El sistema democrático hondureño se desmorona. Desde hace más de una
década, el pueblo hondureño ha vivido un proceso progresivo de penetración de
la corrupción y el crimen organizado en la institucionalidad pública, que ha
afectado a todos los poderes del Estado.
Los escasos contrapesos con que contaba el sistema han ido cayendo uno
tras otro hasta configurarse el actual estado de las cosas. El trabajo
realizado por UFECIC/MACCIH es la última barrera que los corruptos deben
franquear para lograr garantizar su total impunidad. En los próximos días se
decidirá la permanencia en el país de la MACCIH y con ella la propia
supervivencia de la UFECIC.
El actual régimen se cimienta en un esquema de concentración del poder
en la figura presidencial, que no es posible entender sin examinar el proceso
de degradación de la vida parlamentaria hondureña. En este contexto, se puede
decir que en los últimos años se ha producido una fuerte cooptación de la vida
parlamentaria por diferentes redes de corrupción, en la que los conflictos de
intereses, la malversación de fondos públicos, el transfuguismo y la
penetración del narcotráfico han marcado el devenir del Congreso Nacional.
En los últimos años, se cuentan por decenas los diputados vinculados con
actos de corrupción. Según declaraciones de Juan Jiménez Mayor, ex vocero de la
MACCIH, en 2018 existía en Honduras una red de diputados corruptos que podría
haber alcanzado a 140 miembros del Congreso Nacional (el total de miembros del
congreso son 128 titulares y 128 suplentes). Esto supondría hablar de la mayor
parte de los miembros del Congreso. Por otra parte, la penetración del crimen
organizado en el Congreso Nacional es también evidente. La condena del exdiputado Tony Hernández, el
pasado octubre en Nueva York, reveló los vínculos de numerosos miembros del
Congreso con el narcotráfico. Esta investigación ha identificado que solo en
las filas del gobernante Partido Nacional y entre miembros actuales del
Congreso Nacional hay 11 diputados relacionados con el crimen
organizado. Entre ellos destacan prominentes operadores políticos del partido
como el propio Mauricio Oliva, actual presidente del Congreso Nacional, David
Chávez, Mario Pérez, Juan Carlos Valenzuela, Oscar Ramon Nájera, Milton Puerto
y Rodolfo Irias Navas.
La Ley Orgánica del Poder Legislativo y la figura del Presidente del
Congreso
Los graves obstáculos para una labor legislativa transparente y
democrática comienzan con la deficiente regulación del propio Congreso. Fue
hasta el 2014 cuando se aprobó la Ley Orgánica del Poder Legislativo, ley que
se caracteriza por sus múltiples lagunas y deficiencias. Esta ley dota al
Presidente del Congreso de una serie de facultades que impiden el desarrollo
democrático de la actividad legislativa. Entre otras cosas el Presidente del
Congreso decide el orden del día de todas las sesiones parlamentarias.
Según Fátima Mena, excongresista del Partido Anticorrupción «esto supone
que cualquier proyecto de ley o contrato presentado al Congreso solo será
discutido y votado si el presidente así lo decide», de esta forma, un solo
diputado cuenta con una capacidad total para bloquear iniciativas políticas. El
presidente también tiene la potestad de nombrar a los miembros de las
comisiones del Congreso, decidir sobre la asignación de fondos materiales y
locales para el ejercicio de la labor parlamentaria, incluso puede decidir qué diputado suplente puede
votar ante la ausencia de un titular. Según Gerardo Torres, miembro del Partido
Libertad y Refundación, esta arbitrariedad coloca en una posición muy ventajosa
al presidente del Congreso, ya que le otorga una herramienta de presión
política antidemocrática que puede ser utilizada para condicionar el sentido
del voto de los diputados.
