La MACCIH y Luis Almagro, ¿una relación tóxica?

Publicado originalmente en Criterio.hn

El futuro de la MACCIH está en el aire. En los próximos días el gobierno de Juan Orlando Hernández decidirá si mantiene la misión en su actual convenio, si firma un nuevo convenio, o si la misión simplemente desaparece. Sin duda son muchas las presiones sobre el mandatario para actuar en cualquiera de estos caminos.

Desde el Partido Nacional y sus satélites (incluyendo el llamado “lado oscuro” del Partido Liberal”) la presión para cerrar o desnaturalizar la MACCIH es enorme. Por otra parte, el hecho de que la esposa de Hernández, Ana García, y su cuñado Jean Marie de Peyrecave hayan sido involucrados por MACCIH en el caso Pandora es un claro indicativo de que los intereses de Casa Presidencial entran en colisión con el trabajo de la misión. De parte de la comunidad internacional, las declaraciones públicas de los dos principales socios de Honduras, Estados Unidos y la Unión Europea, indican un claro apoyo a la renovación del mandato íntegro de la MACCIH. Sin embargo, es altamente probable que la firmeza de estos posicionamientos públicos se suavice en las negociaciones a puerta cerrada, en las que la MACCIH solo es un factor menor dentro de las negociaciones bilaterales con ambos socios. Desde la sociedad civil hondureña, se han redoblado los esfuerzos para lograr que la MACCIH sea renovada a través de un canje de notas entre el presidente Hernández y el Secretario General de la Organización de Estados Americanos Luis Almagro.

Entre los principales éxitos de la MACCIH se encuentra la creación de la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad de la Corrupción (UFECIC), y de los Juzgados Anticorrupción, así como la presentación de 11 casos de corrupción de alto impacto, que marcan un antes y un después en la lucha contra la corrupción en Honduras. Precisamente por sus éxitos, la MACCIH enfrenta importantes amenazas. La más obvia proviene de las personas y grupos afectados por las investigaciones realizadas por MACCIH/UFECIC: decenas de miembros del Congreso, ministros y exministros, familiares de políticos y demás autoridades.

Sin embargo, a lo largo de los años se ha podido observar cómo otros actores han conspirado para lograr descarrilar el trabajo de la misión y ponerle fin. Entre estos actores, se ha señalado en múltiples ocasiones el oscuro papel del Secretario General de la Organización de Estados Americanos Luis Almagro.

¿Quién es Luis Almagro?

Luis Almagro es un abogado, diplomático y político uruguayo, que desde 2015 ocupa el cargo de Secretario General de la OEA. Entre 2010 y 2015 fue Canciller de la República de Uruguay en el gobierno de Pepe Mujica, de cuyo partido Frente Amplio formaba parte en ese tiempo. En la actualidad, Luis Almagro es una figura de gran relevancia a nivel latinoamericano, y su desempeño como Secretario General de la OEA es altamente cuestionado y genera una fuerte polarización. Desde su salida de la cancillería uruguaya, las acciones y posicionamientos de Almagro han tomado una deriva cuando menos sorprendente, que ha llevado a su mentor político, Pepe Mujica, a repudiar públicamente su trayectoria, e incluso mostrar su arrepentimiento por haber promovido la candidatura de Almagro a la Secretaría General de la OEA.

Y es que en estos años Luis Almagro no ha dejado de tomar partido en los conflictos sociales y políticos que se han producido en la región. En el caso de Venezuela, su rol ha sido el del agitador político que trata por todos los medios de generar una crisis lo más profunda posible al gobierno chavista para precipitar su caída. Tal ha sido la magnitud de su encono con el chavismo, que en más de una ocasión ha chocado públicamente con figuras internacionales que trataban de mediar en el conflicto político en aquel país, como el ex presidente español José Luis Rodríguez Zapatero, al que llegó a llamar imbécil. También ha mostrado una gran agresividad contra otros gobiernos del “eje progresista”, como el de Evo Morales en Bolivia o el gobierno cubano. Al mismo tiempo, el Secretario General se ha mostrado muy cercano con varios gobiernos del “eje conservador” latinoamericano cuando eran ampliamente cuestionados por su irrespeto a los derechos humanos, como el de Juan Orlando Hernández en Honduras, Iván Duque en Colombia o Sebastián Piñera en Chile.

