La situación política en Honduras es insostenible.
El pasado 18 de octubre, la Corte del Distrito Sur de Nueva York declaró culpable a Juan Antonio
“Tony” Hernández de
los delitos de conspiración para importar cocaína a los Estados Unidos,
posesión de armas y dispositivos destructivos, conspiración para posesión de
armas y perjurio. En la acusación presentada por la fiscalía
federal, se señaló
como co conspiradores de “Tony” Hernández a su hermano Juan Orlando Hernández,
actual Presidente de la República de Honduras, al ex Presidente Porfirio Lobo,
al Ministro de Energía y a varios policías y narcotraficantes centroamericanos.
Durante la celebración del juicio fueron además señalados por sus vínculos con
el crimen organizado un buen número de altos cargos del gobierno, como el
actual Ministro de Seguridad Julián Pacheco (señalado en otros dos juicos más), el Secretario de Gobernación Ebal Diaz (una especie de vicepresidente),
varios exministros, y diversos diputados.
Los hechos imputados por la fiscalía a “Tony”
Hernández y sus co conspiradores son de la máxima gravedad. Según lo afirmado durante
el juicio, Tony Hernández fue un narcotraficante de alto nivel que tuvo a su
servicio a la policía y el Ejército
hondureño y que en el apogeo de su poder llegó a marcar los paquetes de cocaína con
sus iniciales: “TH”.
Uno de los testigos del caso afirmó literalmente que el acusado “era el tipo de
persona que mandaba a matar cualquiera que no le parecía”. Además, “Tony”,
conocido popularmente como TH, fue acusado de ser intermediario entre narcotraficantes
y el gobierno de Juan Orlando Hernandez y Porfirio Lobo. En nombre de ambos
mandatarios, recibió sobornos de los narcos a cambio de protección para sus
actividades delictivas y promesas de impunidad. Los fondos recibidos fueron
utilizados para financiar las campañas electorales del gobernante Partido
Nacional en 2009, 2013 y 2017. Con la protección otorgada, los narcotraficantes
que han declarado en el juicio a TH han confesado haber cometido 152 asesinatos en total. Entre los crímenes admitidos, destacan el
asesinato de figuras clave de la lucha contra el narcotráfico como los zares
antidrogas Alfredo Landaverde y Julián Arístides González y el fiscal
anticorrupción Orlan Chávez, además de varios periodistas. Según la la fiscalía
federal, “el acusado (TH) y sus co conspiradores (que incluyen al presidente
Hernández) incurrieron en estas conductas (narcotráfico) para enriquecerse
personalmente, financiar campañas de candidatos del Partido Nacional (…) y para
mantener y ampliar su poder y posición política en Honduras”. De esta forma, el
proceso contra “Tony” Hernández se ha convertido en un enjuiciamiento público
contra el sistema político hondureño y contra el Presidente Juan Orlando
Hernández.
Para encontrar el origen del proceso de
degradación sociopolítica de Honduras hay que remontarse a lo ocurrido hace una
década. El 28 de junio de 2009, se produjo en Honduras un golpe de estado
contra el presidente Manuel Zelaya, entonces miembro del Partido Liberal. La
justificación de este golpe fue la cercanía de Zelaya con el chavismo y su
hipotético deseo de reelegirse. Tras la asonada, Honduras entró en un periodo
de hegemonía política del Partido Nacional, fortalecido por la implosión de su
tradicional rival, el Partido Liberal, fracturado como consecuencia del golpe. A
partir de ese momento, los sucesivos gobiernos de Porfirio Lobo y Juan Orlando
Hernández iniciaron una reconfiguración de la institucionalidad hondureña a la
medida de sus intereses. La división de poderes fue anulada mediante la
creación del Consejo Nacional de Seguridad y
Defensa en 2011,
que supuso la subordinación de los poderes legislativo y judicial al poder
ejecutivo. En 2013, se aprobó una Ley de Secretos que hizo virtualmente imposible el monitoreo ciudadano de
la función pública.