La importancia política de la figura del presidente del Congreso fue
evidenciada en el juicio por narcotráfico contra Tony Hernández. En este
proceso judicial, el exalcalde y narcotraficante Alexander Ardón, admitió haber sobornado en 2010, y por encargo de Juan
Orlando Hernández, a 3 diputados de Copán para que votaran a favor de la candidatura
del actual presidente de la república a la presidencia del Congreso. De esta
forma y en una fecha tan cercana al golpe de Estado de 2009, se daba
lanzamiento a un proceso de degradación de la vida parlamentaria en el que de
forma progresiva se fue fortaleciendo el control autoritario y antidemocrático
del Poder Legislativo.
«Pacto de Gobernabilidad»
Durante la legislatura de 2010-2014 se fueron poniendo los cimientos
para un nuevo ciclo político caracterizado por el ejercicio hegemónico del
poder por parte del Partido Nacional y de Juan Orlando Hernández. Uno de los
pasos fundamentales para afianzar este nuevo orden fue el establecimiento de un
«pacto de gobernabilidad» entre las bancadas nacionalista y liberal. Dicho
pacto, se produjo a inicios de 2014 y fue escenificado a través del
nombramiento de Mauricio Oliva como presidente del Congreso.
Según el excandidato presidencial por el Partido Liberal Luis Zelaya,
este nombramiento se produjo «en contra de lo acordado el 18
de enero de 2014, en una reunión de alcaldes liberales en el Lago de Yojoa, en
el que participaron miembros del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal
y el excandidato presidencial Mauricio Villeda». En esa reunión se decidió que
el Partido Liberal propondría un candidato para presidir el Congreso Nacional,
que contaría con el apoyo de los partidos emergentes LIBRE y PAC, con los que
sumaban mayoría. Sin embargo y según Luis Zelaya, «el expresidente Carlos
Flores Facussé intervino en un momento posterior para evitar el nombramiento de
un liberal como presidente del Congreso». Finalmente, el 25 de enero de 2014
Mauricio Oliva fue nombrado en el cargo con los votos de la bancada liberal.
Las razones que llevaron al Partido Liberal a declinar la presidencia
del Congreso son desconocidas. Lo que sí sabemos hoy es que, por esas fechas,
destacados miembros del Partido Liberal recibieron fondos públicos del gobierno
nacionalista en el marco del Caso Pandora. Según la investigación presentada
por MACCIH/UFECIC, el Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal recibió
100 millones de lempiras de fondos sustraídos a la Secretaría de Agricultura
para financiar su campaña electoral de 2013. Además, también se acusó de haber
recibido fondos a destacados líderes del partido como Elvin Santos o el
entonces candidato presidencial Mauricio Villeda. De manera reciente se ha
conocido que el diputado liberal Fredy Nájera (preso en Estados Unidos por
narcotráfico) afirmó en una conversación telefónica interceptada por la DEA que
Mauricio Oliva entregó 60 millones de lempiras a diputados liberales para que
votaran por él como nuevo presidente del Congreso Nacional.
La Diarrea Legislativa
Una vez que el Congreso quedó bajo el control del oficialismo, la
degradación de la vida parlamentaria fue en aumento. Días después del
nombramiento de Oliva, en enero de 2014 el bipartidismo aprobó en el Congreso
Nacional 80 decretos y 20 leyes. Con esta acción inaudita, el Congreso Nacional
superó toda la producción legislativa de los años 2012 y 2013 en cuestión de
días, aprobando una serie de medidas que sin duda no fueron discutidas y probablemente
ni siquiera votadas en el hemiciclo.
Esta monumental ilegalidad, conocida popularmente como la «diarrea
legislativa», sobre la cual varios diputados presentaron una denuncia ante el
Ministerio Público, denominándola como el «robo parlamentario del siglo», fue
clave para introducir un nuevo patrón en la vida parlamentaria, basado en la
falta de transparencia, los conflictos de intereses y el tráfico de favores
entre miembros del Congreso.