En este contexto, el rol de Luis Almagro en Honduras en general y hacia la MACCIH en particular ha estado rodeado de polémicas. La más sonada fue la que protagonizó el primer vocero de la MACCIH, el peruano Juan Jiménez Mayor, que hizo pública una carta de renuncia a su puesto el 19 de febrero de 2018 en la que revelaba, entre otras cosas, la total falta de apoyo de Almagro a la MACCIH. En dicha misiva, Jiménez Mayor afirmaba que tanto el señor Almagro como su asesor Luis Porto realizaron diferentes acciones dirigidas a debilitar su liderazgo como vocero de la misión. Asimismo, el diplomático y político peruano afirmaba no haber sido recibido por Almagro en la sede de la OEA, en un viaje realizado con esa finalidad exclusiva. También, denunciaba el deficiente esquema de seguridad otorgado a la misión en Honduras, que no pudo ser mejorado debido a la pasividad del Secretario General de la OEA. Por último, se hace referencia a contratación de personal en la sede de Washington para la misión con funciones desconocidas, y que alcanzan el 25% de los puestos de MACCIH. Entre estas contrataciones destacó por su falta de idoneidad la del político mexicano Jacobo Domínguez, un personaje oscuro vinculado al exgobernador de Veracruz Javier Duarte, antiguo peso pesado del PRI condenado en su país por vínculos con el crimen organizado. Las funciones de Domínguez nunca estuvieron claras, y su presencia en la misión siempre estuvo bajo sospecha. Empleados de MACCIH comunicaron de manera anónima que consideraban a Domínguez una quinta columna dentro de la MACCIH, que defendía los intereses de la clase corrupta.

Pero la salida de Jiménez Mayor tuvo causas adicionales: existieron fuertes presiones y amenazas contra el vocero, originadas en los sectores corruptos del sistema político hondureño que se sentían amenazados por las investigaciones en marcha y por la crudeza con la que el vocero se expresaba sobre el corrupto sistema político hondureño. Es importante recordar que, en febrero de 2018, solo unas semanas antes de que Jiménez Mayor presentara su renuncia, UFECIC secuestró documentación de dos fundaciones vinculadas a la esposa de Juan Orlando Hernández, Ana García, que habrían drenado fondos públicos millonarios: FUNDEIH y FUNDEMH. Tras la salida del vocero de Honduras y pasado casi dos años desde esta acción de UFECIC, no se ha vuelto a tener noticias de esta investigación, que podría haber tenido resultados explosivos para el actual mandatario Juan Orlando Hernández y que podría haber sido el detonante de las acciones que precipitaron la salida del jurista peruano.

Tras la salida de Jiménez Mayor se abrió un proceso de negociación entre el gobierno de Honduras y la OEA que desembocó en el nombramiento como nuevo vocero de Luiz Antonio Guimarães Marrey. Marrey es un fiscal y ex político brasileño, vinculado a sectores conservadores de su país y con un estilo más reservado y menos mediático que el de Jiménez Mayor. Se trataba de un vocero al que no le gustaban las ruedas de prensa, y que tras un año en el cargo y varias meteduras de pata decidió no renovar su contrato y regresar a su país, dejando de nuevo a la MACCIH debilitada. Justo lo que convenía a la clase corrupta hondureña.

El próximo 19 de enero se vence el convenio por el que fue creada la MACCIH. Desde la Coalición por la Renovación de MACCIH, se ha solicitado que el mandato actual se renueve íntegramente, mediante un canje de notas entre el Presidente Hernández y la OEA. Sin embargo, no parece que las intenciones de las partes sea renovar el actual convenio. Tanto desde el gobierno hondureño como desde la Secretaría General de la OEA se han ido poniendo obstáculos a la renovación, que han culminado con la instalación de una “mesa de diálogo” entre las partes, anunciada en pleno feriado navideño. Por las declaraciones realizadas por las partes involucradas, parece que la creación de esta mesa de dialogo va dirigida a elaborar un nuevo convenio de la MACCIH, desoyendo así la firme recomendación de renovar el convenio íntegramente, realizada apenas un mes antes por la “mesa de evaluación” de la MACCIH, compuesta por el propio gobierno hondureño y OEA. En el mismo sentido se habían manifestado en las últimas semanas la sociedad civil hondureña, la Unión Europea, el gobierno de Estados Unidos y varios dirigentes políticos opositores. Si se confirma la firma de un nuevo convenio, la amenaza para el trabajo de MACCIH sería doble. Por un lado, existe el riesgo de que el nuevo texto sirva para debilitar el trabajo investigativo y de acompañamiento a UFECIC que realiza la MACCIH actualmente, con lo cual la misión podría convertirse en un ente meramente asesor (decorativo). Por otro lado, el hecho de que la ratificación final del nuevo convenio corresponda al Congreso (esto no ocurriría si la renovación se hiciese por canje de notas), supone un alto riesgo de que el órgano legislativo no lo ratifique y la MACCIH simplemente desaparezca. Hay que recordar que se cuentan por decenas los diputados acusados o investigados por MACCIH/UFECIC, con lo cual dentro del Congreso hay un sector mayoritario de diputados interesados en el fin de las investigaciones.

