El fenómeno migratorio es, sin lugar a dudas, una de las principales respuestas de la población hondureña a la severa crisis económica, social y de seguridad que vive el país. Son decenas de miles las personas que cada año deciden abandonar el país buscando mejores oportunidades de vida. Valga como referencia que solo entre enero y marzo de 2019 fueron 19,000 los hondureños retornados al país, la mayoría por vía terrestre y con rumbo hacia Estados Unidos. Durante décadas, el fenómeno estuvo asociado principalmente a las altas tasas de pobreza prevalentes en el país, a diferencia de sus vecinos inmediatos, que en los 80´s también experimentaron masivos flujos migratorios, pero como consecuencia de los conflictos armados que asolaron la región en esos años en el marco de los últimos estertores de Guerra Fría. Según Yolanda Gonzalez, investigadora de la organización ERIC-SJ “en Honduras se inició un ciclo migratorio en los 90, con una migración dirigida hacia Estados Unidos predominantemente por razones económicas, de hombres urbanos, y tenía su réplica interna en los desplazamientos del campo a la ciudad. Coincidía en el tiempo con la llegada de la industria maquiladora, y el fin de los tímidos intentos de reforma agraria en Honduras”.
Aunque no está claro en qué momento se cerró este ciclo, aunque es evidente que en la actualidad el fenómeno migratorio tiene características diferentes. Según Gonzalez “fue la crisis desatada como consecuencia del golpe de Estado de 2009 la que marcó el inicio de un nuevo ciclo: a la crisis política la siguió la crisis económica, se vivió un aumento de la narcoactividad, de los niveles de violencia y un repunte del militarismo, que se produjo simultáneamente a un aumento de la corrupción y una agudización del modelo económico neoliberal-extractivista, asfixiante para la población”. Lo que caracteriza este nuevo ciclo es que rompe con el anterior paradigma del hombre migrante en busca de mejores condiciones económicas. La presencia de mujeres entre la población migrante es una realidad palpable en el ciclo actual. En muchas ocasiones como cabezas de familia y acompañadas de hijos y otras personas dependientes. Adicionalmente, existe una presencia cada vez más importante de menores de edad que viajan solos, tal como se puso en evidencia con la crisis de menores no acompañados de 2014, que desató las alarmas en Estados Unidos sobre un fenómeno que ya existía en la región. Pero lo que caracteriza de una manera más clara este nuevo ciclo es la gran cantidad de solicitantes de asilo que salen del país. Se trata de decenas de miles de hondureños que huyen de la violencia generalizada que existe en Honduras y cuyo número ha crecido exponencialmente desde 2013, hasta alcanzar los 74,213 solicitantes de asilo hondureños de 2017. Según la “encuesta sobre percepciones de la situación hondureña en 2018” realizada por ERIC-SJ, la violencia seria, en la opinión de los hondureños, la segunda causa de migración en el país, tras la falta de oportunidades económicas. Además, en la misma encuesta se consultó también a la población si tenía algún conocido, familiar o vecino que hubiera emigrado por esa razón, siendo la respuesta afirmativa para el 30,3%.
De esta forma, la violencia generalizada que se da en Honduras supone un importante motor del fenómeno migratorio, tanto a nivel internacional como a lo interno del país. Según el Consejo Noruego para Refugiados, en 2018 existían 190,000 personas desplazadas por violencia en Honduras. Entre las principales causas este fenómeno se encuentra las actividades de maras y pandillas, aunque existen otros motivos, y apuntar únicamente hacia estos actores puede invisibilizar parte de la realidad. Según Yolanda Gonzalez “existe la idea de que el actor principal que provoca desplazamientos humanos son las maras, por su relación con el fenómeno de la extorsión. Sin embargo, desde punto de vista de ERIC-SJ las maras no podrían provocar esta situación sin la connivencia y colaboración de otros actores”. Así, la acción del Estado resulta clave para entender el fenómeno de desplazamiento y violencia. En el caso hondureño las autoridades no tienen voluntad o no tienen capacidad de proteger. En ocasiones son cómplice de los grupos criminales y en muchas ocasiones el estado es el victimario (casos de autoridades en contubernio con maras, extorsionadores, narcotraficantes). Además, en no pocas ocasiones los casos de desplazamiento tienen que ver con conflictos no relacionados directamente con la criminalidad organizada, como los generados en defensa del medio ambiente y los recursos naturales, que normalmente enfrentan a empresas y pobladores y en los que el Estado ejecuta un papel de agresor.
