminales, vale la pena analizar el
conjunto ya que sirve como marco general para establecer los alcances y
gravedad de las acusaciones contra Juan Antonio “Tony” Hernández. El análisis
compartido a continuación no incluye a 10 de las personas de la lista, a las
que no se ha logrado identificar.
Ciudadanos
estadounidenses:
Entre los 85 nombres se ha identificado a
ciudadanos de los Honduras, Guatemala, Colombia, México y los Estados Unidos de
América.
En la lista figuran al menos 4 ciudadanos
estadounidenses. El primero es James Nealon, ex embajador de Estados Unidos en
Honduras y cuya relación con el caso es evidente ya que estuvo en el país
cuando se fraguó la conspiración enjuiciada. Su cercanía al caso se evidencia
aún más teniendo en cuenta que el Capitán de las Fuerzas Armadas de Honduras,
Santos Orellana, denunció haber sido presionado por la DEA para denunciar una
conspiración para atentar contra la vida del embajador Nealon orquestada por
Wilter Blanco y Tony Hernández, ambos sujetos piezas clave del caso.
El otro estadounidense es George Papadopoulos.
En este caso la conexión con la trama es difícil de establecer. Una búsqueda en
Google refiere que hay un George Papadopoulos que fue un ex miembro del panel
asesor en política exterior de la campaña presidencial de Donald Trump de 2016.
El 5 de octubre de 2017, Papadopoulos se declaró culpable de hacer
declaraciones falsas a agentes del FBI sobre los contactos que tuvo con el
gobierno ruso en 2016 en relación con las relaciones entre los Estados Unidos y
Rusia y la campaña de Trump. Se desconoce si se trata de la misma persona.
Los dos últimos estadounidenses mencionados son
los agentes de la DEA Sandalio González y Gregg Marvis.
Personas
involucradas públicamente con el narcotráfico:
Se han contabilizado 52 personas vinculadas al
narcotráfico dentro de la lista. 42 de ellas son hondureños, 8 guatemaltecos,
un mexicano y un colombiano. Entre los hondureños destaca un narcotraficante
que Tony Hernández calificó como su mejor amigo en su primera declaración a la
DEA al ser detenido: Carlos Mauricio Toledo.
También llama la atención el caso de Nery
Orlando Lopez Sanabria, narco que manejaba 3 identidades (las otras dos también
aparecen en la lista y son la de Magdaleno Meza Funes y Wilson López). Este
sujeto ya fingió su propia muerte para evitar ser extraditado y es el
propietario de la libreta que la fiscalía presento como prueba contra Tony Hernández
el 3 de octubre.
Por último, figura otro narcotraficante llamado
Rubén Mejía, alias Yuquita, acusado de ser el autor intelectual del asesinato
del fiscal de oro Orlan Chávez.
Organizaciones
vinculadas con las personas incluidas en la lista:
El listado
incluye a figuras relacionadas con diversos carteles
Cachiros:
ahí están los hermanos Devís Leonel y Javier Rivera Maradiaga
Valle
Valle:Luis Alfonso y Miguel Arnaldo
Valle Valle
Cartel
AA: hermanos Alexander y Hugo Ardón entre otros
Cartel
del Atlántico: Wilter Blanco
Clan
de los Montes Bobadilla
Cartel
de Sinaloa: el Chapo Guzman
Los
Zetas: figuran varias personas que trabajan para este cartel en Guatemala como
Jairo Orellana Morales
Cartel
de los Soles: se menciona a dos personas conectadas con los sobrinos del presidente
venezolano Nicolás Maduro, que actualmente colabora con la justicia estadounidense
por su implicación en el narcotráfico. Estas personas son Roberto Jesús Soto
Garcia y Amilcar Leva Cabrera (asesinado en 2015).
