Honduras y el "narcobusiness as usual"

Publicado originalmente en Publico.es

El pasado 2 de agosto se hizo público un documento presentado ante una Corte de Justicia de Nueva York, en el que fiscales federales acusan al actual presidente hondureño Juan Orlando Hernández, conocido como JOH, a su antecesor Porfirio Pepe Lobo, a su hermano Tony Hernández y a varias figuras clave de la política y la policía hondureña de ser coparticipes en una conspiración para introducir cocaína en los Estados Unidos. El documento contiene varias acusaciones más, relacionadas con el asesinato de dos personas, financiación de campañas políticas y del gobernante Partido Nacional, y la realización de maniobras para cesar a altos cargos policiales por suponer una amenaza para las actividades criminales de los acusados.

Manifestantes se enfrentan a la policía de Honduras durante una protesta exigiendo la salida del presidente, Juan Orlando Hernández, señalado por la Fiscalía de Nueva York en una presunta conspiración para usar dinero del narcotráfico con el fin de mantenerse en el poder. EFE/ Gustavo Amador

Estas revelaciones supusieron un exacerbamiento de la crisis política permanente en la que vive sumida Honduras desde el golpe de Estado de 2009, que se agudizó tras las cuestionadas elecciones de 2017 y con las movilizaciones sociales contra la privatización de la salud y la educación que se han dado en los últimos meses. La respuesta del gobierno fue la que se esperaba: en rueda de prensa el 3 de agosto el presidente comparecía ante los medios para negar todas las acusaciones realizadas por la fiscalía de Estados Unidos, atribuyendo los hechos a una conspiración en su contra gestada por narcotraficantes perjudicados por su gobierno. No se produjeron dimisiones ni se va a realizar investigación alguna.

Podrá parece sorprendente fuera de Honduras que un gobierno se sostenga ante semejantes acusaciones, pero cuando se conocen los antecedentes el efecto sorpresa se diluye. Y es que los hechos contenidos en la acusación presentada por el fiscal federal Emil J. Bove se basan en eventos que ya son de sobra conocidos en Honduras. Desde hace varios años son continuas las noticias que llegan desde las cortes estadounidenses implicando a los principales cabecillas del Partido Nacional y las cúpulas policiales y militares en el narcotráfico, siendo el documento hecho público el pasado 2 de agosto el último episodio de una narconovela que se ha desarrollado ante el público hondureño e internacional bajo la mirada complaciente de Estados Unidos y el resto de la comunidad internacional.

Desde hace décadas el gobierno estadounidense, a través de la CIA, la DEA y demás agencias cuenta con un inmenso equipo desplegado en Honduras, y colabora, si no es que controla, las labores de inteligencia, contrainteligencia y lucha contra el narcotráfico del estado hondureño. Ante esta situación, lo lógico sería pensar que desde Washington han estado informados durante todos estos años sobre el grado de penetración del crimen organizado en las autoridades hondureñas, lo que contradice totalmente las declaraciones y acciones del gobierno estadounidense, que oficialmente considera a Hernández como un aliado.

El hecho de que el ejército hondureño se dedicase a derribar narcoavionetas, violando la legislación estadounidense, obligando a la DEA a desconectar el único radar capaz de detectar dichas naves no pareció convencer a Estados Unidos de que Lobo, Hernández y su partido eran socios poco fiables en la lucha contra el narcotráfico. Tampoco importó que se procesase judicialmente al hijo de Lobo y al hermano de Hernández por tráfico de drogas y armas a gran escala. Ni que al hermanísimo del presidente se le llegase a acusar de conspirar para atentar contra el exembajador de Estados Unidos en Honduras James Nealon. Tampoco cambio el rumbo de las relaciones bilaterales las múltiples delaciones contra ministros y altos mandos de la policía y el ejército por parte de narcotraficantes presos en Estados Unidos. Con estos y muchos otros antecedentes, el 5 de agosto, el gobierno de Estados Unidos se reunió con Hernández para reafirmar públicamente la estrecha colaboración y cooperación entre el gobierno de Trump y el de Hernandez en materia de desmantelamiento de redes criminales internacionales.

Un manifestante con un cartel exigiendo la salida del presidente, Juan Orlando Hernández, señalado por la Fiscalía de Nueva York en una presunta conspiración para usar dinero del narcotráfico con el fin de mantenerse en el poder. REUTERS/Jorge Cabrera

Frente a esta situación surgen varias preguntas: ¿realmente existe una guerra contra el narcotráfico? ¿Qué pretende el gobierno estadounidense lograr a través de esa supuesta guerra? ¿a algún país o institución internacional le importa en realidad la legalidad, la lucha contra la corrupción o la defensa de la democracia y los derechos humanos? ¿o simplemente las relaciones internacionales se basan en un discurso hipócrita que esconde el interés de mantener a quien sea en el poder con tal de que sea funcional a los dictados de las grandes potencias?

