Javier San Vicente
Activista en defensa de los derechos humanos
Activista en defensa de los derechos humanos
El próximo domingo 26 de noviembre se celebrarán elecciones generales en Honduras, de las que saldrá un nuevo Presidente, Congreso Nacional y autoridades municipales. El proceso electoral se celebra en un ambiente de alta polarización, debido principalmente a la voluntad del actual mandatario Juan Orlando Hernandez, del Partido Nacional, de ser reelegido en contra de lo establecido en la Constitución del país. Hay que recordar que en el 2009 el Partido Nacional se alió con otros sectores reaccionarios (y dominantes) de otros partidos, como el Partido Liberal, para dar un golpe de Estado contra el entonces Presidente Manuel Zelaya para evitar una consulta sobre la posibilidad de permitir la reelección presidencial.
Tras el golpe contra Zelaya, el Partido Liberal gobernó Honduras por unos meses, caracterizados por el autoritarismo y la corrupción. Ya en 2010, un Partido Nacional fortalecido se hizo con el poder, bajo la dirección de Porfirio Lobo Sosa. Desde entonces, las instituciones públicas y la frágil democracia hondureña han sufrido un marcado proceso de degradación, caracterizado por el fin de la separación de los poderes públicos, escándalos de corrupción y denuncias sobre el aumento de la influencia del crimen organizado en la esfera pública.
La concentración de poder en manos del Presidente Hernández se ha manifestado en sus continuas arremetidas contra la institucionalidad vigente, y ha supuesto la puesta al servicio de la presidencia de instituciones como la Corte Suprema de Justicia, el Tribunal Supremo Electoral o el Registro Nacional de las Personas; así como el manejo directo de varios programas sociales gestionados con muy poca transparencia. Además, durante la administración Hernández han salido a la luz gravísimos casos de corrupción que implican al Partido Nacional, como el escándalo del desfalco mediante múltiples tramas del Seguro Social (IHSS), incluyendo uno en la que se habrían utilizado los fondos sustraídos para financiar la campaña electoral de HERNANDEZ en 2013; y la contratación de obras públicas con empresas vinculadas al crimen organizado y otros casos como el FIFA Gate, que acabó con un expresidente del Partido Nacional extraditado a los Estados Unidos. Los señalamientos públicos sobre la vinculación de altos funcionarios y cargos electos del partido gobernante con el narcotráfico no ha dejado de producirse a lo largo de estos años, alcanzando al anterior presidente Porfirio “Pepe” Lobo, cuyo hijo fue condenado en septiembre de este año por narcotráfico por una corte en Nueva York; al hermano del presidente “Tony” Hernández, acusado de dedicarse al tráfico de drogas y de conspirar para asesinar a un Embajador de Estados Unidos en Honduras por un narcotraficante y un ex militar; y a varios diputados, ministros y alcaldes, muchos de los cuales siguen en sus puestos incluyendo al actual alcalde de San Pedro Sula y al Secretario de Seguridad. Incluso, algunos de estos políticos acusados de tener nexos con el s se presentan a la reelección personalmente o utilizando familiares y testaferros, como ocurre en los municipios de Yoro y El Paraíso.
En este complicado contexto se realizará un proceso electoral el domingo, cuya transparencia y legalidad está en tela de juicio. Las diferentes estrategias que el Partido Nacional podría implementar para realizar un fraude masivo son ya conocidas en Honduras, y varias de ellas están explicadas en este artículo. Su utilización no constituye novedad alguna ni un asunto excepcional en Latinoamérica, ya que son prácticas ampliamente utilizadas incluso en los países supuestamente más avanzados de la región, como México, Colombia, Perú o Brasil. Y es que un estado corrupto forzosamente realizará procesos electorales corruptos, marcados por prácticas opacas e ilegales, entre ellas, la utilización de los recursos sustraídos al Estado para la compra de voto, manipulación en mesas electorales y en la transmisión de resultados y compra de voluntades de los garantes del proceso.
Y a mayores niveles de corrupción, más facilidad existe para realizar un fraude de mayores dimensiones. Según un estudio elaborado por el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI) en base al análisis de los principales escándalos de corrupción producidos en los últimos años, los montos sustraídos al estado hondureño en estos actos supondrían un 4.3% del PIB, el equivalente al 35% del presupuesto de la Secretaría de Educación y el 70% de la de Salud, dos de las instituciones públicas más grandes del país. Buena parte de este dinero, cuyo paradero se desconoce, podría estar siendo utilizado para financiación ilegal de campaña y para otras prácticas dirigidas a favorecer electoralmente al partido gobernante.