Entre las normas aprobadas se incluye la conocida Ley de Secretos, que en adelante cerraría los
principales mecanismos ciudadanos para exigir cuentas al estado. Además, se
aprobó una nueva Ley de la ENEE, a la que se endosó la aprobación de decenas de
licencias de explotación de recursos naturales que vinieron a agravar la
agónica situación que atravesaba la Empresa Nacional de Energía Eléctrica.
Entre las empresas beneficiadas destaca la sociedad «Inversiones La Aurora»,
mencionada en 50 ocasiones en el decreto de aprobación de la Ley de la ENEE. Esta empresa está controlada por
la actual vicepresidenta del Congreso Gladis Aurora Lopez (su esposo es el representante
legal), con lo cual se patenta la ilegalidad de la actuación del Congreso ya
que los diputados no pueden ser contratistas del Estado.
La elección de una nueva Corte Suprema de Justicia en 2016
En los años siguientes continuaron sucediéndose los escándalos en el
Congreso Nacional. El más sonado de todos fue el proceso de nombramiento de
nuevas autoridades de la Corte Suprema de Justicia a inicios de 2016. En aquel
proceso, el oficialismo presentó una propuesta de 15 magistrados, pactados entre
nacionalistas y liberales, que eligieron a 8 y 7 magistrados respectivamente.
Esta propuesta fue votada el 26 de enero, sin alcanzar el mínimo de votos
favorables para su aprobación. En un sistema democrático lo lógico hubiese sido
la apertura de un proceso de negociación con el resto de fuerzas políticas para
alcanzar un consenso. No fue el caso.
En las siguientes semanas la misma nómina de candidatos fue presentada
en sucesivas ocasiones hasta que se logró su aprobación. En el proceso, 8
diputados de LIBRE y 4 del PAC acabaron cambiando el sentido de su voto y
terminaron apoyando la nómina propuesta, desobedeciendo las instrucciones de la
dirección de ambos partidos, y generando una fuerte crisis interna en ambas
instituciones políticas. De esta forma, el presidente Juan Orlando Hernández
lograba su principal objetivo de la legislatura: nombrar una Corte Suprema a su
medida, que diese vía libre a su reelección en 2017.
Para lograr los votos necesarios, desde la presidencia del Congreso se
aprovecharon las lagunas existentes en la Ley de la Corte Suprema de Justicia.
Así, se reglamentó que el voto de los diputados iba a ser secreto, con el
objetivo de impedir que se conociera la identidad de los diputados que votarían
en contra de la disciplina de partido. Sin embargo, la llamada a realizar un voto público por
parte de las autoridades de LIBRE y PAC permitió identificar a los diputados
que cambiaron su parecer y acabaron votando por los candidatos propuestos por
el Partido Nacional.
Según Gerardo Torres, en este proceso «se fue ofreciendo a los diputados
de LIBRE, cada vez más dinero por cambiar su voto. En los primeros días pagaron
5 millones a cada diputado, pero a los últimos en cambiar su voto les pagaron
20 millones de lempiras». Torres afirma que LIBRE tiene pruebas de estos hechos
y que en su momento el partido presentó una denuncia en el Ministerio Público
que a la fecha sigue engavetada. En el caso del PAC, la crisis desatada tras
esta votación tuvo consecuencias mucho más graves, pues acabó provocando que el
partido se dividiera y terminara en manos de un sector disidente encabezado por
Marlene Alvarenga. Esta líder arrebató el control del partido a Salvador
Nasralla a través de un polémico proceso de primarias en el que solo participó
ella, y que fue avalado por la justicia electoral oficialista. Según Fátima
Mena, el Partido Nacional logró el voto disidente de 4 diputados de su partido
a través de acciones de chantaje, como por ejemplo, en el caso de la entonces
diputada Marlene Alvarenga, que fue chantajeada por ser esposa de un expolicía
depurado con vínculos con el
cartel de los Cachiros.
En otros casos como el de Ana Joselina Fortín, su voto podría haber ido
acompañado de promesas de participación política que posteriormente se verían
materializadas en su candidatura (infructuosa) a una diputación por el Partido
Nacional en las elecciones de 2017.