El que la OEA apueste ahora por un nuevo convenio contradice no sólo los resultados de la evaluación conjunta comentada anteriormente. En el mes de diciembre, una delegación de la sociedad civil hondureña visitó la sede de la OEA en Washington y se entrevistaron con Almagro, quien les aseguró que, tras las conclusiones de la mesa de evaluación conjunta, el convenio de la MACCIH era “inmodificable”. ¿Qué ha hecho cambiar de opinión a Almagro en tan solo unas semanas? Según diversos analistas, el factor que podría haber llevado a este cambio en la posición de Almagro son sus ambiciones reeleccionistas. En 2020, se celebrará una asamblea de la OEA en la que se elegirá a un nuevo Secretario General. El voto favorable de Honduras es sin duda un factor importante para garantizar la reelección de Almagro, con lo que al uruguayo no le conviene incomodar a Juan Orlando Hernández tratando de mantener el actual convenio de la MACCIH.

De esta forma, el futuro de la MACCIH parece depender de dos actores que no se han destacado por su lealtad a la misión. Por un lado, Juan Orlando Hernández sin duda percibe el trabajo de MACCIH/UFECIC como una amenaza para sus intereses. Por el otro, Honduras es un gobierno aliado de Almagro de cara a su reelección en la OEA, con lo cual no está interesado en ponerle obstáculos. No hay muchas opciones para la lucha contra la corrupción en Honduras.

Video sobre el saqueo del IHSS

Video sobre el caso de corrupción "Pandora"

Video sobre el caso de corrupción Arca Abierta

Video Narcopolítica

Todos contra la MACCIH: corrupción organizada en el Congreso Nacional

Publicado originalmente en Contracorriente.red

El sistema democrático hondureño se desmorona. Desde hace más de una década, el pueblo hondureño ha vivido un proceso progresivo de penetración de la corrupción y el crimen organizado en la institucionalidad pública, que ha afectado a todos los poderes del Estado.

Los escasos contrapesos con que contaba el sistema han ido cayendo uno tras otro hasta configurarse el actual estado de las cosas. El trabajo realizado por UFECIC/MACCIH es la última barrera que los corruptos deben franquear para lograr garantizar su total impunidad. En los próximos días se decidirá la permanencia en el país de la MACCIH y con ella la propia supervivencia de la UFECIC.

El actual régimen se cimienta en un esquema de concentración del poder en la figura presidencial, que no es posible entender sin examinar el proceso de degradación de la vida parlamentaria hondureña. En este contexto, se puede decir que en los últimos años se ha producido una fuerte cooptación de la vida parlamentaria por diferentes redes de corrupción, en la que los conflictos de intereses, la malversación de fondos públicos, el transfuguismo y la penetración del narcotráfico han marcado el devenir del Congreso Nacional.

En los últimos años, se cuentan por decenas los diputados vinculados con actos de corrupción. Según declaraciones de Juan Jiménez Mayor, ex vocero de la MACCIH, en 2018 existía en Honduras una red de diputados corruptos que podría haber alcanzado a 140 miembros del Congreso Nacional (el total de miembros del congreso son 128 titulares y 128 suplentes). Esto supondría hablar de la mayor parte de los miembros del Congreso. Por otra parte, la penetración del crimen organizado en el Congreso Nacional es también evidente. La condena del exdiputado Tony Hernández, el pasado octubre en Nueva York, reveló los vínculos de numerosos miembros del Congreso con el narcotráfico. Esta investigación ha identificado que solo en las filas del gobernante Partido Nacional y entre miembros actuales del Congreso Nacional hay 11 diputados relacionados con el crimen organizado. Entre ellos destacan prominentes operadores políticos del partido como el propio Mauricio Oliva, actual presidente del Congreso Nacional, David Chávez, Mario Pérez, Juan Carlos Valenzuela, Oscar Ramon Nájera, Milton Puerto y Rodolfo Irias Navas.

