Juan Orlando Hernández (una vez más) contra Honduras

Publicado en Criterio.hn

Honduras vive nuevamente una profunda crisis política y social, que ha degenerado en disturbios generalizados en el país y que tiene contra las cuerdas al actual mandatario del país, Juan Orlando Hernández Alvarado. El conflicto sociopolítico en Honduras, que tras las cuestionadas elecciones de 2017 tiene un carácter permanente, se vio intensificado a finales del pasado mes de abril, tras la introducción en el Congreso Nacional de la Ley de Reestructuración y Transformación del Sistema de Salud y Educación y varios decretos complementarios, elaborada por presiones del Fondo Monetario Internacional con el objetivo de garantizar el pago puntual de la deuda a los acreedores internacionales de Honduras. La aprobación de esta normativa fue interpretada por sindicatos y asociaciones médicas y docentes como una amenaza, y fue calificada como una “masacre laboral”, al generar temores de que conllevase importantes recortes en el gasto público y que desembocara en despidos masivos de personal.

La movilización de los sectores implicados fue inmediata. Los últimos días de abril se vivieron fuertes protestas en todo el país, en las que los gremios afectados por la reforma se vieron arropados por amplios sectores opositores. Las protestas degeneraron rápidamente en violentos choques con las fuerzas represivas hondureñas. Durante las mismas, se produjeron cortes de carretera, quema de edificios y se pudo observar a civiles armados junto a la policía abriendo fuego contra los manifestantes. Antes de finalizar el mes de abril, el gobierno tuvo que dar marcha atrás y suspender la tramitación de esta normativa. Esta victoria de los movimientos sociales evidenció la debilidad del gobierno de Juan Orlando Hernández, acosado por escándalos de corrupción, nexos con el crimen organizado, la percepción de ilegitimidad por la mayor parte de la población y debilitado por los malos resultados económicos de su gobierno y el aumento de la pobreza.

Como consecuencia de la suspensión del trámite parlamentario de los decretos en cuestión, las protestas se detuvieron en el país. Sin embargo, el 20 de mayo las principales organizaciones y sindicatos de los sectores de salud y educación, aglutinados en la Plataforma de Defensa de la Salud y la Educación, volvieron a realizar acciones de protestas. Desde ese momento, el conflicto ha ido escalando hasta llegar a la situación actual, en la que las protestas son masivas en todo el territorio. De nada sirvió que el gobierno derogase de forma definitiva los decretos, al mismo tiempo que compraba a parte de la dirigencia sindical. La absoluta falta de credibilidad del mandatario ante los gremios médico y docente, y ante la sociedad hondureña, han generado el actual escenario, en el que la única salida viable pasa por la renuncia de Juan Orlando Hernández y la creación de un gobierno de transición. Y es que está muy vivo en la memoria colectiva las consecuencias del fraudulento proceso electoral de 2017 y posterior crisis, que supuso la culminación del ilegal proyecto reeleccionista de Hernández, la destrucción del estado de derecho y la institucionalización de la corrupción política al más alto nivel. Por lo demás, el rotundo fracaso del diálogo para resolver la crisis poselectoral, promovido por Naciones Unidas, evidenció la mala fe del gobierno y su falta de disposición a encontrar soluciones negociadas a los problemas del país.

En los últimos días, la situación de seguridad se ha deteriorado todavía más, derivando a un escenario de caos social. El país está paralizado por las protestas, en las que diariamente se producen cientos de tomas de carreteras y vías públicas, donde manifestantes cortan la circulación mediante la colocación de barricadas. Las escenas de insurrección incluyen algunas tan impactantes como la quema de la puerta principal de la Embajada de Estados Unidos durante una manifestación; imágenes de decenas de camiones ardiendo, propiedad de una importante compañía bananera; y quemas y saqueos de negocios en los centros urbanos. Aunque no hay reportes claros al respecto, a la fecha en la que se escribe este articulo diferentes fuentes afirman que se habrían producido al menos 2 muertos y 20 heridos en el contexto de las protestas, solo en Tegucigalpa. En otras regiones del país como Colón,Atlántida o La Paz se reportaban enfrentamientos entre militares y población que habrían provocado un número indeterminado de muertos y heridos. Adicionalmente a estos hechos de violencia se han producido varias situaciones que han aumentado la tensión , como el paro parcial de transportistas que se produjo el 19 de junio y que dejó sin combustible a varias regiones del país; o la huelga de brazos caídos de varios cuerpos represivos del país, que culminaron en enfrentamientos entre las fuerzas del orden, en los que fue gaseada la cúpula policial por sus propios subalternos. Estos hechos generaron escasez de efectivos policiales, lo que facilitó un aumento de la intensidad de las protestas.

Lo cierto es que la continuidad del gobierno de Juan Orlando Hernández parece cada vez más insostenible. Su falta de legitimidad es tan grande, que ha llegado a pronunciarse en su contra el exembajador de Estados Unidos en Honduras, Hugo Llorens. Él, que fue embajador durante el golpe de Estado de 2009, afirmó que la calamitosa situación actual se produce como consecuencia del socavamiento de la constitución por parte de Hernández para aprobar su reelección y la torpeza política de Donald Trump de crear alianzas con un gobierno de esta naturaleza. Y es que el de Juan Orlando fue un gobierno polémico desde el primer día.

Su primer mandato se inauguró con la revelación de uno de los mayores escándalos de corrupción que ha vivido el país en las últimas décadas: el desfalco del Instituto Hondureño del Seguro Social. Este escándalo, que supuso la sustracción de más de 300 millones de dólares, salpicó directamente al mandatario, que tuvo que reconocer que su campaña electoral se benefició de fondos de la trama corrupta. Desde entonces, la corrupción se ha convertido en toda una seña de identidad del gobierno.En estos años se han revelado tramas que involucran a una gran cantidad de diputados del Congreso Nacional, altos cargos del gobierno y sus familiares. En concreto, Juan Orlando Hernández y su familia son acusados de dirigir una trama que drenó 4,500 millones de lempiras (186 millones de dólares). Adicionalmente, durante los últimos años se ha visto un fuerte repunte de las violaciones a los derechos humanos y la persecución de activistas y opositores. El asesinato de la lideresa lenca Berta Cáceres en 2016 es un crimen emblemático de esta oscura etapa.