A estas alturas, resulta sorprendente que Juan Orlando Hernandez siga en el poder simplemente negando todas las acusaciones. También lo es la total pasividad de la comunidad internacional ante todas las evidencias en contra del mandatario y su entorno. Aunque no se han producido actos de adhesión a Hernández tan explícitos como el estadounidense desde otros estados, al día 7 de agosto ninguna embajada, u organismo internacional ha pedido explicación alguna de lo acontecido ni tomado medida alguna.

Ante la actual situación, habría que preguntar al Gobierno español cómo valoran que con su cooperación un gobernante acusado de narcotráfico haya logrado aprobar un Código Penal que contiene una reducción de penas del delito de narcotráfico, lavado de activos, y de varios delitos contra la corrupción, al tiempo que abre la puerta a que se detengan las extradiciones de narcotraficantes hacia Estados Unidos. También valdría la pena preguntar a la Unión Europea si han valorado el efecto de su cooperación con Honduras, bajo la modalidad de apoyo presupuestario, el más favorable para el gobierno. Sobre todo, teniendo en cuenta que existen redes de corrupción a gran escala al interior de la administración hondureña que ya han empleado fondos de la cooperación internacional para fines partidistas y para el enriquecimiento personal de gobernantes. Esto en la Unión Europea lo saben muy bien, ya que financian una misión de la OEA contra la corrupción, la MACCIH, que ha logrado evidenciar la existencia y operatividad de dichas tramas. Las alabanzas que han dedicado estos años a Hernández desde el FMI no han sorprendido a nadie, pues esta institución se comporta como la banca privada, preocupada solo de cobrar a tiempo. Lo que sí fue sorprendente fueron las efusivas felicitaciones por su desempeño económico recibidas por Hernandez recientemente de una representante de la CEPAL. El silencio del resto de organismos y embajadas lo dice todo.

Lo que está ocurriendo en Honduras es un síntoma evidente de la grave enfermedad moral que corroe el mundo de las relaciones internacionales. Por un lado, evidencia la falacia de la guerra a las drogas, que hoy muestra su verdadera cara como instrumento de sometimiento y dependencia de las naciones latinoamericanas al poderío estadounidense. Por otro, muestra que la inmoralidad y el mantenimiento del business as usual (en este caso narcobusiness as usual) son la regla y no la excepción en el mundo de las relaciones internacionales.

Migración y violencia en Honduras

Publicado originalmente en Publico.es

El fenómeno migratorio es, sin lugar a dudas, una de las principales respuestas de la población hondureña a la severa crisis económica, social y de seguridad que vive el país. Son decenas de miles las personas que cada año deciden abandonar el país buscando mejores oportunidades de vida. Valga como referencia que solo entre enero y marzo de 2019 fueron 19,000 los hondureños retornados al país, la mayoría por vía terrestre y con rumbo hacia Estados Unidos. Durante décadas, el fenómeno estuvo asociado principalmente a las altas tasas de pobreza prevalentes en el país, a diferencia de sus vecinos inmediatos, que en los 80´s también experimentaron masivos flujos migratorios, pero como consecuencia de los conflictos armados que asolaron la región en esos años en el marco de los últimos estertores de Guerra Fría. Según Yolanda Gonzalez, investigadora de la organización ERIC-SJ “en Honduras se inició un ciclo migratorio en los 90, con una migración dirigida hacia Estados Unidos predominantemente por razones económicas, de hombres urbanos, y tenía su réplica interna en los desplazamientos del campo a la ciudad. Coincidía en el tiempo con la llegada de la industria maquiladora, y el fin de los tímidos intentos de reforma agraria en Honduras”.

Aunque no está claro en qué momento se cerró este ciclo, aunque es evidente que en la actualidad el fenómeno migratorio tiene características diferentes.  Según Gonzalez “fue la crisis desatada como consecuencia del golpe de Estado de 2009 la que marcó el inicio de un nuevo ciclo: a la crisis política la siguió la crisis económica, se vivió un aumento de la narcoactividad, de los niveles de violencia y un repunte del militarismo, que se produjo simultáneamente a un aumento de la corrupción y una agudización del modelo económico neoliberal-extractivista, asfixiante para la población”. Lo que caracteriza este nuevo ciclo es que rompe con el anterior paradigma del hombre migrante en busca de mejores condiciones económicas. La presencia de mujeres entre la población migrante es una realidad palpable en el ciclo actual. En muchas ocasiones como cabezas de familia y acompañadas de hijos y otras personas dependientes. Adicionalmente, existe una presencia cada vez más importante de menores de edad que viajan solos, tal como se puso en evidencia con la crisis de menores no acompañados de 2014, que desató las alarmas en Estados Unidos sobre un fenómeno que ya existía en la región. Pero lo que caracteriza de una manera más clara este nuevo ciclo es la gran cantidad de solicitantes de asilo que salen del país. Se trata de decenas de miles de hondureños que huyen de la violencia generalizada que existe en Honduras y cuyo número ha crecido exponencialmente desde 2013, hasta alcanzar los 74,213 solicitantes de asilo hondureños de 2017. Según la “encuesta sobre percepciones de la situación hondureña en 2018” realizada por ERIC-SJ, la violencia seria, en la opinión de los hondureños, la segunda causa de migración en el país, tras la falta de oportunidades económicas. Además, en la misma encuesta se consultó también a la población si tenía algún conocido, familiar o vecino que hubiera emigrado por esa razón, siendo la respuesta afirmativa para el 30,3%.