El camino que tienen que hacer frente los migrantes hasta llegar a su destino en Estados Unidos es largo y peligroso. El viaje más común pasa por Guatemala hasta llegar a Chiapas, cruzando posteriormente de Norte a Sur el territorio mexicano. Durante el mismo los hondureños se ven criminalizados por las autoridades mexicanas, país que aplica fuertes restricciones a la movilidad de los centroamericanos como consecuencia de las presiones de Estados Unidos, redobladas desde la llegada de Trump a la presidencia, que ha logrado que Guatemala firme un acuerdo declarándose “tercer país seguro”, a efectos de poder absorber decenas de miles de deportados de territorio estadounidense, y que en la actualidad presiona a México para realizar una declaración similar. Pero si hay algo que causa temor entre los migrantes, es convertirse en victimas del crimen organizado, que ha encontrado un lucrativo negocio en el control de las redes de migración ilegal y en la explotación económica y sexual de los propios migrantes. En este sentido, el coyote sigue siendo un actor propio investigado, que actúa en un negocio (el de las redes clandestinas de migración) que ha sufrido importantes mutaciones en los últimos años. Estas redes, han pasado de tener una base local a integrarse como uno de los grandes negocios de los grandes grupos del crimen organizado. De esto forma, actores como los Zetas u otros carteles han logrado una mayor implantación y rentabilidad de sus actividades mediante la explotación del fenómeno migratorio. La consecuencia directa ha sido un aumento de la vulnerabilidad de las personas migrantes, que pueden ser agredidas, asesinadas, abusadas y explotadas sexualmente o incluso reclutadas para todo tipo de actividades del crimen organizado.
Por otro lado, las políticas estatales para afrontar los fenómenos de la criminalidad no parecen dar los resultados esperados. Entre estas cabe destacar la de la guerra a las drogas, bajo cuya acción la criminalidad organizada ha logrado un fortalecimiento sin precedentes al calor del lucrativo negocio de la cocaína. Pero también otras, como la permisividad en la portación de armas en el país (la ley permite que cada persona posea hasta 5 armas de fuego), el escaso control de las actividades de las empresas de seguridad privada, que podrían estar drenando miles de armas de fuego al año al mercado negro y los procesos de securitización y militarización del Estado.
La desesperación ante un contexto de violencia y pobreza extrema en el hogar, y la perspectiva de un viaje peligroso e incierto durante la ruta migratoria provocaron que en 2018 se generase un fenómeno migratorio inédito: las caravanas de migrantes. La primera de estas caravanas inicio el 12 de octubre de 2018 en la ciudad de San Pedro Sula, iniciando un periplo hacia la ciudad de Tijuana que atrajo la atención mediática internacional. Para ERIC-SJ, la existencia de esta caravana no supone la intensificación del flujo migratorio, sino simplemente la visibilización mediática de un drama que venía produciéndose desde hace años. Entre los testimonios de las decenas de miles de personas que participaron en esta caravana se escucharon con fuerza los relatos de violencia y las situaciones desesperadas de familias enteras que huían de su país para salvar la vida. Aunque desde diversos ámbitos políticos y mediáticos se quiso vincular la existencia de estas caravanas a intereses políticos ocultos, resultó evidente que viajar en grupo fue una estrategia de los migrantes para hacer frente a la criminalización y la violencia durante toda la ruta migratoria, y para presionar al gobierno estadounidense y a la comunidad internacional para lograr apoyo para sus demandas y necesidades.