Otro de los fenómenos que ha caracterizado a este gobierno ha sido la penetración del narcotráfico en las instituciones. En los últimos años la justicia estadounidense ha procesado a varias decenas de hondureños por el delito de narcotráfico, entre los que destaca el propio hermano del presidente de Juan Orlando, Tony Hernández, acusado de controlar laboratorios de cocaína en Colombia y Honduras. En su declaración a las autoridades, el hermano del presidente afirmó que desde antes de que Juan Orlando llegase a la presidencia, el restaurante que su familia posee en su ciudad natal era un punto de encuentro habitual de las principales cabezas del narcotráfico hondureño. Adicionalmente, algunos capos del narcotraficante como Devís Leonel Rivera Maradiaga, han realizado declaraciones a la justicia estadounidense vinculando a altos cargos del gobierno como el actual Secretario de Seguridad, Julián Pacheco, el anterior presidente Porfirio Lobo y otros políticos de alto nivel que han seguido en su cargo sin mayor consecuencia.

Pero el rasgo más característico del periodo presidencial de Juan Orlando Hernández ha sido el de la cooptación de los poderes públicos por parte de la Presidencia en un proceso dirigido a permitir al mandatario continuar en el poder más de los 4 años que permite la constitución. En el camino, se llevó por delante la división de poderes, logrando niveles de injerencia históricos en el poder legislativo, que una vez puesto a su servicio empleó para controlar el poder judicial. Como resultado de este proceso, en los últimos años las tramas de corrupción que involucran a congresistas oficialistas y opositores se han multiplicado. En este sentido y en el marco de una investigación de una de estas tramas, la Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad Corrupción (Ufecic) del Ministerio Público argumenta que “muchas iniciativas legislativas y proyectos de gobierno, (que) para su aprobación no alcanzan el consenso o la cantidad de votos requerida por mayoría simple o calificada o bien no gozan del respaldo popular, terminan siendo aprobadas, gracias a acciones de chantaje, canonjías, prebendas o favores políticos o personales”. Fue a través de este tipo de acciones que en 2016 el Congreso Nacional escogió a los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia, en un proceso que generó una oleada inédita de transfuguismo en el legislativo, renovando un organismo como la Corte Suprema, sobre el que ya tenía un control absoluto. Prueba de ello es el papel que la Corte tuvo para dar vía libre a las ambiciones reeleccionistas de Juan Orlando Hernández a través de un polémico fallo judicial de 2015.

Tras lograr esa resolución judicial, Juan Orlando lanzó una carrera de fondo para lograr su reelección. Sin embargo, los resultados iniciales del conteo de los comicios presidenciales de 2017 no fueron favorables a sus ambiciones. Tras conocerse los datos de conteo real durante la noche de las elecciones, el sistema se “cayó”, iniciando una crisis postelectoral que genero fuertes protestas y decenas de muertos. Tras un polémico proceso de auditoria realizado por unas autoridades electorales controladas por el presidente, Juan Orlando Hernández fue declarado vencedor, a pesar de las abundantes evidencias de fraude y la recomendación de la Misión Electoral de la Organización de Estados Americanos de repetir las elecciones. De forma incomprensible, la Misión Electoral enviada por la Unión Europea se limitó a hacer pequeñas recomendaciones de carácter técnico, dando un balón de oxígeno a un gobierno que sufría su mayor crisis de legitimidad a la fecha.

Tras esta situación, la legitimidad de Hernández se ha visto fuertemente socavada. Desde noviembre de 2017 el país vive sumido en una crisis política permanente, con focos de alta conflictividad en varias regiones del país como los departamentos de Choluteca (región sur) o Colón (región norte). Una característica común de todos estos conflictos es que, a pesar de estar originados en crisis sectoriales, han sido arropadas por amplias capas sociales cuya movilización supera las lógicas gremiales y partidistas, y van dirigidas a lograr la salida de Hernández, cuyo régimen es calificado de “narcodictadura”.

Con todos estos antecedentes, resulta sorprendente que el gobierno de Juan Orlando Hernández se mantenga en el poder y sea aceptado como un socio legitimo por la mayor parte de la comunidad internacional, ya que hasta la fecha mantiene solidos vínculos con sus principales socios, que no cuestionan su actuación. De entre todos ellos, los principales son el gobierno de Estados Unidos y el Fondo Monetario Internacional. Desde el punto de vista estadounidense, hasta le fecha se considera a Hernandez un excelente aliado en la lucha contra el narcotráfico, a pesar de las múltiples evidencias que vinculan al mandatario y a su entorno con la criminalidad organizada. Los contradictorios antecedentes de Estados Unidos, y sus alianzas inconfesables en el marco de la guerra contra las drogas y su política contrainsurgente (Noriega en Panamá, Juan Ramón Matta en Honduras, el uribismo paramilitar en Colombia) ilustran la falta de interés real del gigante norteamericano en terminar su absurda guerra a las drogas, cuya continuidad le permite seguir interviniendo en los asuntos de otros estados, incluyendo Honduras. El único asunto que amenaza la estabilidad de las relaciones con Estados Unidos es el fenómeno migratorio, masivo y en crecimiento y que podría llevar a un impredecible Trump a tomar medidas contra Honduras.

Para el Fondo Monetario Internacional la administración Hernández constituye un sólido aliado. En su evaluación no se valora el hecho de que durante su gobierno haya aumentado la pobreza (del 64% en 2009 al 27% en 2018 según Foro Social de la Deuda Externa de Honduras – FOSDEH). Lo único que parece importar a la institución multilateral es que el gobierno hondureño garantice el pago estable de la deuda con sus acreedores internacionales. Alejandro Kaffati de FOSDEH, afirma que “un evento clave para fortalecer las relaciones entre el fondo y el gobierno fue la aprobación de la Ley de Responsabilidad Fiscal de 2016, en la que se estableció un marco fiscal restrictivo, que en los hechos ha supuesto fuertes limitaciones de la inversión pública en salud y educación”. El objetivo de esta ley, y de la actual tramitación de los decretos de reestructuración de los sectores de salud y educación siempre ha sido el mismo: ofrecer las máximas garantías de pago a los acreedores internacionales de Honduras. Paradójicamente, el FMI ha precipitado la presente crisis, al forzar al Estado hondureño a realizar recortes de gasto en sectores sensibles. Llama la atención que el fondo no solicite recortes en los dos sectores cuyo gasto ha crecido más en los últimos años: Seguridad y Defensa.

