Narcocrisis en Honduras

Publicado originalmente en Publico.es

30/11/2018

Juan Orlando Hernández está con el agua al cuello. El pasado 23 de noviembre su hermano, el exdiputado Tony Hernández fue detenido en Miami por cargos de narcotráfico y tráfico de armas. El departamento de Justicia lo acusa en un comunicado de estar “implicado en todas las instancias del tráfico a través de Honduras de cargamentos de múltiples toneladas de cocaína”. También de coordinar “el uso de ametralladoras para brindar seguridad a los envíos de cocaína”, e incluso de marcar los paquetes de cocaína con el símbolo “TH”, por Tony Hernández.

El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, visita la cárcel para reos de alta peligrosidad conocida como El Pozo. EFE/Casa Presidencial

Tras la detención, Juan Orlando Hernández se ha desvinculado de su hermano asegurando que en su familia no les habían educado para acabar de esa forma y que en Honduras nadie está por encima de la ley. De esta forma, la versión oficial es que, si Tony es culpable, Juan Orlando no sabía nada. Algo difícil de creer, más teniendo en cuenta que según la justicia estadounidense, Tony Hernández es un narcotraficante de altos vuelos, con acceso a laboratorios de cocaína en Colombia y Honduras y que durante su carrera criminal “estuvo implicado en el procesamiento, la recepción, el transporte y la distribución de cargamentos de varias toneladas de cocaína que llegaban a Honduras mediante aviones, lanchas rápidas y, al menos en una ocasión, un submarino”. ¿Es factible pensar que todas estas actividades se realizaron sin conocimiento de la inteligencia militar hondureña, y por ende del Presidente?

De lo que no cabe duda es de que, con anterioridad a su detención, ya existían fuertes señalamientos contra Tony Hernández. En octubre de 2016, el entonces Capitán del Ejército de Honduras Santos Rodríguez Orellana afirmó haber participado en un operativo en el que se decomisó un helicóptero propiedad de Tony. Según las declaraciones del capitán, tras el decomiso del helicóptero, recibió una llamada de un superior del Ejercito en la que le ofrecieron 500,000 dólares a cambio de hacer la vista gorda, oferta que posteriormente se ampliaría al millón de dólares. Debido a su negativa a aceptar estos sobornos, Rodríguez Orellana fue dado de baja de manera deshonrosa del Ejército hondureño. Del helicóptero no se volvió a saber nada. Rodríguez Orellana, afirmó también haber sido presionado por la DEA para acusar de pertenencia al narcotráfico a Tony Hernández, e incluso para involucrarlo en un supuesto plan liderado por el narco Wilter Blanco para atentar contra el entonces Embajador de Estados Unidos en Honduras James Nealon. Un par de meses después, en noviembre de 2016 Wilter Blanco fue detenido en un operativo ordenado por la DEA en Honduras. A escasas horas de su detención consiguió fugarse, al parecer con ayuda de altos mandos policiales. Lo absurdo de su fuga, unido a la cercanía temporal con las acusaciones de colusión entre Blanco y Tony Hernández causaron gran revuelo en su momento, aunque sin mayores consecuencias. Finalmente, Blanco fue capturado en Costa Rica y extraditado a Estados Unidos. Como colofón, unos meses más tarde, en marzo de 2017 el narcotraficante Devis Leonel Rivera Maradiaga, perteneciente al cartel de los Cachiros, declaraba ante una corte de Nueva York haber entregado sobornos a Tony Hernández para que agilizase el pago de deudas pendientes del gobierno hondureño con una de las empresas pertenecientes a los Rivera Maradiaga. Y es que el cartel de los Cachiros había creado una empresa llamada Inmobiliaria Rivera Maradiaga, que ganó contratos públicos al menos por un valor de 143 millones de lempiras (unos 6 millones de dólares) durante el mandato del nacionalista Porfirio Lobo Sosa (2010-2013).

Si aun así el presidente no sabía en que andaba su hermano, no puede alegar tampoco que se deba a que estuvieran distanciados. La conducta del mandatario Juan Orlando Hernández más bien indica que Tony era de su total confianza. Su involucramiento en la primera campaña presidencial del actual mandatario en 2013 fue notorio. De hecho, la esposa de Tony se ha visto salpicada en el escándalo de corrupción conocido como caso pandora: ella es la propietaria de dos locales adquiridos con dinero de la trama corrupta en un lujoso edificio de la capital hondureña. Según declaraciones del abogado de Fernando José Suarez (uno de los implicados en el caso pandora), que recientemente ha declarado su voluntad de colaborar con la justicia, estos apartamentos acabaron en propiedad de la cuñada de Juan Orlando Hernández tras amenazas y agresiones del propio Tony Hernández contra Suárez. Tampoco se puede negar, que el peso de la ley ha tardado en caer sobre Tony Hernández, y que ha sido fuera de Honduras. La justicia hondureña no solo permaneció inactiva ante los diversos señalamientos contra Tony, continua sin hacer nada tras su detención. En concreto, la Oficina Administradora de Bienes Incautados OABI no ha procedido contra los bienes del acusado y su familia. La comparación con el caso Rosenthal es inevitable. En aquel caso, tras la acusación en Estados Unidos de lavado de activos del narcotráfico contra una prominente familia de banqueros hondureños, la misma OABI procedió con celeridad al embargo de todos los bienes de los acusados. Lo mismo ocurrió con los bienes del ex Presidente Lobo, cuya casa fue embargada en el marco de un proceso por corrupción contra su esposa. La pregunta es, ¿por qué en este caso la OABI no hace nada, si el mandatario afirma que la ley es igual para todos?