Durante las dos administraciones nacionalistas posteriores al golpe de Estado de 2009 se han promovido políticas y legislación dirigidas a aumentar la opacidad en el manejo de los recursos del Estado. La falta de interés de los gobiernos nacionalistas en transparentar su acción y fortalecer la legalidad se refleja claramente en la evaluación que se realizó al país en 2017 en el marco de la Cuenta del Milenio, en la que Honduras suspende tanto en “lucha contra la corrupción” como en “estado de derecho”, y por la que se le congelan los fondos de cooperación asociados al mismo. Sin duda, esta evaluación negativa refleja la escasa capacidad y voluntad de los poderes públicos para juzgar y condenar los actos de corrupción producidos en los últimos años. Este hecho se refleja en la gran cantidad de políticas contrarias a la transparencia que se han implementado durante estos años, entre las que destacan la Ley de Secretos Oficiales, aprobada en enero del 2014. Esta ley otorga un amplio y discrecional poder a la Presidencia de la República para declarar como secretos todo tipo de documentos y acciones de los poderes públicos. Su aplicación ha permitido que 18 instituciones estén exentas de rendir cuentas de su actuación a la ciudadanía, algunas de ellas involucradas en escándalos de corrupción, como el Seguro Social, la empresa pública de gestión del agua y la de electricidad; o instituciones de importancia clave en el manejo de recursos públicos, como el Servicio de Administración de Rentas, que se encarga de administrar el sistema tributario, y Registro Nacional de las Personas, que se encarga de fiscalizar el proceso electoral, entre otras. Otro caso evidente del sesgo contrario a la transparencia del actual gobierno lo constituye la aprobación de la Ley de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización a Partidos Políticos y Candidatos, cuyo texto aprobado por el Congreso Nacional fue modificado de forma inexplicable por la Comisión de Estilo de este órgano legislativo, suprimiéndose varios de los artículos más importantes, incluyendo uno que prohibía a empresas y particulares ser beneficiarios de concesiones del Estado para financiar campañas y partidos políticos. A estas medidas legislativas hay que sumarles el manejo altamente opaco de diversos programas y proyectos de la administración nacionalista a través de la utilización de una figura que permite eludir de forma “legal” el control público sobre los mismos: el fideicomiso. Según datos de ICEFI, en 2016 existían 53 fideicomisos estatales que manejaban fondos por un valor del 1.7% del PIB. Según el entonces director de ICEFI, el economista Hugo Noé Pino, “los fideicomisos no siguen las mismas reglas de aplicación sobre el Presupuesto General de la República, sino que una vez que se sustrae el dinero del presupuesto y va a un fideicomiso, ya el manejo tiene otra dinámica, y muchas veces no es nada transparente”
Estas evidencias han hecho que la sociedad civil hondureña haya empezado a trabajar de forma muy activa para lograr transparentar tanto el manejo de fondos públicos como el tema de las campañas políticas. Desde el ICEFI, se ha trabajado para la conformación del Grupo Promotor del Dialogo Fiscal, que entregó al gobierno una propuesta de “Pacto Fiscal para el Desarrollo de Honduras”, que propone una mayor transparencia en el manejo de recursos públicos y el fin de los fideicomisos, entre otras medidas, pero el gobierno prefirió ignorar la propuesta y seguir adelante con su política de opacidad. Esta marcada falta de transparencia del gobierno reafirma a los partidos de oposición y la sociedad civil hondureña que los resultados de las elecciones del 26 de noviembre pueden ser manipulados en favor del partido gobernante.
Pero este proceso electoral no está marcado únicamente por la opacidad del gobierno en el manejo de sus cuentas y la falta de reformas electorales. Al igual que en el proceso electoral de 2013, la intimidación constituye un factor fundamental a tener en cuenta. Así, el gobierno de Juan Orlando ha realizado diferentes declaraciones dirigidas a intimidar a la oposición, especialmente a la Alianza Opositora contra la Dictadura. Entre estos hechos se destaca el intento de crear un vínculo entre las pandillas violentas o maras y la Alianza Opositora, declarando desde el gobierno que se están preparando acciones de terrorismo vinculando ambos grupos o que culpan al partido opositor del asesinato de varios activistas de partidos políticos. Otras acciones son menos sutiles, como la decisión del Tribunal Supremo Electoral de dar por válidos votos en los que se marque con insultos la foto de candidatos, que estaría dirigido a lograr dar por válidos los 230,000 votos nulos que recibieron en las primarias. Unos días antes de las elecciones, Marvin Ponce, vinculado al partido Unificación Democrática, públicamente alienado con el gobierno, hizo declaraciones en un medio de comunicación hondureño en las que certificaba la alianza de varios partidos pequeños con el Partido Nacional de cara a los comicios y los altos niveles de opacidad con los que se maneja la entrega de credenciales electorales a estos pequeños partido, insinuando el negocio que supone la venta de dichas credenciales y exponiendo como a través de este proceso se podrían manipular los resultados en las mesas.
En conclusión, se puede decir que el próximo domingo en Honduras se decidirá entre continuar un proyecto político basado en la opacidad, el autoritarismo y la corrupción, o comenzar una nueva senda, que forzosamente deberá conducir a cambios sustanciales en la conducción del Estado. El nivel de penetración de elementos criminales en la actual administración y la falta de escrúpulos del presidente Hernandez a la hora de saltarse la ley podría facilitar la continuación de un proyecto político que, además de no haber logrado solucionar los problemas de pobreza y violencia de las y los hondureños, va camino de destruir la frágil institucionalidad existente en el país. Desde la oposición, el partido con mayores posibilidades de arrebatarle la presidencia a Hernández es la Alianza Opositora contra la Dictadura, coalición de tres partidos políticos (LIBRE, auténtico PAC y PINU) de diferente signo político, que han logrado dejar de lado sus diferencias bajo la candidatura de Salvador Nasralla. La tensión es palpable estos días en el país y existe temor a que después de las elecciones se produzcan situaciones de violencia. Lo que menos le conviene a Honduras es vivir otro golpe de Estado como el de 2009. La democracia debe prevalecer, ojalá el gobierno de Juan Orlando Hernández lo entienda.