Mas allá de sus dos socios principales, el gobierno de Juan Orlando recibe un trato benévolo y complaciente de la mayor parte de la comunidad internacional. Sin ir más lejos, el gobierno español, a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), ha colaborado estrechamente en distintos proyectos con el gobierno, entre los que destaca el de aprobación de un nuevo código penal para Honduras. Dicho código, escrito con la asesoría de un juez español, ha servido al gobierno para subir penas de los delitos relacionados con la protesta social, bajar las penas de delitos de corrupción y dificultar los procesos de extradición por casos relacionados con el tráfico de drogas. En otros casos, el juego de intereses es más evidente, como en el caso de Israel, que a cambio de su apoyo militar y de inteligencia a Honduras logró que se trasladase la Embajada de Honduras en Israel a Jerusalén. En cuanto a la Unión Europea, no solo sorprende la tibieza de su análisis electoral, también resulta desconcertante que en sus relaciones de cooperación con el gobierno hondureño privilegie la figura del apoyo presupuestario, sobre todo teniendo en cuenta el ambiente de corrupción generalizada existente en el país (bajo esta modalidad, los fondos son ejecutados por el gobierno sin seguimiento del donante).

Como se ha analizado el contexto interno en Honduras está altamente convulsionado, mientras que no existen condiciones a nivel internacional para presionar al gobierno y lograr una salida satisfactoria de este conflicto. El día 21 de junio, el gobierno decidió desplegar al ejército en todo el país para reprimir las protestas, recibiendo las críticas de organizaciones internacionales de defensa de derechos humanos comoAmnistía Internacional o el OACNUDH. A pesar de esta acción intimidatoria, las protestas han seguido en marcha y en los próximos días la situación podría tomar tintes todavía más dramáticos. Ante la brutalidad gubernamental y la apatía o incluso la colaboración de la mayor parte de la comunidad internacional, se hace patente el origen de una de las principales características de la idiosincrasia política hondureña: la total falta de confianza entre la población hacia cualquier iniciativa internacional para “solucionar” los problemas del país. ¿Sigue el mundo viendo a Honduras como una república bananera?

Almost half a century after it began, here’s how America’s ‘war on drugs’ is still devastating Latin America

Publicado originalmente en The Independent

If you need insight into the alarming levels of social and political violence and the degradation of Latin America’s already fragile democracies in recent decades, you should pay attention to the dramatic increase of cocaine and marijuana trafficking.
Since the promotion of the so-called “war on drugs” by the United States during the 1970s, crime related to drug trafficking has increased, becoming one of the key problems faced by the region. Some 50 years later, it’s worth questioning what it has meant for the countries in which narcotics are produced and trafficked.

It’s all too clear that the drug war has not managed to stop the flow of illegal substances to consumers. In the case of the coca plant, government policies have barely managed to reduce areas of land in which the crop is cultivated, and technological advances have enabled a greater level of production per hectare.

On the other hand, drug use has not visibly reduced; in many countries in which drugs are produced and trafficked, consumption rates have actually increased.
A few years after the start of the drug war, the cocaine trade had already infiltrated the highest echelons of power in several countries in the region.
Around this time in Colombia, Pablo Escobar had already gained notoriety as a drug baron, and was preparing to move into politics, a strategy that would later be substituted by the criminal violence industry.

Over subsequent decades, drug money financed the activities of a variety of armed groups, resulting in the explosion of the paramilitary phenomenon in Colombia – a phase known as the “degradation of the internal armed conflict”, which resulted in hundreds of thousands of killings and the displacement of millions.
While under siege due to national armed conflicts in several countries in the late 1970s, Central America experienced an increase in the influence of military power structures.
The triumph of the Sandinista revolution in Nicaragua in 1979 provoked the intensification of pressure from the US on the region, in what could be considered one of the last stands of the Cold War.
US agents negotiated with Honduran drug baron Juan Ramón Matta, in order to finance with dirty money the Nicaraguan Contras and the counterinsurgency in Guatemala and El Salvador. Honduras (and Guatemala) would later form a key part of the cocaine route, serving as a bridge between the South American producer countries and Mexico.
At the turn of this century, major Mexican cartels entered by force in Central America as a result of the Mexican drug war led by president Felipe Calderón (2006-2012). Following their arrival, the levels of violence in the region drastically increased, leading the three countries of the so-called Northern Triangle (Honduras, Guatemala and El Salvador) to become amongst the most violent on the planet.

The case of Colombia is paradigmatic. The Peace Agreement signed by the Colombian government and the FARC guerrilla group in 2016, fuelled expectations amongst the civilian population in general and human rights defenders in particular, but as yet it has failed to deliver the promised results.
According to the Information System regarding Aggressions against Human Rights Defenders from 2016 to June 2018, 263 human rights defenders were assassinated, with a significant increase in the number of attacks being registered in 2018.
The influence of organised crime groups in Colombia’s power structures was highlighted by the revelations of the notorious “parapolítica” scandal, which saw more than 60 senators imprisoned for their links with illegal armed groups.

The Central American case presents several parallels with Colombia. The were a series of bloody civil wars in the region during the 1980s and 1990s which ended with the signing of Peace Agreements, the last of which being in Guatemala in 1996. Since then, however, the levels of violence in the region have not diminished.
Following the end of a conflict which left more than 200,000 dead and 45,000 forcibly disappeared, certain power structures in Guatemala reconfigured and ended up participating in the new models of organised crime, repression, and territorial control.
The relationship between important political and military groups with drug traffickers has grown stronger since the 1980s.

After the 2009 coup d’état, Honduras experienced a period of political degradation, which led to major militarisation and a severe increase in organised crime activity and violence. The drug trade has so effectively penetrated state institutions that even the top echelons of the police force and the military have been linked to the cartels.
The serious levels of violence and impunity that the country faces have been major factors in propelling forced migration in Honduras, currently in the news due to migrant caravans making their way towards the United States.
But the state response in the context of the drug war has only served to further aggravate the situation. The eradication of coca in Colombia, for example, hasn’t generated particularly positive results.

One report shows that 38 leaders and members of the National Coordination for Coca, Poppy Seed and Marijuana Producers have been assassinated between 2017 and June 2018. And on top of that, there’s been an increase in authoritarianism and the implementation of emergency measures, justified by the supposed aim of combatting criminal activity.
In Honduras, militarisation of public security has seen an increase in human rights violations, especially in moments of acute political crisis. It’s no coincidence that in the key countries on the drug trafficking route homicide rates are among the highest on the planet, and far above those considered by the UN as representative of epidemic violence.
The work of human rights defenders has become particularly dangerous, to almost heroic proportions. These people put their own lives on the line and are forced to confront a culture of fear and silence violently imposed by organised crime groups born out of the drug war paradigm. According to a 2016 Global Witness report, in Honduras alone, 123 environmentalists were murdered between 2009 and 2016.