En la actualidad, y gracias a la presentación de los casos «Red de diputados» y «Arca abierta» por MACCIH/UFECIC, sabemos
que en los meses anteriores al nombramiento de la Corte Suprema en 2016,
diputados oficialistas y opositores tuvieron acceso a fondos públicos aprobados
desde la presidencia de la república. Dichos fondos provenían al menos de dos
fuentes: el Fondo de Desarrollo Departamental y la Institución 449.
Según Fátima Mena, en aquel contexto «el Fondo de Desarrollo
Departamental fue utilizado como uno de los mecanismos de compra de votos de
diputados de la oposición». Gracias al caso «Arca abierta» hoy sabemos que
fondos originados en la Institución 449 fueron entregados a varios diputados
del Partido Nacional, Unificación Democrática y LIBRE con la aprobación del
presidente de la república Juan Orlando Hernández, presuntamente estos
diputados se apropiaron de los recursos públicos.
La Institución 449 es un fondo manejado
por la presidencia de la república con escasa supervisión y como se puede
comprobar, con un alto potencial para ser utilizado como moneda de cambio para
favores políticos. Creado en 2002, en el marco de la Estrategia de Reducción de
la Pobreza, su presupuesto pasó de 200 millones de lempiras en 2014 a 11,450
millones de lempiras en 2018. Según diversas investigaciones, existe todo un
entramado de ONG´s dirigidas por diputados,
que son utilizadas para sustraer fondos públicos provenientes del Estado. La
entrega de fondos a estas organizaciones ha puesto en la mira de MACCIH/UFECIC
a diputados de todos los partidos, incluyendo al propio Mauricio Oliva.
El panorama dentro del Congreso Nacional es desalentador. El marcado
aumento del transfuguismo, las sospechas generalizadas de compra de votos de
congresistas, los conflictos de intereses manifiestos de los miembros del
congreso y el tráfico de influencias denotan un escenario en el que un gran
número de miembros del Poder Legislativo no representan opciones políticas
genuinas independientemente del partido al que representen, sino intereses
particulares. En este contexto, existe una estrategia permanente desde hace más
de 4 años para garantizar la impunidad por los actos de corrupción cometidos
por miembros del Poder Legislativo.
Abundan las acciones en el marco de esta estrategia, como la aprobación
de la inmunidad parlamentaria y la reactivación del fondo de desarrollo
departamental el pasado octubre. Ambos decretos van dirigidos a sostener un
sistema que facilita el intercambio de favores, el conflicto de intereses y la
impunidad en el Congreso Nacional. Y no constituyen un hecho aislado, ya que
son la continuación de los esfuerzos de un amplio sector de diputados por
enriquecerse y blindarse frente a acciones penales por delitos que hayan podido
cometer.
Entre los antecedentes a esta acción se puede mencionar la publicación
de un texto adulterado de la Ley de Presupuesto de 2017,
que permitió la liberación de los acusados en el caso «Red de
diputados», la interposición de un recurso de inconstitucionalidad contra el convenio
de la MACCIH y la aprobación de un nuevo código penal con penas reducidas para los
delitos de corrupción. En los últimos días, las bancadas del Partido Nacional
han aprobado una reforma a la Ley de Tribunal Superior Cuentas, que no es más
que el enésimo intento de bloquear todas las investigaciones de corrupción en
curso.
En este contexto, el trabajo de MACCIH/UFECIC ha sido fundamental para
revelar la existencia de la dinámica descrita en esta investigación. Es
evidente que, co mo consecuencia de su labor, existe una fuerte presión desde
el Legislativo para no renovar el mandato de la MACCIH, que podría abandonar el
país en enero de 2020. En los próximos días el ejecutivo de Juan Orlando
Hernández decidirá si renueva la misión, la transforma en otra cosa o la
cierra. La presión ciudadana y de la comunidad internacional al respecto será
clave para lograr su mantenimiento.