Pero los señalamientos que afectan a la familia Hernández Alvarado no se limitan al caso de Tony. En el marco del denominado caso pandora también se vio involucrada otra hermana de Juan Orlando: Hilda Hernández, fallecida en un confuso accidente de helicóptero a finales de 2017. Al parecer, el deceso de Hilda evitó su imputación en el caso pandora, en el que si figura como acusado su esposo Jean Marie Peyrecave. En relación a este caso, el abogado de Suárez ha declarado que lo revelado por pandora es solo la punta del iceberg de una trama en la que se saquearon fondos públicos de diversas instituciones públicas, para favorecer las candidaturas presidenciales del propio Juan Orlando Hernández. Según Suárez, la trama era dirigida de forma directa por Hilda Hernández hasta su supuesto fallecimiento en 2017, con el conocimiento y beneplácito de los presidentes Hernández y Lobo.

Pero el involucramiento de los actuales gobernantes de Honduras con el narcotráfico va mucho más allá de estos casos. Así, en el caso de la familia del expresidente Porfirio Lobo (2009-2013), estos vínculos llegan hasta su hijo, preso por narcotráfico en Estados Unidos. Además el narcotraficante Devis Leonel Rivera Maradiaga declaró ante una corte de Nueva York que su organización financió la campaña electoral de Lobo en 2010, y que incluso se celebró una fiesta tras el triunfo electoral en casa del mandatario en la que participaron el presidente, su hermano y varios diputados oficialistas, junto con los jefes de la banda los cachiros. Devis Leonel también acusó de colusión con el narcotráfico a importantes figuras de los últimos gobiernos, como el actual Ministro de Seguridad de Honduras, Julián Pacheco Tinoco, al exministro Oscar Alvarez y a varios y alcaldes diputados nacionalistas.

En el nivel local el narcotráfico y el Partido Nacional también se han visto relacionados. Paradigmático es el caso del ex alcalde nacionalista de Yoro, Arnaldo Urbina, que fue jefe de campaña de Juan Orlando en su departamento en 2013, y actualmente está preso por liderar una banda de narcotraficantes y sicarios que todavía mantiene un férreo control político y criminal en su región. La hermana de Urbina fue diputada por el Partido Nacional y es la actual alcaldesa de Yoro. Otro caso relevante es el del municipio de El Paraíso (Copán), cuyo narco alcalde Alexander Ardón, del Partido Nacional (fugado en la actualidad) llegó a construir una réplica de la Casa Blanca como sede del gobierno local. En la actualidad el municipio es gobernado por un lugarteniente suyo bajo la égida del Partido Nacional. Ardón, que al parecer vive escondido en las montañas de Copán, llegó a realizar una aparición pública en la última campaña electoral para apoyar a su lugarteniente, que se presentaba bajo una de las listas que apoyaban la reelección de Juan Orlando Hernández Alvarado. El hermano de Ardón fue durante años el director del Fondo Vial, desde el cual otorgó contratos de obra pública a los Cachiros.

Como se ve, los vínculos entre el Partido Nacional y el crimen organizado existen en todos los niveles, revelando un patrón que podría considerarse sistemático. El hecho de que el mismo abogado lleve la defensa del hijo de Pepe Lobo, de Tony Hernández, y de Rafael Callejas genera la sensación de que todos ellos forman una comunidad de intereses que gira alrededor del Partido Nacional. Sensación que se ve reforzada por las declaraciones de numerosos líderes del partido, en las que arremeten contra la justicia estadounidense y hacen llamados a la defensa de la independencia de Honduras.

La Honduras posterior al golpe de Estado de 2009 sufrió un marcado proceso de degradación política, que la llevo a convertirse en un auténtico narco estado. La llegada al poder en 2010 de un Partido Nacional que se sintió hegemónico creo una serie de incentivos perversos que llevaron al país por la senda de la violencia y la corrupción. En este contexto se produjo un gigantesco desfalco del Instituto Hondureño del Seguro Social, se financiaron campañas políticas con dinero destinado a apoyar a mujeres pobres, se dilapidaron los fondos de la oficina de Presidencia y del Despacho de la Primera Dama y se crearon enormes redes de corrupción en gran parte de las instituciones públicas. Además, la vida política del país, que se había caracterizado por su escasa conflictividad, se volvió profundamente inestable. A finales de 2017, Juan Orlando Hernández logró presentarse a la reelección, violando lo dispuesto en la propia constitución del país, y se realizó el proceso electoral más polarizado en décadas en el país. Un conteo de votos plagado de irregularidades y caídas de sistema provocó una masiva movilización ciudadana contra el fraude, que degeneró en represión militar. Como resultado, más de 30 personas asesinadas. La misión de observación electoral de la Organización de Estados Americanos recomendó que se repitieran los comicios en el nivel presidencial, aunque su propuesta no fue atendida. En la actualidad, el mandatario Juan Orlando Hernández es ampliamente percibido como ilegitimo en Honduras. Sin embargo, el respaldo incondicional de sectores militares le permite continuar en el poder, con lo cual el futuro de Honduras sigue siendo un enigma.

El Fondo Social Departamental y la corrupción en el Congreso

Publicado en Criterio.hn

El pasado 8 de noviembre, en una inusual votación a mano alzada, el Congreso Nacional aprobó la restitución del Fondo de Desarrollo Departamental, que a partir de ahora se conocerá como Fondo Social Departamental, con el apoyo de diputados de casi todas las bancadas del Congreso Nacional. Solo los congresistas del PINU, el liberal Dario Banegas y Jari Dixon de Libertad y Refundación se opusieron.

El Fondo de Desarrollo Departamental fue creado en 2006, en el marco de la Estrategia de Reducción de la Pobreza ERP. Desde su creación fue utilizado por el Congreso Nacional en sucesivas legislaturas para financiar proyectos de desarrollo presentados por los parlamentarios y aprobados por la Comisión de Presupuesto, contando con un presupuesto anual de 400 millones de lempiras desde el año 2011 (el 25% del presupuesto del Hospital Escuela Universitario). Desde ese año, la asignación del fondo quedaba en manos de una Comisión de Presupuesto del Congreso controlada por el Partido Nacional y sus partidos satélites.