Putting a stop to an illegal economy which has reached these heights obviously requires great international coordination, including the tireless persecution of activities related to money laundering in the international banking system.
But we won’t achieve this while there is a lack of transparency in the financial sector, and while tax havens continue to operate. The solution to the global drug dilemma should be based on human realities.
Maria Useche is programme support officer at Christian Aid, Javier San Vicente is programme officer at Christian Aid Honduras and Nathalie Mercier is programme officer at Christian Aid Guatemala

Guerra contra las drogas y Derechos Humanos: los casos de Colombia, Honduras y Guatemala

Publicado en Publico.es

En las últimas décadas, el tráfico de cocaína y marihuana ha crecido exponencialmente en Latinoamérica, reflejándose en alarmantes niveles de violencia social y política, que han supuesto una degradación de los frágiles procesos democráticos. La conocida como guerra contra las drogas se ha mostrado como una política contraproducente. No solo ha fracasado en lograr una reducción significativa del consumo de estupefacientes, sino que ha producido graves daños colaterales, como el fortalecimiento de la delincuencia organizada asociada al narcotráfico. Desde la propugnación de esta política por Estados Unidos en los años 70, el fenómeno delincuencial asociado al tráfico de drogas se ha transformado en uno de los mayores problemas que enfrenta la región. Tras casi 50 años del inicio de esta “guerra” cabe preguntarse qué ha supuesto para los países de producción y tránsito de estupefacientes.

Es evidente que esta política no ha logrado frenar el flujo de sustancias ilícitas hacia los consumidores. En el caso de la coca, apenas se ha logrado reducir el área total de cultivo, habiéndose además producido notables avances técnicos que han permitido un aumento de la productividad por hectárea. Por otro lado, el consumo de drogas tampoco se ha reducido visiblemente. Por el contrario, en varios de los países de producción y tránsito el consumo de estas sustancias ha aumentado.

Un miembro de banda narcotraficante MS-13 muestra pequeñas bolsas de plástico que contienen cocaína en San Pedro Sula, Honduras. REUTERS/Goran Tomasevic

Unos años después del inicio de esta política, a finales de los años 70, el negocio de la cocaína ya permeaba las altas esferas en varios países de la región. Para esas fechas Pablo Escobar ya era un notorio narcotraficante en Colombia y se preparaba para dar su salto a la política, estrategia que posteriormente sustituiría por la violencia narcoterrorista. En las siguientes décadas, el dinero del narcotráfico serviría para financiar las actividades de grupos armados de diferente signo, desembocando en el auge del fenómeno paramilitar en Colombia, en un proceso conocido como la “degradación del conflicto armado interno”. En el proceso se produjeron cientos de miles de asesinatos y millones de personas desplazadas por la violencia.

También a finales de los 70, una Centroamérica asolada por varios conflictos armados nacionales vivía un ascenso del poderío militar. El triunfo de la revolución sandinista en Nicaragua en 1979 intensificó la presión de Estados Unidos sobre la región, en lo que constituyó el ultimo recrudecimiento de la Guerra Fría. En ese contexto, agentes estadounidenses se involucraron con el narcotraficante hondureño Juan Ramón Matta para financiar con dinero sucio a la contra nicaragüense y la contrainsurgencia en Guatemala y El Salvador. Desde entonces, Honduras (y Guatemala) se convertirían en un punto clave del tránsito de cocaína, al servir como puente entre los países productores sudamericanos y México.

Ya entrado el siglo XXI, las grandes organizaciones del narcotráfico mexicanas entraban a sangre y fuego al territorio centroamericano, como consecuencia de la política de guerra al narco emprendida en México por Felipe Calderón. A partir de su llegada, los niveles de violencia en la región aumentaron drásticamente, convirtiendo a los tres países del triángulo norte (Honduras, Guatemala y El Salvador) en los más violentos del planeta.

La criminalidad organizada surgida en el contexto de la guerra contra las drogas, una vez asentada en la región, se ha constituido en un actor disruptivo de los procesos políticos, al servir como refuerzo de las dinámicas violentas causantes de los diferentes conflictos sociales, militares y de seguridad. El caso colombiano es paradigmático. El Acuerdo de Paz firmado en 2016 entre el gobierno y las FARC, que generó grandes expectativas entre población y defensores de derechos humanos, no está mostrando los resultados esperados. Según el Sistema de Información sobre Agresiones contra Defensores y Defensoras de Derechos Humanos en Colombia-SIADDHH, de 2016 a junio de 2018 se produjeron 263 asesinatos de defensores de derechos humanos, habiéndose producido un aumento significativo de los ataques en 2018. Existe consenso entre las organizaciones colombianas en atribuir este auge de los crímenes a “disputas por la tierra y el territorio (…) intereses de explotación minera o de otros recursos naturales, tráfico de drogas, microtráfico, cultivos de uso ilícito y sustitución de estos”.

Como actores causantes de dichas violaciones se señala a grupos paramilitares (Autodefensas Gaitanistas, Águilas Negras…), disidencias de las FARC y miembros de la guerrilla del ELN. La supervivencia de estas “disidencias”, originadas tras los procesos de paz de 2003 con los paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia, y de 2016 con las FARC evidencian incentivos perversos que el negocio de la droga ofrece a los grupos armados para continuar con sus actividades delictivas, más allá de cualquier supuesto objetivo político o social. Así, se da la paradoja de que, tras la desmovilización de las FARC, las cifras de ataques a defensores/as indican retrocesos para la consolidación de una paz estable y duradera, manteniéndose Colombia como de los países con las cifras más altas de asesinatos a defensores/as de derechos humanos. La influencia del crimen organizado en los poderes públicos colombianos quedó en evidencia por las revelaciones producidas en el conocido escándalo de la parapolítica, que llevó a prisión a más de 60 senadores por vínculos con grupos armados ilegales.