La Ley Orgánica del Poder Legislativo y la figura del Presidente del Congreso

Los graves obstáculos para una labor legislativa transparente y democrática comienzan con la deficiente regulación del propio Congreso. Fue hasta el 2014 cuando se aprobó la Ley Orgánica del Poder Legislativo, ley que se caracteriza por sus múltiples lagunas y deficiencias. Esta ley dota al Presidente del Congreso de una serie de facultades que impiden el desarrollo democrático de la actividad legislativa. Entre otras cosas el Presidente del Congreso decide el orden del día de todas las sesiones parlamentarias.

Según Fátima Mena, excongresista del Partido Anticorrupción «esto supone que cualquier proyecto de ley o contrato presentado al Congreso solo será discutido y votado si el presidente así lo decide», de esta forma, un solo diputado cuenta con una capacidad total para bloquear iniciativas políticas. El presidente también tiene la potestad de nombrar a los miembros de las comisiones del Congreso, decidir sobre la asignación de fondos materiales y locales para el ejercicio de la labor parlamentaria, incluso puede decidir qué diputado suplente puede votar ante la ausencia de un titular. Según Gerardo Torres, miembro del Partido Libertad y Refundación, esta arbitrariedad coloca en una posición muy ventajosa al presidente del Congreso, ya que le otorga una herramienta de presión política antidemocrática que puede ser utilizada para condicionar el sentido del voto de los diputados.

La importancia política de la figura del presidente del Congreso fue evidenciada en el juicio por narcotráfico contra Tony Hernández. En este proceso judicial, el exalcalde y narcotraficante Alexander Ardón, admitió haber sobornado en 2010, y por encargo de Juan Orlando Hernández, a 3 diputados de Copán para que votaran a favor de la candidatura del actual presidente de la república a la presidencia del Congreso. De esta forma y en una fecha tan cercana al golpe de Estado de 2009, se daba lanzamiento a un proceso de degradación de la vida parlamentaria en el que de forma progresiva se fue fortaleciendo el control autoritario y antidemocrático del Poder Legislativo.

«Pacto de Gobernabilidad»

Durante la legislatura de 2010-2014 se fueron poniendo los cimientos para un nuevo ciclo político caracterizado por el ejercicio hegemónico del poder por parte del Partido Nacional y de Juan Orlando Hernández. Uno de los pasos fundamentales para afianzar este nuevo orden fue el establecimiento de un «pacto de gobernabilidad» entre las bancadas nacionalista y liberal. Dicho pacto, se produjo a inicios de 2014 y fue escenificado a través del nombramiento de Mauricio Oliva como presidente del Congreso.

Según el excandidato presidencial por el Partido Liberal Luis Zelaya, este nombramiento se produjo «en contra de lo acordado el 18 de enero de 2014, en una reunión de alcaldes liberales en el Lago de Yojoa, en el que participaron miembros del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal y el excandidato presidencial Mauricio Villeda». En esa reunión se decidió que el Partido Liberal propondría un candidato para presidir el Congreso Nacional, que contaría con el apoyo de los partidos emergentes LIBRE y PAC, con los que sumaban mayoría. Sin embargo y según Luis Zelaya, «el expresidente Carlos Flores Facussé intervino en un momento posterior para evitar el nombramiento de un liberal como presidente del Congreso». Finalmente, el 25 de enero de 2014 Mauricio Oliva fue nombrado en el cargo con los votos de la bancada liberal.