En diciembre de 2017 en el marco de la investigación de MACCIH “red de diputados”, se presentó un requerimiento fiscal en el que se acusaba a 5 diputados de haberse apropiado de recursos públicos del Fondo de Desarrollo Departamental, supuestamente dirigidos a la implementación de proyectos de desarrollo. Como consecuencia de esto, a principios de 2018 se eliminaba este fondo. Los 5 diputados pertenecían a partidos opositores al gobierno, y en 2016 votaron en el Congreso Nacional a favor del nombramiento de varios magistrados para la Corte Suprema de Justicia propuestos por el gobierno de Juan Orlando Hernández, en la mayoría de los casos en contra de la disciplina de partido. Meses más tarde, estos mismos magistrados dieron al Presidente Hernández el aval jurídico necesario para presentarse a la reelección, en violación flagrante de lo establecido en la constitución hondureña. De los diputados vinculados a esta trama, dos de ellos fueron expulsados de su bancada y partido (LIBRE). Otro de ellos fue expulsado de la Democracia Cristiana. Con posterioridad, el entonces vocero de la MACCIH Juan Jimenez Mayor, manifestaría que las investigaciones adelantadas por esta misión internacional involucraban a más de 140 diputados. Tras estas declaraciones de Jimenez Mayor el Congreso Nacional aprobó en enero de 2018 una Ley de Presupuesto, cuya redacción fue alterada de forma ilegal y que acabaría sirviendo de pretexto para archivar el caso red de diputados, hecho que derivaría en otra investigación de MACCIH conocida como pacto de impunidad. De esta forma, quedaba evidenciada la rapidez con que las instituciones públicas hondureñas reaccionan a una investigación dirigida por MACCIH – UFECIC que podría haber afectado a relevantes figuras del mundo político hondureño.

En la actualidad, conocer cuál fue el funcionamiento del Fondo de Desarrollo Departamental es extremadamente difícil. Para la documentación de este artículo se presentaron varias solicitudes de información pública, dirigidas al Congreso Nacional y a la Secretaria de Finanzas, con el objeto de conocer los proyectos que se aprobaron en el marco del fondo, así como su monto y los diputados vinculados a los mismos. También se solicitó acceso a las liquidaciones de estos proyectos. Sin embargo, ambas instituciones negaron acceso a información alguna, aduciendo que dichos expedientes estaban secuestrados por el Ministerio Público. De esta forma, lo más que podemos saber, es que una misión internacional de lucha contra la corrupción presentó una investigación en la que se establecía un entramado dirigido por congresistas opositores y dedicado a sustraer recursos públicos del fondo.

En este contexto, parece poco recomendable reinstaurar un mecanismo como el del Fondo Social Departamental, que podría servir para crear más incentivos perversos que contaminen el correcto funcionamiento de la vida parlamentaria. Sorprende especialmente que desde la oposición en general, y la bancada de LIBRE en particular, se apoye la restauración de un mecanismo que dejaría en manos de la presidencia del Congreso Nacional y de su Comisión de Presupuesto, la asignación de fondos a diputados de todos los partidos. Más teniendo en cuenta los funestos antecedentes de este fondo, ya comentados en este artículo. Vale la pena señalar, para completar el cuadro, que la Comisión de Presupuesto, encargada de supervisar este fondo, está actualmente compuesta por 6 diputados nacionalistas, 2 liberales, y 1 de LIBRE, otro de la DC y otro de UD, de los cuales 5 están señalados en investigaciones de MACCIH y el CNA por su implicación en el caso pandora, pacto de impunidad, y sendos desfalcos en la Secretaria de Salud y el INFOP.

A principios del siglo pasado el empresario bananero Samuel Zemurray afirmaba que en Honduras era más barato un diputado que una mula. Poco parece haber cambiado desde entonces. Dan prueba de ello los numerosos escándalos de corrupción que se viven en el país, así como hechos como la masiva (y escandalosa) ola de transfuguismo que vivió el Congreso Nacional durante la legislatura pasada. En ella, las bancadas de LIBRE y el PAC perdieron más del 25% de sus diputados, que acabaron mayoritariamente sumándose a las filas del gobernante Partido Nacional o sus partidos satélites. El profundo conflicto que se produce actualmente al interior del Partido Liberal también parece indicar un fuerte impacto de los intereses y agendas ocultas en las decisiones de los congresistas, que, en vez de seguir la disciplina de partido, orientan su accionar con base a consideraciones no explicitadas. Si no aprendemos de la historia, estamos condenados a repetirla.