Personas
asesinadas en la lista:
Se ha podido identificar que 8 de las personas
incluidas en la lista fueron asesinadas en los últimos años, en todos los casos
en ejecuciones al más puro estilo del crimen organizado. Además, 3 familiares
de una de las personas incluidas en la lista fueron ejecutadas en una masacre
en la ciudad de San Pedro Sula en 2019. Uno de los asesinados es Franklin
Arita, cuya muerte es adjudicada a Juan Carlos “el Tigre” Bonilla, en el
documento presentado por la fiscalía el pasado 2 de agosto. Según el mismo
documento, Bonilla habría actuado siguiendo ordenes de “Tony Hernández”. Llama
la atención que otro de los muertos era informante de la DEA en conexión con el
caso de los narcosobrinos de Venezuela (Amilcar Leva Cabrera).
Personas
vinculadas al Partido Nacional
En el documento figuran 15 personas vinculadas
al Partido Nacional, incluyendo a Juan Orlando Hernández, Porfirio Lobo, Tony Hernández
y Fabio Lobo. Además, figuran tres ministros, ambos señalados de tener vínculos
con el narcotráfico. El primero es el actual Secretario de Defensa Samuel
Reyes, muy vinculado a Tony Hernández. También figuran el ex ministro Miguel
Pastor y el Ministro Roberto Ordoñez, ambos salpicados por el caso
narcopolítica de MACCIH/UFECIC.
Además, se menciona a diversos diputados nacionalistas
como Geovanny Ekonomo, Juan Carlos Valenzuela y Oscar Nájera.
Personas
vinculadas al resto de partidos:
Cabe señalar que en el documento figuran los 3 últimos
presidentes de la República, incluyendo al líder de LIBRE Manuel Zelaya Rosales
y al mandatario de facto Roberto Micheletti. Aunque no está todavía claro
diversas fuentes apuntan a que la inclusión de Zelaya y Micheletti podría
deberse a la necesidad de contextualizar la conspiración juzgada en el contexto
del golpe de estado de 2009, sin tener por qué estar ambas personas
relacionadas con el tráfico de drogas.
También aparece un miembro de la Policía
Nacional depurado, llamado Rubén Santos, primo de los hermanos Rivera Maradiaga
(los Cachiros) y esposo de la lideresa del PAC Marlene Alvarenga.
Del Partido Liberal se menciona a 4 diputados,
entre los que destaca el actual vicepresidente del Congreso Nacional Víctor
Rolando Sabillón y exdiputados extraditados como Fredy Nájera y Midence
Martínez.
Policías y
expolicías:
El listado incluye al menos a 8 policías
hondureños. Ya hemos mencionado el caso de Rubén Santos, esposo de Marlene
Alvarenga, así como el de Juan Carlos Bonilla. Los policías incluidos están
involucrados en crímenes de alto impacto, como el asesinato de Alfredo
Landaverde y Julián Arístides González (Mauro Antonio Flores Santos). También
incluye a Mario Guillermo Mejía Vargas, acusado de asesinar al fiscal de oro
Orlan Chávez. Otro caso llamativo es el de Normando Rafael Lozano, nombrado en
2014 el mejor policía de su promoción, y extraditado a Estados Unidos en 2015
acusado de trabajar para el Cartel de Sinaloa.
Como figura positiva en lo referente a la lucha
contra el narcotráfico en la Policía aparece en el listado Ramon Sabillón,
responsable de la captura (y posterior extradición) de las cabezas del cartel
de los Valle Valle, que denuncio persecución política a causa de esto y que fue
finalmente expulsado de la policía.
Conclusión:
El juicio a Tony Hernández está resultando
todavía más complejo de lo que cabía esperar. Los señalamientos de la fiscalía
federal alcanzan a los máximos representantes del actual gobierno, y no se
puede descartar que otros miembros del gabinete se vean salpicados.
La magnitud de las conexiones internacionales de
la conspiración juzgada revela, que incluye a figuras de la envergadura del
Chapo Guzmán, ilustra la importancia del caso para la fiscalía estadounidense.