Las razones que llevaron al Partido Liberal a declinar la presidencia del Congreso son desconocidas. Lo que sí sabemos hoy es que, por esas fechas, destacados miembros del Partido Liberal recibieron fondos públicos del gobierno nacionalista en el marco del Caso Pandora. Según la investigación presentada por MACCIH/UFECIC, el Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal recibió 100 millones de lempiras de fondos sustraídos a la Secretaría de Agricultura para financiar su campaña electoral de 2013. Además, también se acusó de haber recibido fondos a destacados líderes del partido como Elvin Santos o el entonces candidato presidencial Mauricio Villeda. De manera reciente se ha conocido que el diputado liberal Fredy Nájera (preso en Estados Unidos por narcotráfico) afirmó en una conversación telefónica interceptada por la DEA que Mauricio Oliva entregó 60 millones de lempiras a diputados liberales para que votaran por él como nuevo presidente del Congreso Nacional.

La Diarrea Legislativa

Una vez que el Congreso quedó bajo el control del oficialismo, la degradación de la vida parlamentaria fue en aumento. Días después del nombramiento de Oliva, en enero de 2014 el bipartidismo aprobó en el Congreso Nacional 80 decretos y 20 leyes. Con esta acción inaudita, el Congreso Nacional superó toda la producción legislativa de los años 2012 y 2013 en cuestión de días, aprobando una serie de medidas que sin duda no fueron discutidas y probablemente ni siquiera votadas en el hemiciclo.

Esta monumental ilegalidad, conocida popularmente como la «diarrea legislativa», sobre la cual varios diputados presentaron una denuncia ante el Ministerio Público, denominándola como el «robo parlamentario del siglo», fue clave para introducir un nuevo patrón en la vida parlamentaria, basado en la falta de transparencia, los conflictos de intereses y el tráfico de favores entre miembros del Congreso.

Entre las normas aprobadas se incluye la conocida Ley de Secretos, que en adelante cerraría los principales mecanismos ciudadanos para exigir cuentas al estado. Además, se aprobó una nueva Ley de la ENEE, a la que se endosó la aprobación de decenas de licencias de explotación de recursos naturales que vinieron a agravar la agónica situación que atravesaba la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Entre las empresas beneficiadas destaca la sociedad «Inversiones La Aurora», mencionada en 50 ocasiones en el decreto de aprobación de la Ley de la ENEE. Esta empresa está controlada por la actual vicepresidenta del Congreso Gladis Aurora Lopez (su esposo es el representante legal), con lo cual se patenta la ilegalidad de la actuación del Congreso ya que los diputados no pueden ser contratistas del Estado.

La elección de una nueva Corte Suprema de Justicia en 2016

En los años siguientes continuaron sucediéndose los escándalos en el Congreso Nacional. El más sonado de todos fue el proceso de nombramiento de nuevas autoridades de la Corte Suprema de Justicia a inicios de 2016. En aquel proceso, el oficialismo presentó una propuesta de 15 magistrados, pactados entre nacionalistas y liberales, que eligieron a 8 y 7 magistrados respectivamente. Esta propuesta fue votada el 26 de enero, sin alcanzar el mínimo de votos favorables para su aprobación. En un sistema democrático lo lógico hubiese sido la apertura de un proceso de negociación con el resto de fuerzas políticas para alcanzar un consenso. No fue el caso.

En las siguientes semanas la misma nómina de candidatos fue presentada en sucesivas ocasiones hasta que se logró su aprobación. En el proceso, 8 diputados de LIBRE y 4 del PAC acabaron cambiando el sentido de su voto y terminaron apoyando la nómina propuesta, desobedeciendo las instrucciones de la dirección de ambos partidos, y generando una fuerte crisis interna en ambas instituciones políticas. De esta forma, el presidente Juan Orlando Hernández lograba su principal objetivo de la legislatura: nombrar una Corte Suprema a su medida, que diese vía libre a su reelección en 2017.

Para lograr los votos necesarios, desde la presidencia del Congreso se aprovecharon las lagunas existentes en la Ley de la Corte Suprema de Justicia. Así, se reglamentó que el voto de los diputados iba a ser secreto, con el objetivo de impedir que se conociera la identidad de los diputados que votarían en contra de la disciplina de partido. Sin embargo, la llamada a realizar un voto público por parte de las autoridades de LIBRE y PAC permitió identificar a los diputados que cambiaron su parecer y acabaron votando por los candidatos propuestos por el Partido Nacional.