Pero la gran apuesta de Juan Orlando fue la remilitarización y securitización del estado. En este marco, el gobierno
realizó una profunda reconfiguración interna de las Fuerzas Armadas y la
Policía Nacional, logrando así que los puesto claves quedasen en manos de
personas de la máxima confianza del Presidente Juan Orlando Hernández.
Durante esta década, el pueblo hondureño ha
padecido los peores niveles de violencia en la historia del país, en el marco
de las luchas intestinas del narcotráfico por hacerse con la principal ruta de la cocaína de
Sudamérica hacia Estados Unidos. En 2012, en pleno apogeo de la influencia del narcotráfico en Honduras,
el país ostentó el primer puesto a nivel mundial en
tasa de homicidios.
Las violaciones a los Derechos Humanos también han sido una constante en este
periodo, incluyendo crímenes de alto impacto a nivel internacional, como el
asesinato de la líder indígena, feminista y defensora del territorio Berta
Cáceres. David Castillo, principal acusado por este asesinato,
es socio del Cártel de los Cachiros, una de las redes criminales que fue supuestamente
protegida por el gobierno hondureño. Además de este caso, centenares de
defensores de los derechos humanos, ambientalistas, periodistas y opositores
han sido asesinados en Honduras en la última década.
A pesar de este panorama convulso, el actual
Presidente de Honduras Juan Orlando Hernández (JOH) permanece en el cargo,
aunque con un alto grado de ilegitimidad. El grito “Fuera JOH” resuena desde hace varios años por
todos los rincones del país. El juicio y condena a su hermano TH, ha sido solo
el colofón de una cuestionada presidencia, financiada por múltiples tramas de corrupción y por el narcotráfico. Hernandez
logró reelegirse en 2017 violando lo dispuesto en la
constitución hondureña (que prohíbe la reelección), a través de un proceso electoral altamente
cuestionado (la Misión de Observación Electoral de la
Organización de Estados Americanos llegó a pedir la repetición de los comicios) y que generó una oleada de
protestas que se saldaron con más de 30 muertos. Desde la consumación del fraude
electoral de 2017, el país vive en un estado de crisis política y social
permanente. Las protestas callejeras, reprimidas con violencia por Ejercito y
Policía, han sido una constante desde entonces.
Tras la sentencia contra Tony Hernández,
Honduras vive en un ambiente de tensión contenida. Se han producido protestas
aisladas pidiendo la renuncia del presidente, reprimidas con la habitual
violencia. Sin embargo, a la fecha no se ha producido un levantamiento multitudinario
como el visto tras los comicios fraudulentos de 2017 o a principios de 2019,
cuando se produjeron masivas movilizaciones contra los proyectos del gobierno
de privatizar los sectores de salud y educación. Por lo demás, el Presidente
Hernández cuenta todavía con aliados poderosos. El principal es el gobierno de
Donald Trump, más interesado en imponer a los gobiernos centroamericanos
regulaciones anti derechos en materia migratoria que en cualquier otra
consideración. La firma el pasado septiembre de un acuerdo de tercer país seguro entre Honduras y Estados Unidos,
que permitirá a Trump deportar solicitantes de asilo a suelo hondureño, es una
garantía para del apoyo estadounidense a Hernández en el corto plazo. La
conocida como guerra las drogas es una vez mas retratada como una pantomima. La
Unión Europea no se ha pronunciado sobre la situación en el país. En el plano
interno, la red clientelar en la que se apoya el gobernante tiene una base con
la suficiente amplitud como para garantizar su continuidad. Especialmente
importante será el papel de las Fuerzas Armadas, que hasta ahora han respaldado
a Hernández. Tras la condena de TH, el gobierno destituyó de forma abrupta a varios
coroneles del Ejercito, con lo cual la lealtad de la actual cúpula militar parece estar
garantizada.
De esta forma, las perspectivas en Honduras son
sombrías. La sociedad hondureña está exhausta tras años de protestas reprimidas
a sangre y fuego, y en la que los disparos a la cabeza contra los manifestantes
han sido la norma. Por otro lado, una oposición dividida y desgastada no es
capaz de aglutinar las fuerzas existentes. El futuro cercano es altamente
imprevisible. Lo único garantizado es que el Presidente Hernández no abandonará
el poder voluntariamente.