La vinculación de la trama con el caso de los narcosobrinos del mandatario
Venezolano Nicolás Maduro, que fueron detenidos por la DEA en Haití y
posteriormente condenados a 18 años de cárcel por tráfico de drogas, agrega un
factor geopolítico a la trama, relacionado con las prioridades políticas de
Estados Unidos para América Latina más allá de la guerra a las drogas.
La violencia que ejercían los miembros de la
trama queda patente por el alto número de asesinatos relacionados con las
personas incluidas en la lista y revela que el patrón de violencia en Honduras
en los últimos años ha estado marcado por las dinámicas criminales ejercidas
por varias de las personas incluidas en la lista. La lista relaciona con la
trama supuestamente dirigida por Tony Hernández algunos de los crímenes más
sonados de los últimos años en Honduras, como la muerte de los zares antidrogas
Alfredo Landaverde (2011) y Julián Arístides González (2009); o el asesinato de
Orlan Chávez, un fiscal asesinado en 203 que se había destacado por su valentía
en la persecución del crimen organizado y el lavado de activos desde la Unidad
Contra el Lavado de Activos de la Fiscalía de Privación de Dominio.
Mientras que la fiscalía federal estadounidense
considera que “Honduras es uno de los lugares más
violentos de la tierra, en gran parte por personas como el acusado (Tony Hernández)
y sus co-conspiradores (entre los que se incluye a Juan Orlando Hernández –
CC4)”, el gobierno de Juan Orlando niega todas las acusaciones y su familia
sigue haciendo una defensa implacable de Tony Hernández. En pocas semanas
concluirá el juicio en Estados Unidos. Una vez concluido, en Honduras será la
ciudadanía la encargada de exigir responsabilidades al presidente Hernández,
que a la fecha no parece proclive a rendir cuenta alguna.
El pasado 2 de agosto se hizo público un documento presentado ante una Corte de Justicia de Nueva York, en el que fiscales federales acusan al actual presidente hondureño Juan Orlando Hernández, conocido como JOH, a su antecesor Porfirio Pepe Lobo, a su hermano Tony Hernández y a varias figuras clave de la política y la policía hondureña de ser coparticipes en una conspiración para introducir cocaína en los Estados Unidos. El documento contiene varias acusaciones más, relacionadas con el asesinato de dos personas, financiación de campañas políticas y del gobernante Partido Nacional, y la realización de maniobras para cesar a altos cargos policiales por suponer una amenaza para las actividades criminales de los acusados.
Manifestantes se enfrentan a la policía de Honduras durante una protesta exigiendo la salida del presidente, Juan Orlando Hernández, señalado por la Fiscalía de Nueva York en una presunta conspiración para usar dinero del narcotráfico con el fin de mantenerse en el poder. EFE/ Gustavo Amador
Estas revelaciones supusieron un exacerbamiento de la crisis política permanente en la que vive sumida Honduras desde el golpe de Estado de 2009, que se agudizó tras las cuestionadas elecciones de 2017 y con las movilizaciones sociales contra la privatización de la salud y la educación que se han dado en los últimos meses. La respuesta del gobierno fue la que se esperaba: en rueda de prensa el 3 de agosto el presidente comparecía ante los medios para negar todas las acusaciones realizadas por la fiscalía de Estados Unidos, atribuyendo los hechos a una conspiración en su contra gestada por narcotraficantes perjudicados por su gobierno. No se produjeron dimisiones ni se va a realizar investigación alguna.
Podrá parece sorprendente fuera de Honduras que un gobierno se sostenga ante semejantes acusaciones, pero cuando se conocen los antecedentes el efecto sorpresa se diluye. Y es que los hechos contenidos en la acusación presentada por el fiscal federal Emil J. Bove se basan en eventos que ya son de sobra conocidos en Honduras. Desde hace varios años son continuas las noticias que llegan desde las cortes estadounidenses implicando a los principales cabecillas del Partido Nacional y las cúpulas policiales y militares en el narcotráfico, siendo el documento hecho público el pasado 2 de agosto el último episodio de una narconovela que se ha desarrollado ante el público hondureño e internacional bajo la mirada complaciente de Estados Unidos y el resto de la comunidad internacional.