Según Gerardo Torres, en este proceso «se fue ofreciendo a los diputados de LIBRE, cada vez más dinero por cambiar su voto. En los primeros días pagaron 5 millones a cada diputado, pero a los últimos en cambiar su voto les pagaron 20 millones de lempiras». Torres afirma que LIBRE tiene pruebas de estos hechos y que en su momento el partido presentó una denuncia en el Ministerio Público que a la fecha sigue engavetada. En el caso del PAC, la crisis desatada tras esta votación tuvo consecuencias mucho más graves, pues acabó provocando que el partido se dividiera y terminara en manos de un sector disidente encabezado por Marlene Alvarenga. Esta líder arrebató el control del partido a Salvador Nasralla a través de un polémico proceso de primarias en el que solo participó ella, y que fue avalado por la justicia electoral oficialista. Según Fátima Mena, el Partido Nacional logró el voto disidente de 4 diputados de su partido a través de acciones de chantaje, como por ejemplo, en el caso de la entonces diputada Marlene Alvarenga, que fue chantajeada por ser esposa de un expolicía depurado con vínculos con el cartel de los Cachiros.

En otros casos como el de Ana Joselina Fortín, su voto podría haber ido acompañado de promesas de participación política que posteriormente se verían materializadas en su candidatura (infructuosa) a una diputación por el Partido Nacional en las elecciones de 2017.

En la actualidad, y gracias a la presentación de los casos «Red de diputados» y «Arca abierta» por MACCIH/UFECIC, sabemos que en los meses anteriores al nombramiento de la Corte Suprema en 2016, diputados oficialistas y opositores tuvieron acceso a fondos públicos aprobados desde la presidencia de la república. Dichos fondos provenían al menos de dos fuentes: el Fondo de Desarrollo Departamental y la Institución 449.

Según Fátima Mena, en aquel contexto «el Fondo de Desarrollo Departamental fue utilizado como uno de los mecanismos de compra de votos de diputados de la oposición». Gracias al caso «Arca abierta» hoy sabemos que fondos originados en la Institución 449 fueron entregados a varios diputados del Partido Nacional, Unificación Democrática y LIBRE con la aprobación del presidente de la república Juan Orlando Hernández, presuntamente estos diputados se apropiaron de los recursos públicos.

La Institución 449 es un fondo manejado por la presidencia de la república con escasa supervisión y como se puede comprobar, con un alto potencial para ser utilizado como moneda de cambio para favores políticos. Creado en 2002, en el marco de la Estrategia de Reducción de la Pobreza, su presupuesto pasó de 200 millones de lempiras en 2014 a 11,450 millones de lempiras en 2018. Según diversas investigaciones, existe todo un entramado de ONG´s dirigidas por diputados, que son utilizadas para sustraer fondos públicos provenientes del Estado. La entrega de fondos a estas organizaciones ha puesto en la mira de MACCIH/UFECIC a diputados de todos los partidos, incluyendo al propio Mauricio Oliva.

El panorama dentro del Congreso Nacional es desalentador. El marcado aumento del transfuguismo, las sospechas generalizadas de compra de votos de congresistas, los conflictos de intereses manifiestos de los miembros del congreso y el tráfico de influencias denotan un escenario en el que un gran número de miembros del Poder Legislativo no representan opciones políticas genuinas independientemente del partido al que representen, sino intereses particulares. En este contexto, existe una estrategia permanente desde hace más de 4 años para garantizar la impunidad por los actos de corrupción cometidos por miembros del Poder Legislativo.

Abundan las acciones en el marco de esta estrategia, como la aprobación de la inmunidad parlamentaria y la reactivación del fondo de desarrollo departamental el pasado octubre. Ambos decretos van dirigidos a sostener un sistema que facilita el intercambio de favores, el conflicto de intereses y la impunidad en el Congreso Nacional. Y no constituyen un hecho aislado, ya que son la continuación de los esfuerzos de un amplio sector de diputados por enriquecerse y blindarse frente a acciones penales por delitos que hayan podido cometer.

Entre los antecedentes a esta acción se puede mencionar la publicación de un texto adulterado de la Ley de Presupuesto de 2017, que permitió la liberación de los acusados en el caso «Red de diputados», la interposición de un recurso de inconstitucionalidad contra el convenio de la MACCIH y la aprobación de un nuevo código penal con penas reducidas para los delitos de corrupción. En los últimos días, las bancadas del Partido Nacional han aprobado una reforma a la Ley de Tribunal Superior Cuentas, que no es más que el enésimo intento de bloquear todas las investigaciones de corrupción en curso.