Centroamérica (de nuevo) frente al abismo

Publicado en Publico.es
El 31 de agosto de 2018 fue un día turbulento para las muy precarias democracias centroamericanas. En horas de la mañana llegaba la noticia de la expulsión de la misión de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos de Nicaragua. El gobierno de Ortega, de forma exabrupta e intimidatoria, daba dos horas a dicha misión para salir del país, y apostaba efectivos policiales en los alrededores del hotel donde se encontraba. Unas horas más tarde, el Presidente de Guatemala Jimmy Morales realizaba una rueda de prensa rodeado de militares en la que manifestaba su decisión de proceder a la expulsión de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, también vinculada a las Naciones Unidas. Aunque la decisión no se hará efectiva hasta septiembre de 2019, vehículos militares fueron desplegados de forma intimidatoria en las inmediaciones de la CICIG y de la Corte Constitucional del país. En horas posteriores se observaba un constante movimiento de vehículos militares por varias de las zonas más exclusivas de la capital guatemalteca.
Ambos incidentes, extremadamente graves, pusieron de manifiesto la volátil situación política y social en Centroamérica, así como el fortalecimiento del autoritarismo en la región. En el caso Nicaragüense, la expulsión se produjo unos días después de que la misión de la ONU presentase un durísimo informe sobre violaciones de derechos humanos cometidas durante las protestas ciudadanas de los últimos meses. El informe habla de más de 300 personas fallecidas y 2,000 heridos. También señala como principal responsable de la situación al propio gobierno, y denuncia el “uso desproporcionado de la fuerza por parte de la policía, que a veces se tradujo en ejecuciones extrajudiciales; desapariciones forzadas; obstrucción del acceso a la atención médica; detenciones arbitrarias o ilegales con carácter generalizado; frecuentes malos tratos y casos de torturas y violencia sexual en los centros de detención; violaciones a las libertades de reunión pacífica y expresión, así como la criminalización de los líderes sociales, personas defensoras de los derechos humanos, periodistas y manifestantes considerados críticos con el Gobierno”. El gobierno de Ortega abandonaba con la expulsión de la misión los últimos ademanes de colaboración con la comunidad internacional, para proseguir su violenta huida hacia delante.
En el caso guatemalteco se expulsaba a una CICIG que en los últimos años ha sacudido con fuerza el sistema político nacional. En 2015, la comisión llevó a juicio al entonces presidente Otto Perez Molina y a su vicepresidenta Roxana Baldetti, por un caso de corrupción aduanera. El presidente se vio forzado a dimitir y ambos fueron finalmente condenados. Con posterioridad, la CICIG presentó acusaciones contra diversos altos cargos del país, incluyendo a influyentes magistrados y al ex presidente Álvaro Colom. Las relaciones entre la CICIG y el gobierno de Jimmy Morales han sido muy tensas, habiendo llegado el presidente a declarar “non grato” al jefe de la misión, el colombiano Iván Velásquez. Dicha decisión fue posteriormente revertida por la Corte Constitucional. El autoritario Jimmy Morales perdió la paciencia tras la solicitud de la CICIG el pasado 10 de agosto de iniciar la apertura de antejuicio en su contra por un caso de financiamiento electoral ilícito. Tras un repliegue estratégico de unos días, el mandatario decidió expulsar a la misión de manera expedita el 31 de agosto. Según un reporte de la revista Insight Crime, días antes el presidente había realizado un viaje secreto a Estados Unidos, en el que podría haber buscado apoyos en Washington para su atrevido movimiento. Las declaraciones del Presidente durante la rueda de prensa del 31 de agosto, en las que aseguró que no acatará resoluciones judiciales ilegales, despertaron fuertes temores en la sociedad Guatemalteca, entre los que no se destaca la posibilidad de autogolpe.
Los eventos ocurridos el 31 de agosto, ponen de manifiesto la profunda crisis de los sistemas democráticos centroamericanos. Los mismos se ven influidos por poderosas corrientes autoritarias y están atravesados por inextricables redes de corrupción, que han logrado cooptar sus instituciones en favor de los intereses de determinados grupos. En Nicaragua, la pareja presidencial formada por Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo, han logrado transformar un partido de origen revolucionario como el Frente Sandinista de Liberación Nacional FSLN en un auténtico negocio familiar. Durante este proceso, los antiguos revolucionarios realizaron alianzas con la empresa privada y la Iglesia Católica para garantizar su hegemonía y ampliar su clientela a la oligarquía local. Al mismo tiempo, construyeron un nuevo estado, identificado con el partido y con la pareja presidencial, cuyo carácter autoritario y controlador acabó llevándolos a cometer los terribles crímenes de los últimos meses. Por otro lado, en Guatemala la corrupción está profundamente ligada a un sistema político atomizado, en el que los partidos nacen y mueren con cada proceso electoral y cuya raíz corrupta no ha podido ser extirpada por la CICIG. Con la salida de Perez Molina del poder en 2015, algunos sectores creyeron posible que se abriese un ciclo de regeneración democrática. Sin embargo, la elección como Presidente de Jimmy Morales cerraba esa puerta. Morales llegó a la política guatemalteca como un “outsider”, habiéndose desempeñado anteriormente como humorista televisivo (el programa que protagonizaba tenía un fuerte tufo conservador y el propio Morales representaba personajes con marcado carácter racista). Desde un primer momento se lo consideró un representante de sectores militares y ultraderechistas, con un largo historial de corrupción a sus espaldas. De esta forma, se cerraba la posibilidad de comenzar un proceso de regeneración nacional.
En Honduras la situación es también complicada. El autoritario Juan Orlando Hernandez es ampliamente percibido como un gobernante ilegitimo, por haber sido reelecto de manera ilegal y en un proceso electoral que fue calificado por la OEA como de baja calidad. Tras el golpe de estado de 2009, Honduras sufrió un proceso de descomposición de su sistema político y social, que lo llevó a convertirse en el país más violento del mundo en 2012, y en la principal ruta del narcotráfico, que hundió sus raíces con firmeza en el sistema político. La degradación del sistema se ha manifestado en eventos como las revueltas tras el (fraudulento) proceso electoral de 2017, que provocaron decenas de muertes. Tras estas protestas, el ya marcado carácter autoritario del régimen se vio intensificado. La violencia política campa a sus anchas en el país, donde casos como el asesinato de la ambientalista Berta Cáceres van camino de terminar en la impunidad. El 31 de agosto también se produjeron acontecimientos dramáticos en Honduras, cuando se conoció que dos estudiantes de secundaria hallados ejecutados en Tegucigalpa habían sido detenidos horas antes por la policía. Ambos habían participado recientemente en protestas contra el gobierno. Por otra parte, y al igual que en Nicaragua y Guatemala, la problemática de corrupción e impunidad es generalizada en Honduras. En 2015, en respuesta a una serie de protestas en el país, se creó una misión similar (aunque algo descafeinada) a la CICIG, conocida como Misión Internacional Contra la Corrupción e Impunidad en Hondura – MACCIH, dependiente de la Organización de Estados Americanos – OEA. Desde su creación, la MACCIH ha pasado por un tortuoso viaje, en el que ha tenido que enfrentar la oposición a su trabajo de los poderes públicos. La presentación de investigaciones que implican a altos funcionarios, incluyendo las familias del actual presidente y de su antecesor, han puesto en la mira del gobierno a la MACCIH, cuya estructura debe ser fortalecida para lograr resultados palpables. Sin embardo, la coyuntura actual en la región debilita su posición, especialmente tras la decisión tomada por Morales en Guatemala.
También se observan señales preocupantes en Costa Rica, un país que tradicionalmente se ha considerado la excepción en la región. El malestar se hizo patente este año, cuando un candidato de derecha dura, vinculado al evangelismo más recalcitrante paso a la segunda vuelta presidencial y casi se hace con el poder. Además, la masiva salida de nicaragüenses huyendo de la violencia y represión en su país ha provocado una oleada xenófoba en Costa Rica, que amenaza con quebrar el estatus quo de un país que aún se vanagloria de no tener fuerzas armadas.
En El Salvador el gobierno del izquierdista Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional FMLN hace frente a una fuerte crisis económica, al tiempo que el país se hunde en la violencia de las maras. A pesar de esto, y a diferencia de los casos anteriores, no se prevén tumultos políticos en los próximos meses, aunque parece inevitable la salida del FMLN, que actualmente está hundido en las encuestas.