Desde hace décadas el gobierno estadounidense, a través de la CIA, la DEA y demás agencias cuenta con un inmenso equipo desplegado en Honduras, y colabora, si no es que controla, las labores de inteligencia, contrainteligencia y lucha contra el narcotráfico del estado hondureño. Ante esta situación, lo lógico sería pensar que desde Washington han estado informados durante todos estos años sobre el grado de penetración del crimen organizado en las autoridades hondureñas, lo que contradice totalmente las declaraciones y acciones del gobierno estadounidense, que oficialmente considera a Hernández como un aliado.
Un manifestante con un cartel exigiendo la salida del presidente, Juan Orlando Hernández, señalado por la Fiscalía de Nueva York en una presunta conspiración para usar dinero del narcotráfico con el fin de mantenerse en el poder. REUTERS/Jorge Cabrera
Frente a esta situación surgen varias preguntas: ¿realmente existe una guerra contra el narcotráfico? ¿Qué pretende el gobierno estadounidense lograr a través de esa supuesta guerra? ¿a algún país o institución internacional le importa en realidad la legalidad, la lucha contra la corrupción o la defensa de la democracia y los derechos humanos? ¿o simplemente las relaciones internacionales se basan en un discurso hipócrita que esconde el interés de mantener a quien sea en el poder con tal de que sea funcional a los dictados de las grandes potencias?
A estas alturas, resulta sorprendente que Juan Orlando Hernandez siga en el poder simplemente negando todas las acusaciones. También lo es la total pasividad de la comunidad internacional ante todas las evidencias en contra del mandatario y su entorno. Aunque no se han producido actos de adhesión a Hernández tan explícitos como el estadounidense desde otros estados, al día 7 de agosto ninguna embajada, u organismo internacional ha pedido explicación alguna de lo acontecido ni tomado medida alguna.
Ante la actual situación, habría que preguntar al Gobierno español cómo valoran que con su cooperación un gobernante acusado de narcotráfico haya logrado aprobar un Código Penal que contiene una reducción de penas del delito de narcotráfico, lavado de activos, y de varios delitos contra la corrupción, al tiempo que abre la puerta a que se detengan las extradiciones de narcotraficantes hacia Estados Unidos. También valdría la pena preguntar a la Unión Europea si han valorado el efecto de su cooperación con Honduras, bajo la modalidad de apoyo presupuestario, el más favorable para el gobierno. Sobre todo, teniendo en cuenta que existen redes de corrupción a gran escala al interior de la administración hondureña que ya han empleado fondos de la cooperación internacional para fines partidistas y para el enriquecimiento personal de gobernantes. Esto en la Unión Europea lo saben muy bien, ya que financian una misión de la OEA contra la corrupción, la MACCIH, que ha logrado evidenciar la existencia y operatividad de dichas tramas. Las alabanzas que han dedicado estos años a Hernández desde el FMI no han sorprendido a nadie, pues esta institución se comporta como la banca privada, preocupada solo de cobrar a tiempo. Lo que sí fue sorprendente fueron las efusivas felicitaciones por su desempeño económico recibidas por Hernandez recientemente de una representante de la CEPAL. El silencio del resto de organismos y embajadas lo dice todo.
Lo que está ocurriendo en Honduras es un síntoma evidente de la grave enfermedad moral que corroe el mundo de las relaciones internacionales. Por un lado, evidencia la falacia de la guerra a las drogas, que hoy muestra su verdadera cara como instrumento de sometimiento y dependencia de las naciones latinoamericanas al poderío estadounidense. Por otro, muestra que la inmoralidad y el mantenimiento del business as usual (en este caso narcobusiness as usual) son la regla y no la excepción en el mundo de las relaciones internacionales.