En este contexto, el trabajo de MACCIH/UFECIC ha sido fundamental para revelar la existencia de la dinámica descrita en esta investigación. Es evidente que, co mo consecuencia de su labor, existe una fuerte presión desde el Legislativo para no renovar el mandato de la MACCIH, que podría abandonar el país en enero de 2020. En los próximos días el ejecutivo de Juan Orlando Hernández decidirá si renueva la misión, la transforma en otra cosa o la cierra. La presión ciudadana y de la comunidad internacional al respecto será clave para lograr su mantenimiento.

El prolongado descenso a los infiernos de Honduras

Publicado originalmente en Elsaltodario

La situación política en Honduras es insostenible. El pasado 18 de octubre, la Corte del Distrito Sur de Nueva York declaró culpable a Juan Antonio “Tony” Hernández de los delitos de conspiración para importar cocaína a los Estados Unidos, posesión de armas y dispositivos destructivos, conspiración para posesión de armas y perjurio. En la acusación presentada por la fiscalía federal, se señaló como co conspiradores de “Tony” Hernández a su hermano Juan Orlando Hernández, actual Presidente de la República de Honduras, al ex Presidente Porfirio Lobo, al Ministro de Energía y a varios policías y narcotraficantes centroamericanos. Durante la celebración del juicio fueron además señalados por sus vínculos con el crimen organizado un buen número de altos cargos del gobierno, como el actual Ministro de Seguridad Julián Pacheco (señalado en otros dos juicos más), el Secretario de Gobernación Ebal Diaz (una especie de vicepresidente), varios exministros, y diversos diputados.

Los hechos imputados por la fiscalía a “Tony” Hernández y sus co conspiradores son de la máxima gravedad. Según lo afirmado durante el juicio, Tony Hernández fue un narcotraficante de alto nivel que tuvo a su servicio a la  policía y el Ejército hondureño y que en el apogeo de su poder llegó a marcar los paquetes de cocaína con sus iniciales: “TH”. Uno de los testigos del caso afirmó literalmente que el acusado “era el tipo de persona que mandaba a matar cualquiera que no le parecía”. Además, “Tony”, conocido popularmente como TH, fue acusado de ser intermediario entre narcotraficantes y el gobierno de Juan Orlando Hernandez y Porfirio Lobo. En nombre de ambos mandatarios, recibió sobornos de los narcos a cambio de protección para sus actividades delictivas y promesas de impunidad. Los fondos recibidos fueron utilizados para financiar las campañas electorales del gobernante Partido Nacional en 2009, 2013 y 2017. Con la protección otorgada, los narcotraficantes que han declarado en el juicio a TH han confesado haber cometido 152 asesinatos en total. Entre los crímenes admitidos, destacan el asesinato de figuras clave de la lucha contra el narcotráfico como los zares antidrogas Alfredo Landaverde y Julián Arístides González y el fiscal anticorrupción Orlan Chávez, además de varios periodistas. Según la la fiscalía federal, “el acusado (TH) y sus co conspiradores (que incluyen al presidente Hernández) incurrieron en estas conductas (narcotráfico) para enriquecerse personalmente, financiar campañas de candidatos del Partido Nacional (…) y para mantener y ampliar su poder y posición política en Honduras”. De esta forma, el proceso contra “Tony” Hernández se ha convertido en un enjuiciamiento público contra el sistema político hondureño y contra el Presidente Juan Orlando Hernández.

Para encontrar el origen del proceso de degradación sociopolítica de Honduras hay que remontarse a lo ocurrido hace una década. El 28 de junio de 2009, se produjo en Honduras un golpe de estado contra el presidente Manuel Zelaya, entonces miembro del Partido Liberal. La justificación de este golpe fue la cercanía de Zelaya con el chavismo y su hipotético deseo de reelegirse. Tras la asonada, Honduras entró en un periodo de hegemonía política del Partido Nacional, fortalecido por la implosión de su tradicional rival, el Partido Liberal, fracturado como consecuencia del golpe. A partir de ese momento, los sucesivos gobiernos de Porfirio Lobo y Juan Orlando Hernández iniciaron una reconfiguración de la institucionalidad hondureña a la medida de sus intereses. La división de poderes fue anulada mediante la creación del Consejo Nacional de Seguridad y Defensa en 2011, que supuso la subordinación de los poderes legislativo y judicial al poder ejecutivo. En 2013, se aprobó una Ley de Secretos que hizo virtualmente imposible el monitoreo ciudadano de la función pública. Pero la gran apuesta de Juan Orlando fue la remilitarización y securitización del estado. En este marco, el gobierno realizó una profunda reconfiguración interna de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, logrando así que los puesto claves quedasen en manos de personas de la máxima confianza del Presidente Juan Orlando Hernández.