El caso centroamericano presenta numerosos paralelismos con la realidad colombiana. La región se vio involucrada en una fase de conflictos armados de alta intensidad en los años 80 y 90, que se dio por finalizada con las firmas de acuerdos de paz, el último de los cuales fue el de Guatemala en 1996. Desde entonces, los niveles de violencia en la región no han disminuido. En el caso guatemalteco, tras dar por cerrado un conflicto que generó más de 200,000 asesinados y 45,000 desaparecidos, se observó como ciertas estructuras de poder experimentaron un reacomodo para para acabar participando en nuevas manifestaciones de crimen organizado, represión y control territorial. Tal es el caso de la unidad de élite del ejército guatemalteco, los Kaibiles, conocidos por su brutalidad y responsables de varias de las masacres más sangrientas en los 80, incluyendo el ocurrido en Las Dos Erres (Petén) en 1981. Tras la finalización del conflicto armado, numerosos miembros de los Kaibiles pasaron a engrosar las filas de los Zetas, uno de los carteles mexicanos más sanguinarios, que logró una fuerte implantación en territorio guatemalteco. Un colaborador eficaz en un juicio sobre la masacre de 27 campesinos -varios de los cuales fueron decapitados- en 2011, indicó que “los Zetas solo reclutaban a militares guatemaltecos y mexicanos. Preferían a quienes ya eran kaibiles y se encontraban fuera del Ejército. […] Ellos —los Zetas— ingresaron a Guatemala en el 2003”.

En Honduras el narcotráfico creció paralelamente al poderío militar y la intervención estadounidense. Según documentos desclasificados de la National Security Agency – NSA, en pleno recrudecimiento de la guerra fría en los años 80 el narcotraficante hondureño Juan Ramon Matta estableció una aerolínea que se dedicaba a traficar cocaína de Centroamérica a Estados Unidos, y cuyos aviones regresaban al istmo cargados de armas destinadas a la contra nicaragüense. Desde entonces las relaciones entre importantes sectores políticos y militares con el narcotráfico se han estrechado.

Tras el golpe de Estado de 2009, Honduras sufrió un proceso de degradación política, que llevó a una fuerte militarización del país y a un aumento considerable de las actividades del crimen organizado y de los niveles de violencia. La penetración del narcotráfico en las instituciones es tal, que en los últimos años han sido vinculados con los diversos carteles los miembros de las cúpulas policiales y militares, el presidente Juan Orlando Hernandez y su hermano (recientemente detenido por narcotráfico y tráfico de armas), el expresidente Porfirio Lobo y su hijo (condenado en Estados Unidos), así como varios ministros, diputados y alcaldes. Los altos niveles de violencia e impunidad alcanzados han sido uno de los principales motores de la migración forzada en Honduras, visibilizada internacionalmente por la caravana migrante que actualmente se dirige hacia Estados Unidos.

En Centroamérica, se ha generado un fenómeno social “sui generis” como consecuencia, entre otros factores, de la guerra contra las drogas: las pandillas juveniles o “maras”. Localizadas tanto en ámbitos urbanos como rurales, ejercen un férreo control armado de barrios y colonias. En su origen en los años 90, fueron conformadas por jóvenes centroamericanos deportados de Estados Unidos y que replicaron en sus países los modelos de organización de las pandillas en California, cuya existencia giraba alrededor del narcomenudeo. Al llegar a Centroamérica, se encontraron en un entorno de exclusión social, pobreza y falta de oportunidades para los jóvenes, que, unido al vacío institucional y a la impunidad reinante, condujo al crecimiento y diversificación de las fuentes de ingresos de las maras, que actualmente incluyen la extorsión, el sicariato, y otro tipo de actividades ilícitas.

La respuesta de los Estados en el contexto de la guerra contra las drogas agrava aún más la situación. Políticas como la de aspersión con glifosato en Colombia suponen un importante riesgo para la salud de la población campesina. La erradicación de coca en Colombia tampoco ha dado resultados especialmente positivos. En los primeros dos meses del Gobierno de Iván Duque, “los homicidios en zonas de sustitución de cultivos aumentaron un 35% con respecto a agosto, septiembre, y octubre de 2017” según la Fundación Ideas Para la Paz. Según otro reporte, solo entre enero de 2017 y junio de 2018 han sido asesinados 36 líderes y miembros de la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca Amapola y Marihuana-COCCAM.

Además, los operativos militares contra el narcotráfico, dirigidos y sufragados en la mayor parte por Estados Unidos, se ejecutan garantizando la totalidad impunidad de los implicados, aumentando la vulnerabilidad de la población residente en las rutas del narcotráfico. En este sentido, es paradigmático el caso de la conocida como Masacre de Ahuas, ocurrida en Honduras en 2012 y en la que fueron asesinadas cuatro personas inocentes en el marco de un oscuro operativo liderado por la DEA. Seis años después de los hechos, no se ha procesado a ninguno de los responsables.

El aumento del autoritarismo y la implementación de políticas de excepción es otro de los resultados de esta guerra, justificadas con el objetivo de combatir la criminalidad. La militarización social en Colombia ha producido dramáticas violaciones a los derechos humanos, como la sucesión de masacres contra población civil realizada por las Autodefensa Unidas de Colombia, el escándalo de los falsos positivos o el reclutamiento forzado de jóvenes y menores por el ejército y otros actores armados. En Honduras, es el ejército a través de la Policía Militar de Orden Público, el encargado de velar por la seguridad en las calles. La militarización de la seguridad pública en Honduras ha conllevado un aumento de las violaciones a los derechos humanos, especialmente en contextos de crisis política como el golpe de Estado de 2009 o las protestas por el fraude electoral de 2017. También en Guatemala el combate a la criminalidad ha sido usado como pretexto para la instalación de nuevos destacamentos militares, especialmente en áreas de altos niveles de conflictividad social generada por la presencia de megaproyectos, tal como ha pasado en el municipio de San Juan Sacatepequez. Además, la utilización del concepto de “lucha contra el terrorismo”, común a toda la región, en muchos casos sirve para atacar a los movimientos sociales. En 2016 en Guatemala, la Fundación contra el Terrorismo, formada por exmilitares, presentó una querella contra tres defensores de derechos humanos, a los que acusaba de constituir un grupo de crimen organizado por participar en movimientos opuestos a varios proyectos mineros.