De esta forma, la violencia generalizada que se da en Honduras supone un importante motor del fenómeno migratorio, tanto a nivel internacional como a lo interno del país. Según el Consejo Noruego para Refugiados, en 2018 existían 190,000 personas desplazadas por violencia en Honduras. Entre las principales causas este fenómeno se encuentra las actividades de maras y pandillas, aunque existen otros motivos, y apuntar únicamente hacia estos actores puede invisibilizar parte de la realidad. Según Yolanda Gonzalez “existe la idea de que el actor principal que provoca desplazamientos humanos son las maras, por su relación con el fenómeno de la extorsión. Sin embargo, desde punto de vista de ERIC-SJ las maras no podrían provocar esta situación sin la connivencia y colaboración de otros actores”. Así, la acción del Estado resulta clave para entender el fenómeno de desplazamiento y violencia. En el caso hondureño las autoridades no tienen voluntad o no tienen capacidad de proteger. En ocasiones son cómplice de los grupos criminales y en muchas ocasiones el estado es el victimario (casos de autoridades en contubernio con maras, extorsionadores, narcotraficantes). Además, en no pocas ocasiones los casos de desplazamiento tienen que ver con conflictos no relacionados directamente con la criminalidad organizada, como los generados en defensa del medio ambiente y los recursos naturales, que normalmente enfrentan a empresas y pobladores y en los que el Estado ejecuta un papel de agresor.

El camino que tienen que hacer frente los migrantes hasta llegar a su destino en Estados Unidos es largo y peligroso. El viaje más común pasa por Guatemala hasta llegar a Chiapas, cruzando posteriormente de Norte a Sur el territorio mexicano. Durante el mismo los hondureños se ven criminalizados por las autoridades mexicanas, país que aplica fuertes restricciones a la movilidad de los centroamericanos como consecuencia de las presiones de Estados Unidos, redobladas desde la llegada de Trump a la presidencia, que ha logrado que Guatemala firme un acuerdo declarándose “tercer país seguro”, a efectos de poder absorber decenas de miles de deportados de territorio estadounidense, y que en la actualidad presiona a México para realizar una declaración similar. Pero si hay algo que causa temor entre los migrantes, es convertirse en victimas del crimen organizado, que ha encontrado un lucrativo negocio en el control de las redes de migración ilegal y en la explotación económica y sexual de los propios migrantes. En este sentido, el coyote sigue siendo un actor propio investigado, que actúa en un negocio (el de las redes clandestinas de migración) que ha sufrido importantes mutaciones en los últimos años. Estas redes, han pasado de tener una base local a integrarse como uno de los grandes negocios de los grandes grupos del crimen organizado. De esto forma, actores como los Zetas u otros carteles han logrado una mayor implantación y rentabilidad de sus actividades mediante la explotación del fenómeno migratorio. La consecuencia directa ha sido un aumento de la vulnerabilidad de las personas migrantes, que pueden ser agredidas, asesinadas, abusadas y explotadas sexualmente o incluso reclutadas para todo tipo de actividades del crimen organizado.

Por otro lado, las políticas estatales para afrontar los fenómenos de la criminalidad no parecen dar los resultados esperados. Entre estas cabe destacar la de la guerra a las drogas, bajo cuya acción la criminalidad organizada ha logrado un fortalecimiento sin precedentes al calor del lucrativo negocio de la cocaína. Pero también otras, como la permisividad en la portación de armas en el país (la ley permite que cada persona posea hasta 5 armas de fuego), el escaso control de las actividades de las empresas de seguridad privada, que podrían estar drenando miles de armas de fuego al año al mercado negro y los procesos de securitización y militarización del Estado.

La desesperación ante un contexto de violencia y pobreza extrema en el hogar, y la perspectiva de un viaje peligroso e incierto durante la ruta migratoria provocaron que en 2018 se generase un fenómeno migratorio inédito: las caravanas de migrantes. La primera de estas caravanas inicio el 12 de octubre de 2018 en la ciudad de San Pedro Sula, iniciando un periplo hacia la ciudad de Tijuana que atrajo la atención mediática internacional. Para ERIC-SJ, la existencia de esta caravana no supone la intensificación del flujo migratorio, sino simplemente la visibilización mediática de un drama que venía produciéndose desde hace años. Entre los testimonios de las decenas de miles de personas que participaron en esta caravana se escucharon con fuerza los relatos de violencia y las situaciones desesperadas de familias enteras que huían de su país para salvar la vida. Aunque desde diversos ámbitos políticos y mediáticos se quiso vincular la existencia de estas caravanas a intereses políticos ocultos, resultó evidente que viajar en grupo fue una estrategia de los migrantes para hacer frente a la criminalización y la violencia durante toda la ruta migratoria, y para presionar al gobierno estadounidense y a la comunidad internacional para lograr apoyo para sus demandas y necesidades.