Para rematar una crítica situación en la región, el contexto internacional no es muy favorable. Elementos como la crisis política permanente en Venezuela o el “factor Trump” no invitan al optimismo. La dramática situación política en Nicaragua es una seria advertencia sobre lo que podría ocurrir en otros países de la región. La crisis está en marcha y los próximos meses serán decisivos para el futuro de la región.

Que se abra más la caja de pandora en Honduras

Publicado en Expediente Público

El 13 de junio la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), en conjunto con la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad y la Corrupción (UFECIC), presentó ante las autoridades hondureñas una amplia investigación sobre corrupción conocida como el caso «Pandora».

El caso revela la desviación de fondos de la Secretaría de Ganadería y Agricultura (SAG) destinados a apoyar a mujeres en situación de pobreza, para financiar campañas políticas y engordar los bolsillos de los implicados durante las elecciones de 2013.

La investigación implica tanto a miembros del gobernante Partido Nacional, como del opositor Partido Liberal y al partido FAPER. Entre los 38 imputados hay caras conocidas como Elvin Santos, destacado líder del Partido Liberal y empresario de la construcción, con vínculos comerciales con las últimas administraciones nacionalistas. También vincula a veteranos diputados nacionalistas como Rodolfo Irías Navas (siete periodos en el Congreso) y a Celín Discua (cinco periodos). También fue acusado Jean Marie de Peyrecave, viudo de Hilda Hernández, hermana del Presidente Hernández, fallecida en un accidente de helicóptero a finales de 2017. En los últimos días se vinculó al caso a la actual primera dama de Honduras Ana García, que habría recibido más de 60 mil dólares a través de cheques emitidos por una de las empresas vinculadas al caso.

Una historia sin fin

Honduras arrastra un grave problema de corrupción desde su nacimiento como República. A principios del siglo XIX, las dinámicas geopolíticas coloniales y poscoloniales dejaron al país en una situación de debilidad, en la que se configuró una nefasta relación entre una reducida élite política criolla y los «inversores internacionales», basada en el tráfico de influencias y la opacidad. Durante las primeras décadas del siglo XX, el país se convirtió en un enclave para compañías bananeras estadounidenses, que hacían y deshacían gobiernos a su antojo. En aquellos años, un empresario bananero llegó a afirmar que «en Honduras una mula vale más que un diputado», haciendo referencia al alto grado de corrupción existente en aquella época. Con posterioridad, el país se vio golpeado por otras dinámicas internacionales como la guerra fría, la guerra a las drogas o el neoliberalismo, que no permitieron un desarrollo democrático de sus instituciones.

Llegado el siglo XXI, Honduras padeció una severa crisis política como consecuencia del golpe de Estado del 28 de junio de 2009, que derrocó al gobierno de Manuel Zelaya Rosales. Tras esta ruptura del orden democrático, el sistema político hondureño, basado en el bipartidismo entre el Partido Nacional y el Partido Liberal, entró en un proceso de descomposición. El resultado fue un gobernante Partido Nacional fortalecido electoralmente, que vio la oportunidad de inaugurar un periodo de hegemonía política en el país.

Pasados 9 años de gobiernos nacionalistas, tres procesos electorales altamente cuestionados y una crisis poselectoral a finales de 2017 y a principios de 2018 que dejó más de 30 muertos, la hegemonía nacionalista muestra algunos signos de desgaste. Sin duda la indignación social contra la corrupción podría llegar a determinar el destino político del país en los próximos años.

Para tratar de arrojar algo de claridad sobre la maraña de corrupción e impunidad que actualmente impera en Honduras, es necesario analizar por separado varios aspectos clave del fenómeno: el alcance y lamagnitud de los casos de corrupción en Honduras; el marco legal y el contexto político que favorecen la impunidad; y, los factores de quiebre del sistema de impunidad imperante en el país.

Alcance y magnitud de casos de corrupción en la Honduras actual

No es posible realizar una medición exacta de la magnitud de la corrupción en Honduras. Sin embargo, desde organizaciones de sociedad civil se han realizado diferentes ejercicios para tratar de darle un valor estimado. La organización FOSDEH cifra en un 4.5% del PIB el valor de los recursos que pierde el Estado por culpa de la corrupción cada año.

Para dar un panorama más claro al respecto se hace una breve referencia a los principales casos de corrupción revelados en los últimos años, que sin duda solo representan una pequeña muestra de lo que podría estar ocurriendo en el país, dadas las limitadas capacidades investigativas existentes:

Desfalco del Instituto Hondureño de Seguridad Social - IHSS

El desfalco del IHSS consiste en una trama de corrupción con múltiples ramificaciones, que supuso la sustracción de unos 200 millones de dólares de esta institución. El modus operandi de esta trama se basó en la utilización de empresas fantasmas para realizar cobros por bienes y servicios inexistentes, o la sobrevaloración de bienes y servicios realmente prestados. El propio presidente Juan Orlando Hernándezreconoció públicamente que su campaña electoral de 2013 se financió parcialmente con fondos provenientes de este desfalco, sin mayores consecuencias jurídicas.