Durante esta década, el pueblo hondureño ha padecido los peores niveles de violencia en la historia del país, en el marco de las luchas intestinas del narcotráfico por hacerse con la principal ruta de la cocaína de Sudamérica hacia Estados Unidos. En 2012, en pleno apogeo de la influencia del narcotráfico en Honduras, el país ostentó el primer puesto a nivel mundial en tasa de homicidios. Las violaciones a los Derechos Humanos también han sido una constante en este periodo, incluyendo crímenes de alto impacto a nivel internacional, como el asesinato de la líder indígena, feminista y defensora del territorio Berta Cáceres. David Castillo, principal acusado por este asesinato, es socio del Cártel de los Cachiros, una de las redes criminales que fue supuestamente protegida por el gobierno hondureño. Además de este caso, centenares de defensores de los derechos humanos, ambientalistas, periodistas y opositores han sido asesinados en Honduras en la última década.

A pesar de este panorama convulso, el actual Presidente de Honduras Juan Orlando Hernández (JOH) permanece en el cargo, aunque con un alto grado de ilegitimidad. El grito “Fuera JOH” resuena desde hace varios años por todos los rincones del país. El juicio y condena a su hermano TH, ha sido solo el colofón de una cuestionada presidencia, financiada por múltiples tramas de corrupción y por el narcotráfico. Hernandez logró reelegirse en 2017 violando lo dispuesto en la constitución hondureña (que prohíbe la reelección), a través de un proceso electoral altamente cuestionado  (la Misión de Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos llegó a pedir la repetición de los comicios) y que generó una oleada de protestas que se saldaron con más de 30 muertos. Desde la consumación del fraude electoral de 2017, el país vive en un estado de crisis política y social permanente. Las protestas callejeras, reprimidas con violencia por Ejercito y Policía, han sido una constante desde entonces.

Tras la sentencia contra Tony Hernández, Honduras vive en un ambiente de tensión contenida. Se han producido protestas aisladas pidiendo la renuncia del presidente, reprimidas con la habitual violencia. Sin embargo, a la fecha no se ha producido un levantamiento multitudinario como el visto tras los comicios fraudulentos de 2017 o a principios de 2019, cuando se produjeron masivas movilizaciones contra los proyectos del gobierno de privatizar los sectores de salud y educación. Por lo demás, el Presidente Hernández cuenta todavía con aliados poderosos. El principal es el gobierno de Donald Trump, más interesado en imponer a los gobiernos centroamericanos regulaciones anti derechos en materia migratoria que en cualquier otra consideración. La firma el pasado septiembre de un acuerdo de tercer país seguro entre Honduras y Estados Unidos, que permitirá a Trump deportar solicitantes de asilo a suelo hondureño, es una garantía para del apoyo estadounidense a Hernández en el corto plazo. La conocida como guerra las drogas es una vez mas retratada como una pantomima. La Unión Europea no se ha pronunciado sobre la situación en el país. En el plano interno, la red clientelar en la que se apoya el gobernante tiene una base con la suficiente amplitud como para garantizar su continuidad. Especialmente importante será el papel de las Fuerzas Armadas, que hasta ahora han respaldado a Hernández. Tras la condena de TH, el gobierno destituyó de forma abrupta a varios coroneles del Ejercito, con lo cual la lealtad de la actual cúpula militar parece estar garantizada.

De esta forma, las perspectivas en Honduras son sombrías. La sociedad hondureña está exhausta tras años de protestas reprimidas a sangre y fuego, y en la que los disparos a la cabeza contra los manifestantes han sido la norma. Por otro lado, una oposición dividida y desgastada no es capaz de aglutinar las fuerzas existentes. El futuro cercano es altamente imprevisible. Lo único garantizado es que el Presidente Hernández no abandonará el poder voluntariamente.