No es casualidad que en los países clave para las rutas de este negocio ilegal las tasas de homicidios sean especialmente elevadas, muy superiores a la considerada por Naciones Unidas como de violencia epidémica (10 homicidios por cada 100,000 personas). En este contexto, la defensa de los derechos humanos se ha vuelto una tarea especialmente riesgosa, casi heroica. Las personas que se dedican a esta labor exponen su vida y deben vencer una cultura del miedo, del silencio, impuesta a sangre y fuego por organizaciones criminales nacidas bajo el paradigma de la guerra contra las drogas. Según un informe de Global Witness de 2016, solo en Honduras se contabilizan 123 ambientalistas asesinados entre 2009 y 2016. Es paradigmático el caso de la líder indígena Berta Cáceres, asesinada en marzo de 2016 y cuyos autores intelectuales siguen impunes. Además, más de 70 periodistas han sido asesinados en el país desde 2001, en muchos casos con gran saña y con el objetivo de causar el mayor terror posible. Casos como el Nahum Palacios o Alfredo Villatoro, están directamente relacionados con la cobertura de temas relacionados con el crimen organizado y sus conexiones con la política.

El narcotráfico constituye un problema de carácter transnacional en el que la demanda de productos ilegales genera beneficios extraordinariamente grandes. Christian Aid reconoce la complejidad de esta problemática resaltando en uno de nuestros informes las carencias de “la narrativa contra-narcótica dominante y el análisis de base del sistema de seguridad de las Naciones Unidas”, que aborda la problemática como si fuera independiente – algo parecido a un tumor maligno que puede ser aislado y eliminado quirúrgicamente de un cuerpo sano. A diferencia de esta visión, en el mismo informe Christian Aid interpreta el narcotráfico como un fenómeno que está “hilado dentro del mismo tejido de muchas sociedades”.

Lograr frenar una economía ilegal de estas proporciones requeriría sin duda de mayor coordinación internacional. Esto debe incluir una persecución feroz de las actividades de blanqueo de beneficios realizadas en el sistema financiero internacional (o lavado de dinero), que no será posible mientras siga existiendo el secreto bancario y los paraísos fiscales, además de la laxa actitud de los gobiernos frente a la gran banca. Apostar únicamente por medidas como la militarización o la aspersión con glifosato solo traerá mayores problemas sociales, ambientales y de seguridad, así como una mayor vulnerabilidad de la población en general y los defensores de derechos humanos en particular. Desde numerosos foros, se recomienda abrir el debate hacia otros enfoques, más basados en consideraciones de salud pública, y no de seguridad nacional. Las propuestas a este respecto contenidas en el acuerdo de paz colombiano pueden servir de referente, aunque para lograr su éxito se requerirá de la voluntad política real de las partes.

Con el ánimo de aportar un grano de arena a esta problemática relacionada con la lucha contra las drogas, Christian Aid trabaja desde varios frentes, incluyendo la defensa de defensores/as de derechos humanos, transformación económica de economías ilegales a legales (sustitución de cultivos ilícitos), fortalecimiento de sociedad civil y políticas de prevención de violencia y otros. Desde nuestra óptica la solución a la problemática de las drogas debe cambiar a un paradigma más humano.

Narcocrisis en Honduras

Publicado originalmente en Publico.es

30/11/2018

Juan Orlando Hernández está con el agua al cuello. El pasado 23 de noviembre su hermano, el exdiputado Tony Hernández fue detenido en Miami por cargos de narcotráfico y tráfico de armas. El departamento de Justicia lo acusa en un comunicado de estar “implicado en todas las instancias del tráfico a través de Honduras de cargamentos de múltiples toneladas de cocaína”. También de coordinar “el uso de ametralladoras para brindar seguridad a los envíos de cocaína”, e incluso de marcar los paquetes de cocaína con el símbolo “TH”, por Tony Hernández.

El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, visita la cárcel para reos de alta peligrosidad conocida como El Pozo. EFE/Casa Presidencial

Tras la detención, Juan Orlando Hernández se ha desvinculado de su hermano asegurando que en su familia no les habían educado para acabar de esa forma y que en Honduras nadie está por encima de la ley. De esta forma, la versión oficial es que, si Tony es culpable, Juan Orlando no sabía nada. Algo difícil de creer, más teniendo en cuenta que según la justicia estadounidense, Tony Hernández es un narcotraficante de altos vuelos, con acceso a laboratorios de cocaína en Colombia y Honduras y que durante su carrera criminal “estuvo implicado en el procesamiento, la recepción, el transporte y la distribución de cargamentos de varias toneladas de cocaína que llegaban a Honduras mediante aviones, lanchas rápidas y, al menos en una ocasión, un submarino”. ¿Es factible pensar que todas estas actividades se realizaron sin conocimiento de la inteligencia militar hondureña, y por ende del Presidente?

De lo que no cabe duda es de que, con anterioridad a su detención, ya existían fuertes señalamientos contra Tony Hernández. En octubre de 2016, el entonces Capitán del Ejército de Honduras Santos Rodríguez Orellana afirmó haber participado en un operativo en el que se decomisó un helicóptero propiedad de Tony. Según las declaraciones del capitán, tras el decomiso del helicóptero, recibió una llamada de un superior del Ejercito en la que le ofrecieron 500,000 dólares a cambio de hacer la vista gorda, oferta que posteriormente se ampliaría al millón de dólares. Debido a su negativa a aceptar estos sobornos, Rodríguez Orellana fue dado de baja de manera deshonrosa del Ejército hondureño. Del helicóptero no se volvió a saber nada. Rodríguez Orellana, afirmó también haber sido presionado por la DEA para acusar de pertenencia al narcotráfico a Tony Hernández, e incluso para involucrarlo en un supuesto plan liderado por el narco Wilter Blanco para atentar contra el entonces Embajador de Estados Unidos en Honduras James Nealon. Un par de meses después, en noviembre de 2016 Wilter Blanco fue detenido en un operativo ordenado por la DEA en Honduras. A escasas horas de su detención consiguió fugarse, al parecer con ayuda de altos mandos policiales. Lo absurdo de su fuga, unido a la cercanía temporal con las acusaciones de colusión entre Blanco y Tony Hernández causaron gran revuelo en su momento, aunque sin mayores consecuencias. Finalmente, Blanco fue capturado en Costa Rica y extraditado a Estados Unidos. Como colofón, unos meses más tarde, en marzo de 2017 el narcotraficante Devis Leonel Rivera Maradiaga, perteneciente al cartel de los Cachiros, declaraba ante una corte de Nueva York haber entregado sobornos a Tony Hernández para que agilizase el pago de deudas pendientes del gobierno hondureño con una de las empresas pertenecientes a los Rivera Maradiaga. Y es que el cartel de los Cachiros había creado una empresa llamada Inmobiliaria Rivera Maradiaga, que ganó contratos públicos al menos por un valor de 143 millones de lempiras (unos 6 millones de dólares) durante el mandato del nacionalista Porfirio Lobo Sosa (2010-2013).