Este caso ha sido investigado por el Consejo Nacional Anticorrupción y varios de sus responsables guardan prisión. La sociedad hondureña respondió con indignación ante estas revelaciones, y en mayo de 2015 se creó el conocido «movimiento de los indignados», quienes se movilizaron durante varios meses en las llamadas «marchas de las antorchas».

Entre las exigencias de ese movimiento destacó la instalación de una misión internacional de apoyo al Poder Judicial para luchar contra la corrupción, liderada por Naciones Unidas, a imagen y semejanza de la Comisión Internacional Contra la Corrupción y la Impunidad en Guatemala (CICIG).

La magnitud y frecuencia de las protestas llevó al gobierno de Hernández a negociar con la Organización de Estados Americanos la instalación de la MACCIH en 2016, cuyo mandato y competencias, aunque mucho más limitados que los de la CICIG, sin duda suponen un importante paso en la lucha contra la corrupción en Honduras.

Astropharma

Este caso reveló una trama que se dedicó a la venta de medicamentos de mala calidad (en algunos casos se trataba de cápsulas de harina) por parte de la empresa Astropharma al sistema de salud publico hondureño. La empresa en cuestión es propiedad de Lena Gutiérrez, vicepresidenta del Congreso Nacional durante las administraciones de Pepe Lobo y parte de la de Juan Orlando Hernandez. En todo momento, el Partido Nacional apoyó firmemente a la señora Gutiérrez, que estuvo en arresto domiciliario al mismo tiempo que seguía siendo vicepresidenta del Congreso. Uno de los testigos protegidos del caso sufrió unatentado en 2015, cuando recibió cinco disparos, uno en la cabeza. En febrero de 2018, la señora Gutiérrez quedó en libertad por resolución de la Corte Suprema de Justicia, que continua con el proceso judicial en su contra.

Caso Red de Diputados

El caso conocido como Red de Diputados fue presentado por MACCIH-UFECIC a los tribunales hondureños en diciembre de 2017, en plena crisis postelectoral. La investigación presentada reveló la existencia de una Red de Diputados que se apropió ilegalmente de fondos públicos destinados a proyectos sociales que fueron desviados para uso personal. Cuatros diputados y una diputada se valieron de una ONG que recibía fondos para proyectos sociales de la Secretaría de Finanzas y del Congreso Nacional. Los cinco diputados pertenecían a partidos opositores al gobierno, y en 2016 votaron en el Congreso Nacional a favor del nombramiento de varios magistrados para la Corte Suprema de Justicia propuestos por el gobierno de Juan Orlando Hernández, en la mayoría de los casos en contra de la disciplina de partido.

Meses más tarde, estos mismos magistrados dieron al Presidente Hernandez el aval jurídico necesario para presentarse a la reelección, en violación flagrante de lo establecido en la constitución hondureña. De los diputados vinculados a esta trama, dos de ellos fueron expulsados de su bancada y partido (LIBRE) tras aquella votación para nombrar a los nuevos magistrados de la Corte Suprema. Otro de ellos fue expulsado de la Democracia Cristiana.

Con posterioridad, se supo que la investigación realizada por la MACCIH–UFECIC alcanzaba a muchos más diputados. En declaraciones a un medio de comunicación español, el entonces vocero de la MACCIH afirmó que podría afectar a unos 140 diputados, en lo que calificó como una «vasta red».

Lamentablemente, este caso acabó siendo archivado por la jueza que lo estaba conociendo, quien trasladó acciones al muy politizado Tribunal Superior de Cuentas (TSC) y dejó en libertad a los acusados. Todo ello se realizó bajo el amparo de la recién aprobada Ley de Presupuesto para 2018, sobre la que se darán más detalles posteriormente.

La caja chica de la dama

En este caso está directamente involucrada la exprimera dama y esposa de Porfirio Lobo (2010-2014), Rosa Elena Bonilla. La investigación presentada por la MACCIH–UFECIC en febrero de 2018, reveló la existencia de una trama que operó entre 2011 y 2014, mediante el desvío de fondos destinados a obras sociales y manejados por la oficina de la primera dama por un valor de 16 millones de lempiras (más de 600 mil dólares).

La reacción del expresidente Lobo a la detención de su esposa no se hizo esperar. En una llamada realizada a uno de los programas de debate político más populares del país, aseguró que cinco personas con mucho poder en Honduras se reunieron en casa presidencial y decidieron entregar a su esposa como «ofrenda» a una MACCIH en crisis tras la salida del anterior vocero Juan Jiménez Mayor. Unos días antes, el gobierno hondureño había procedido a embargar bienes a la exprimera dama, encontrando al entrar en su vivienda en Tegucigalpa, 16.7 millones de lempiras en efectivo. Una cantidad casi idéntica a la que se le acusa de sustraer en la investigación presentada en su contra. En los meses posteriores, y con la atención mediática más centrada en otros asuntos, una Corte de Apelaciones hondureña redujo el peso de las acusaciones contra la señora Bonilla al recalificar los delitos imputados y le devolvió todos los bienes embargados. El caso sigue en marcha.

Caso Pacto de Impunidad - Fe de erratas

Este caso, presentado en marzo de 2018 por la MACCIH, tiene relación directa con el archivo del proceso conocido como «Red de Diputados». Su origen está en la aprobación de la Ley de Presupuesto de 2018 en enero de 2018. Esta ley, siguiendo el proceso legislativo común, fue sometida a aprobación por el Congreso y posteriormente fue publicada en el diario oficial La Gaceta. La sorpresa surgió cuando la versión publicada en este diario contenía una disposición que no fue votada en el Congreso, según afirmó la MACCIH tras revisar exhaustivamente los videos de la sesión parlamentaria correspondiente.

Dicha disposición ordenaba al Tribunal Superior de Cuentas realizar una auditoría de tres años de duración y que cubriría todos los fondos públicos gestionados, recibidos, administrados y ejecutados por servidores públicos, Congreso Nacional y otras entidades entre los años 2006 y 2018. Además, establecía que, durante ese periodo de tres años de auditoria, no procedería «ninguna acción judicial para reclamar ningún tipo de responsabilidad, ya sea esta administrativa, civil o penal». De esta forma y como se comentó anteriormente, se estaba cerrando la posibilidad de que desde la MACCIH se presentasen más investigaciones sobre corrupción, ya que su mandato terminaría antes del fin de la auditoria. Aunque posteriormente se publicó una «fe de erratas» en La Gaceta, se mantuvo el precepto introducido con algunas modificaciones en su redacción.

En el caso «fe de erratas», la MACCIH presentó acusación contra siete diputados (uno de ellos Secretario del Congreso) y una exparlamentaria por manipulación del texto legal efectivamente aprobado en el Congreso. Es importante señalar que la citada exparlamentaria, Ana Joselina Fortín, en su momento diputada del opositor PAC, también votó en 2016, contraviniendo la disciplina de partido, en favor de la nueva Corte Suprema de Justicia que acabaría permitiendo la reelección de Juan Orlando Hernández. Este proceso lleva meses pendiente de una resolución judicial al respecto, que ha sido retrasada inexplicablemente.

Como respuesta a este proceso, el pleno del Congreso Nacional, con los votos a favor del Partido Nacional y sus aliados, emitió una declaración afirmando la falsedad de las acusaciones contra los diputados encausados. En julio de 2018 el Secretario del Congreso e imputado por este caso Tomás Zambrano, presentó una moción para reformar la Ley Orgánica del Poder Legislativo para facultar a los secretarios del Congreso Nacional a modificar el contenido de lo aprobado y ratificado por el pleno de parlamentarios. La moción fue aprobada.

Caso Pandora

Se trata del último caso presentado pciamiento ilegal de campañas políticas en 2013 y varios casos de enriquecimiento personal. Entre los acusados figuran algunos de los diputados nacionalistas con mayor antigüedad en el Congreso, un exalcalde nacionalista preso por vínculos con el narcotráfico, un recientemente fallecido exministro de finanzas de Porfirio Lobo, y un cuñado del Presidente Hernández. También aparecen señalados destacados líderes opositores como Elvin Santos del Partido Liberal.

Así, se revelaba que fondos provenientes de una administración del Partido Nacional fueron a parar a las arcas del Partido Liberal y de sus dirigentes, en un momento (2013) en el que se produjo un pacto político entre el Partido Nacional y Liberal para marginar de instituciones clave como el Ministerio Público, el Registro Nacional de las Personas o el Tribunal Supremo Electoral a los opositores y emergentes partidos LIBRE y PAC.

Tras la presentación del caso a las autoridades competentes, los tribunales hondureños analizaron la información recibida y no procedieron de forma inmediata a la captura de los acusados. Las órdenes de captura fueron emitidas un mes después de presentado el caso, como resultado de las presiones del gobierno estadounidense, que horas antes había hecho pública la retirada de la visa a la jueza Alma Guzmán, por haber liberado a los acusados del caso «red de diputados».

La mayoría de los acusados se presentó de forma voluntaria ante el tribunal que, tras una audiencia inicial de varios días de duración, decidió dejar en libertad con cargos a todos los procesados, con la excepción del señor Jacobo Regalado, a quien se le dictó prisión preventiva. En la misma resolución, la jueza eliminó la acusación por lavado de activos (el delito más grave que se imputaba a los acusados), y la sustituyó por el delito de encubrimiento, con una pena mucho más baja.

El 27 de julio, un medio de comunicación hondureño informaba de la existencia de un supuesto nuevo requerimiento fiscal en el marco de este caso, que ya estaría en manos del Ministerio Publico y en el que se acusaría a otros 54 congresistas y ex congresistas. Según la información difundida, los diputados serian miembros del Partido Nacional (31 congresistas), Partido Liberal (12 congresistas), Partido Libre (8 congresistas), Democracia Cristiana (2 congresistas) y Unificación Democrática (1 congresista).

Otros:

Los casos mencionados hasta ahora solo son una muestra de lo que podría estar ocurriendo en el país. En los últimos años, se han multiplicado las revelaciones de nexos directos entre el crimen organizado y las instituciones públicas. Hay alcaldes presos por narcotráfico, como el de Yoro. Otros tienen orden de captura y están fugados, como el de El Paraíso, Copán, que durante la última campaña electoral se dio el lujo departicipar en un acto proselitista en favor de su testaferro y actual alcalde del municipio, durante el cual mostró su apoyo incondicional a la reelección del presidente Hernández.

Desde tribunales de Estados Unidos, narcotraficantes de la organización criminal conocida como «Los Cachiros» han vinculado con sus actividades al actual Ministro de Seguridad, al alcalde de San Pedro Sulay a varios políticos del más alto nivel. También han sido señalados públicamente por vínculos con el crimen organizado el hermano del presidente Hernández y el expresidente Pepe Lobo, cuyo hijo cumple condenapor narcotráfico en Estados Unidos y en cuyo gobierno el crimen organizado recibió jugosos contratos públicos.

Existen además en el país numerosos conflictos relacionados con las licencias otorgadas por el gobierno para la explotación de recursos naturales, en cuya administración se observa altos niveles de opacidad y favoritismo. El asesinato de la líder indígena Berta Cáceres fue precisamente en el contexto de su oposición a uno de estos proyectos. El caso está siendo investigado por la MACCIH.

Marco legal y contexto político que favorecen la impunidad

La corrupción en Honduras constituye un fenómeno estructural, con gran afectación en todos los poderes del Estado. Ya se han mencionado algunas de las causas de este fenómeno, relacionadas con la historia del país y sus últimas crisis políticas. A estas es fundamental añadir una nueva clave: un marco legal inadecuado para la lucha contra la corrupción e impunidad.