Si aun así el presidente no sabía en que andaba su hermano, no puede alegar tampoco que se deba a que estuvieran distanciados. La conducta del mandatario Juan Orlando Hernández más bien indica que Tony era de su total confianza. Su involucramiento en la primera campaña presidencial del actual mandatario en 2013 fue notorio. De hecho, la esposa de Tony se ha visto salpicada en el escándalo de corrupción conocido como caso pandora: ella es la propietaria de dos locales adquiridos con dinero de la trama corrupta en un lujoso edificio de la capital hondureña. Según declaraciones del abogado de Fernando José Suarez (uno de los implicados en el caso pandora), que recientemente ha declarado su voluntad de colaborar con la justicia, estos apartamentos acabaron en propiedad de la cuñada de Juan Orlando Hernández tras amenazas y agresiones del propio Tony Hernández contra Suárez. Tampoco se puede negar, que el peso de la ley ha tardado en caer sobre Tony Hernández, y que ha sido fuera de Honduras. La justicia hondureña no solo permaneció inactiva ante los diversos señalamientos contra Tony, continua sin hacer nada tras su detención. En concreto, la Oficina Administradora de Bienes Incautados OABI no ha procedido contra los bienes del acusado y su familia. La comparación con el caso Rosenthal es inevitable. En aquel caso, tras la acusación en Estados Unidos de lavado de activos del narcotráfico contra una prominente familia de banqueros hondureños, la misma OABI procedió con celeridad al embargo de todos los bienes de los acusados. Lo mismo ocurrió con los bienes del ex Presidente Lobo, cuya casa fue embargada en el marco de un proceso por corrupción contra su esposa. La pregunta es, ¿por qué en este caso la OABI no hace nada, si el mandatario afirma que la ley es igual para todos?

Pero los señalamientos que afectan a la familia Hernández Alvarado no se limitan al caso de Tony. En el marco del denominado caso pandora también se vio involucrada otra hermana de Juan Orlando: Hilda Hernández, fallecida en un confuso accidente de helicóptero a finales de 2017. Al parecer, el deceso de Hilda evitó su imputación en el caso pandora, en el que si figura como acusado su esposo Jean Marie Peyrecave. En relación a este caso, el abogado de Suárez ha declarado que lo revelado por pandora es solo la punta del iceberg de una trama en la que se saquearon fondos públicos de diversas instituciones públicas, para favorecer las candidaturas presidenciales del propio Juan Orlando Hernández. Según Suárez, la trama era dirigida de forma directa por Hilda Hernández hasta su supuesto fallecimiento en 2017, con el conocimiento y beneplácito de los presidentes Hernández y Lobo.

Pero el involucramiento de los actuales gobernantes de Honduras con el narcotráfico va mucho más allá de estos casos. Así, en el caso de la familia del expresidente Porfirio Lobo (2009-2013), estos vínculos llegan hasta su hijo, preso por narcotráfico en Estados Unidos. Además el narcotraficante Devis Leonel Rivera Maradiaga declaró ante una corte de Nueva York que su organización financió la campaña electoral de Lobo en 2010, y que incluso se celebró una fiesta tras el triunfo electoral en casa del mandatario en la que participaron el presidente, su hermano y varios diputados oficialistas, junto con los jefes de la banda los cachiros. Devis Leonel también acusó de colusión con el narcotráfico a importantes figuras de los últimos gobiernos, como el actual Ministro de Seguridad de Honduras, Julián Pacheco Tinoco, al exministro Oscar Alvarez y a varios y alcaldes diputados nacionalistas.

En el nivel local el narcotráfico y el Partido Nacional también se han visto relacionados. Paradigmático es el caso del ex alcalde nacionalista de Yoro, Arnaldo Urbina, que fue jefe de campaña de Juan Orlando en su departamento en 2013, y actualmente está preso por liderar una banda de narcotraficantes y sicarios que todavía mantiene un férreo control político y criminal en su región. La hermana de Urbina fue diputada por el Partido Nacional y es la actual alcaldesa de Yoro. Otro caso relevante es el del municipio de El Paraíso (Copán), cuyo narco alcalde Alexander Ardón, del Partido Nacional (fugado en la actualidad) llegó a construir una réplica de la Casa Blanca como sede del gobierno local. En la actualidad el municipio es gobernado por un lugarteniente suyo bajo la égida del Partido Nacional. Ardón, que al parecer vive escondido en las montañas de Copán, llegó a realizar una aparición pública en la última campaña electoral para apoyar a su lugarteniente, que se presentaba bajo una de las listas que apoyaban la reelección de Juan Orlando Hernández Alvarado. El hermano de Ardón fue durante años el director del Fondo Vial, desde el cual otorgó contratos de obra pública a los Cachiros.

Como se ve, los vínculos entre el Partido Nacional y el crimen organizado existen en todos los niveles, revelando un patrón que podría considerarse sistemático. El hecho de que el mismo abogado lleve la defensa del hijo de Pepe Lobo, de Tony Hernández, y de Rafael Callejas genera la sensación de que todos ellos forman una comunidad de intereses que gira alrededor del Partido Nacional. Sensación que se ve reforzada por las declaraciones de numerosos líderes del partido, en las que arremeten contra la justicia estadounidense y hacen llamados a la defensa de la independencia de Honduras.