Ya se ha hecho referencia a algunas de estas normativas, como la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, o la Ley de Presupuesto de 2018, pero también existen otras como la «Ley de Secretos», la Ley Especial del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, la Ley de Promoción de Alianzas Público-Privadas,o la Ley del Programa Voluntario de Rescate, Promoción y Fomento del Sector de las Comunicaciones, que contienen aspectos sumamente preocupantes y que podrían estar dando cobertura a sectores corruptos de la clase política hondureña.

Es evidente que la clase política gobernante en Honduras no quiere remover el avispero de la corrupción, ni ve con buenos ojos el trabajo que se realiza desde la MACCIH o el CNA. El diputado nacionalista y vicepresidente del Congreso Nacional Antonio Rivera Callejas ya dijo públicamente el pasado enero que «la MACCIH quiere desestabilizar el país».

Prueba de la falta de aprecio de la clase política hacia la MACCIH es la sobresaltada (y breve) vida de la institución. La presentación de un recurso de inconstitucionalidad contra su convenio de creación, interpuesta por el Secretario del Congreso, Tomás Zambrano, es un caso paradigmático de este tipo de «sobresaltos». Aunque finalmente la Corte Constitucional emitió un pronunciamiento verificando la legalidad del convenio, el fallo contiene varias disposiciones entre sus considerandos que podrían poner en peligro su viabilidad y capacidad de actuación.

La salida del anterior vocero Juan Jiménez Mayor, estuvo precedida de fuertes presiones y acciones en su contra. Él mismo denunció que sectores corruptos habían contratado un bufete de abogados para tratar de deslegitimarlo, vinculándolo al escándalo Odebrecht en Perú, su país natal. La salida de Jiménez Mayor fue amarga, y aunque los dardos lanzados por el exvocero fueron dirigidos al Secretario General de la OEA Luis Almagro, sin duda los enemigos internos que tenía en Honduras pesaron mucho sobre su salida.

El nombramiento de un sustituto a Jiménez Mayor se produjo varios meses después de su salida, debido a la actitud de bloqueo del gobierno de Hernández, a pesar de que desde la OEA se propuso con rapidez el nombramiento en el cargo del brasileño Luiz Antonio Marrey Guimaraes. El nombramiento del nuevo vocero se produjo de forma simultánea a la firma de una carta de 10 puntos entre la OEA y el gobierno de Honduras, que desde algunos sectores de sociedad civil se teme pueda suponer una limitación al mandato de la MACCIH.

Factores de quiebre del sistema de impunidad imperante en el país

La problemática de la corrupción, como fenómeno estructural al interior de la sociedad y el estado hondureño, presenta diversos factores de quiebre que, en los próximos años y si se combinan de forma adecuada, podrían llevar a un cambio positivo en el país.

El primero de estos factores de quiebre lo constituye la movilización ciudadana contra la corrupción. La movilización de los indignados de 2015 constituye todo un referente al respecto. La capacidad de las y los hondureños de replantearse sus estrategias de movilización y lograr hacer presión ante instituciones y partidos políticos será la clave fundamental de la deriva del país.

Otro factor de quiebre fundamental será el trabajo que se realice desde organismos clave como la MACCIH–UFECIC y el CNA, así como desde los medios de comunicación independientes. La presentación de nuevos casos de corrupción puede servir como revulsivo para la movilización social, y para presionar al gobierno para que reforme el marco legal existente y tome medidas contra los corruptos. La importancia de este factor en el actual panorama supone una fuerte debilidad de cara a avanzar en el proceso de cambio necesario, ya que la existencia de la MACCIH está muy vinculada a la propia voluntad del gobierno de renovar su convenio una vez se venza el periodo de vigencia inicial. Además, y más allá de la importancia de los casos presentados por la MACCIH, la dependencia del sistema de justicia hondureño de un organismo internacional supone una réplica de anteriores modelos de dependencia externa.

Para lograr un impacto sostenible del trabajo de la misión, será fundamental avanzar en la independencia de instituciones clave del sector justicia como el Ministerio Público y el Poder Judicial. Lamentablemente, el panorama político actual no es proclive a que se produzcan este tipo de reformas, como lo pone de manifiesto el proceder de los poderes públicos descrito en este artículo.

Un tercer factor de quiebre de este sistema lo constituyen las presiones que los socios internacionales de Honduras realicen sobre el Estado para lograr las reformas necesarias. Sin embargo, es evidente que las relaciones políticas, económicas y militares que tiene Honduras con su principal socio, Estados Unidos, están basadas en muchas más consideraciones que la lucha contra la corrupción (relaciones comerciales, lucha contra el narcotráfico, consideraciones geopolíticas…).

Conclusiones

La corrupción en Honduras, como fenómeno estructural, ha crecido en los últimos años y alcanza a la mayor parte de las instituciones del Estado. Existe todo un proceso de concentración de poder alrededor de la Presidencia de la República, dirigido inicialmente a dar una legitimación jurídica a la reelección presidencial, y que ha generado un modelo de Estado autoritario y opaco. El propio entorno del Presidente Hernández está salpicado por la corrupción (recordemos el caso de su cuñado, su hermano y su esposa comentados anteriormente).

Además, se observa que miembros de partidos opositores están involucrados en tramas corruptas, en las que supuestamente habrían recibidos fondos públicos con origen en el poder ejecutivo en el momento exacto en que sus partidos realizaban alianzas políticas con el gobierno (vinculadas al nombramiento de una nueva Corte Suprema de Justicia, nuevo Fiscal General, y nuevas autoridades del Registro Nacional de las Personas y el Tribunal Supremo Electoral).

La maraña de intereses existentes, la inestabilidad política imperante a nivel nacional y regional y la incertidumbre sobre el futuro de las relaciones internacionales en la era Trump, dibujan un panorama poco claro para Honduras. Parece evidente que solo una potente movilización social logrará sacudir los cimientos en los que se asienta el fenómeno de la corrupción en Honduras.