La Honduras posterior al golpe de Estado de 2009 sufrió un marcado proceso de degradación política, que la llevo a convertirse en un auténtico narco estado. La llegada al poder en 2010 de un Partido Nacional que se sintió hegemónico creo una serie de incentivos perversos que llevaron al país por la senda de la violencia y la corrupción. En este contexto se produjo un gigantesco desfalco del Instituto Hondureño del Seguro Social, se financiaron campañas políticas con dinero destinado a apoyar a mujeres pobres, se dilapidaron los fondos de la oficina de Presidencia y del Despacho de la Primera Dama y se crearon enormes redes de corrupción en gran parte de las instituciones públicas. Además, la vida política del país, que se había caracterizado por su escasa conflictividad, se volvió profundamente inestable. A finales de 2017, Juan Orlando Hernández logró presentarse a la reelección, violando lo dispuesto en la propia constitución del país, y se realizó el proceso electoral más polarizado en décadas en el país. Un conteo de votos plagado de irregularidades y caídas de sistema provocó una masiva movilización ciudadana contra el fraude, que degeneró en represión militar. Como resultado, más de 30 personas asesinadas. La misión de observación electoral de la Organización de Estados Americanos recomendó que se repitieran los comicios en el nivel presidencial, aunque su propuesta no fue atendida. En la actualidad, el mandatario Juan Orlando Hernández es ampliamente percibido como ilegitimo en Honduras. Sin embargo, el respaldo incondicional de sectores militares le permite continuar en el poder, con lo cual el futuro de Honduras sigue siendo un enigma.

El Fondo Social Departamental y la corrupción en el Congreso

Publicado en Criterio.hn

El pasado 8 de noviembre, en una inusual votación a mano alzada, el Congreso Nacional aprobó la restitución del Fondo de Desarrollo Departamental, que a partir de ahora se conocerá como Fondo Social Departamental, con el apoyo de diputados de casi todas las bancadas del Congreso Nacional. Solo los congresistas del PINU, el liberal Dario Banegas y Jari Dixon de Libertad y Refundación se opusieron.

El Fondo de Desarrollo Departamental fue creado en 2006, en el marco de la Estrategia de Reducción de la Pobreza ERP. Desde su creación fue utilizado por el Congreso Nacional en sucesivas legislaturas para financiar proyectos de desarrollo presentados por los parlamentarios y aprobados por la Comisión de Presupuesto, contando con un presupuesto anual de 400 millones de lempiras desde el año 2011 (el 25% del presupuesto del Hospital Escuela Universitario). Desde ese año, la asignación del fondo quedaba en manos de una Comisión de Presupuesto del Congreso controlada por el Partido Nacional y sus partidos satélites.

En diciembre de 2017 en el marco de la investigación de MACCIH “red de diputados”, se presentó un requerimiento fiscal en el que se acusaba a 5 diputados de haberse apropiado de recursos públicos del Fondo de Desarrollo Departamental, supuestamente dirigidos a la implementación de proyectos de desarrollo. Como consecuencia de esto, a principios de 2018 se eliminaba este fondo. Los 5 diputados pertenecían a partidos opositores al gobierno, y en 2016 votaron en el Congreso Nacional a favor del nombramiento de varios magistrados para la Corte Suprema de Justicia propuestos por el gobierno de Juan Orlando Hernández, en la mayoría de los casos en contra de la disciplina de partido. Meses más tarde, estos mismos magistrados dieron al Presidente Hernández el aval jurídico necesario para presentarse a la reelección, en violación flagrante de lo establecido en la constitución hondureña. De los diputados vinculados a esta trama, dos de ellos fueron expulsados de su bancada y partido (LIBRE). Otro de ellos fue expulsado de la Democracia Cristiana. Con posterioridad, el entonces vocero de la MACCIH Juan Jimenez Mayor, manifestaría que las investigaciones adelantadas por esta misión internacional involucraban a más de 140 diputados. Tras estas declaraciones de Jimenez Mayor el Congreso Nacional aprobó en enero de 2018 una Ley de Presupuesto, cuya redacción fue alterada de forma ilegal y que acabaría sirviendo de pretexto para archivar el caso red de diputados, hecho que derivaría en otra investigación de MACCIH conocida como pacto de impunidad. De esta forma, quedaba evidenciada la rapidez con que las instituciones públicas hondureñas reaccionan a una investigación dirigida por MACCIH – UFECIC que podría haber afectado a relevantes figuras del mundo político hondureño.

En la actualidad, conocer cuál fue el funcionamiento del Fondo de Desarrollo Departamental es extremadamente difícil. Para la documentación de este artículo se presentaron varias solicitudes de información pública, dirigidas al Congreso Nacional y a la Secretaria de Finanzas, con el objeto de conocer los proyectos que se aprobaron en el marco del fondo, así como su monto y los diputados vinculados a los mismos. También se solicitó acceso a las liquidaciones de estos proyectos. Sin embargo, ambas instituciones negaron acceso a información alguna, aduciendo que dichos expedientes estaban secuestrados por el Ministerio Público. De esta forma, lo más que podemos saber, es que una misión internacional de lucha contra la corrupción presentó una investigación en la que se establecía un entramado dirigido por congresistas opositores y dedicado a sustraer recursos públicos del fondo.

En este contexto, parece poco recomendable reinstaurar un mecanismo como el del Fondo Social Departamental, que podría servir para crear más incentivos perversos que contaminen el correcto funcionamiento de la vida parlamentaria. Sorprende especialmente que desde la oposición en general, y la bancada de LIBRE en particular, se apoye la restauración de un mecanismo que dejaría en manos de la presidencia del Congreso Nacional y de su Comisión de Presupuesto, la asignación de fondos a diputados de todos los partidos. Más teniendo en cuenta los funestos antecedentes de este fondo, ya comentados en este artículo. Vale la pena señalar, para completar el cuadro, que la Comisión de Presupuesto, encargada de supervisar este fondo, está actualmente compuesta por 6 diputados nacionalistas, 2 liberales, y 1 de LIBRE, otro de la DC y otro de UD, de los cuales 5 están señalados en investigaciones de MACCIH y el CNA por su implicación en el caso pandora, pacto de impunidad, y sendos desfalcos en la Secretaria de Salud y el INFOP.

A principios del siglo pasado el empresario bananero Samuel Zemurray afirmaba que en Honduras era más barato un diputado que una mula. Poco parece haber cambiado desde entonces. Dan prueba de ello los numerosos escándalos de corrupción que se viven en el país, así como hechos como la masiva (y escandalosa) ola de transfuguismo que vivió el Congreso Nacional durante la legislatura pasada. En ella, las bancadas de LIBRE y el PAC perdieron más del 25% de sus diputados, que acabaron mayoritariamente sumándose a las filas del gobernante Partido Nacional o sus partidos satélites. El profundo conflicto que se produce actualmente al interior del Partido Liberal también parece indicar un fuerte impacto de los intereses y agendas ocultas en las decisiones de los congresistas, que, en vez de seguir la disciplina de partido, orientan su accionar con base a consideraciones no explicitadas. Si no aprendemos de la historia, estamos condenados a repetirla.