Nubes negras alrededor de las próximas eleciones en Honduras

Publicado en Publico.es

El próximo 26 de noviembre de 2017 se celebrarán en Honduras elecciones en las que se elegirá Presidente, Congreso Nacional y gobiernos locales. Los comicios, que se celebrarán en un contexto de alta polarización política y social, podrían generar un aumento de las tensiones al interior de la sociedad hondureña, debido a las dudas que existen sobre su transparencia, y a que el actual presidente de la República, Juan Orlando Hernández, se está presentando nuevamente como candidato presidencial de su partido, en violación flagrante de lo establecido en la Constitución. Pero para comprender que es lo que está ocurriendo en Honduras, es necesario realizar un análisis retrospectivo de la situación.

Desde principios del siglo XX, el sistema político hondureño se distinguió por su carácter bipartidista: por más de 100 años gobernaron alternativamente el Partido Liberal o el Partido Nacional. Durante este período, este sistema político se convirtió en uno de los más corruptos del planeta, llegando Honduras a ser calificada despectivamente como república bananera, debido al poder corruptor que las compañías bananeras extranjeras ejercían sobre ambos partidos. La llegada del dinero del narcotráfico en los años setenta, vino a corromper todavía más el ambiente político, y conllevó la consolidación de fuertes vínculos entre sectores de las élites políticas, castrenses y empresariales con los grandes cárteles de la droga a nivel nacional e internacional.

En este contexto, los partidos liberal y nacional fueron configurando un sistema clientelar que les permitió instrumentalizar las instituciones públicas en su favor. De esta forma, ambos partidos lograron utilizar los recursos del Estado para financiar sus campañas políticas y crearon una red de colaboradores remunerados (en la mayor parte de los casos con dinero público) dedicados a movilizar a los sectores más desfavorecidos de la sociedad hondureña, mediante engaños, pequeños regalos o pura y simple intimidación para que votasen en favor de los candidatos de sus partidos en las elecciones. Entre las funciones de estos activistas también se contaba con la realización de fraudes mediante introducción de votos en las urnas, la provocación de actos de violencia en las jornadas electorales y todo tipo de artimañas dirigidas a favorecer al partido al que pertenecían. En la actualidad, estas redes clientelares siguen existiendo en Honduras, aunque su forma de actuar se ha perfeccionado con los años.

Este sistema bipartidista clientelar mostró una gran fortaleza durante la primera década del siglo XXI. Sin embargo, el golpe de Estado cívico-militar del 28 de junio de 2009, ejecutado contra el gobierno liberal de Manuel Zelaya Rosales supuso el inicio de su declive. En las elecciones que se celebraron a finales de ese año salió triunfante el Partido Nacional, fortalecido ante la implosión de su rival tradicional, el Partido Liberal, definitivamente fracturado. Los cuatro años del gobierno del nacionalista Pepe Lobo estuvieron marcados por la corrupción, el empeoramiento de todos los indicadores sociales y económicos, por el incremento de la violencia (en 2012 Honduras llegó a tener la tasa de homicidios más alta del mundo) y la fuerte presencia del crimen organizado en el país (según un informe del Departamento de Estado de EE.UU. de 2012, en esa fecha el 79% de los vuelos que transportaban cocaína de Suramérica a Estados Unidos hacia escala en Honduras).

En noviembre de 2013 se celebró otro proceso electoral, en el que nuevas fuerzas políticas por primera vez iban a disputar el poder a los dos partidos tradicionales. Tras los resultados ofrecidos por el TSE, en las que se dio por vencedor a Juan Orlando Hernández (JOH) y al Partido Nacional, surgieron numerosas denuncias de fraude electoral. Las dudas sobre la legalidad del proceso provenían principalmente de dos nuevos partidos políticos: Libertad y Refundación (LIBRE), y el Partido Anticorrupción (PAC). Ambos movimientos políticos nacieron como consecuencia del rechazo de la sociedad hondureña al golpe de Estado de 2009 y a la corrupción. Mientras LIBRE representa a sectores populares y maneja un discurso izquierdista, el PAC sedujo a una parte de las clases medias urbanas, cansadas de la corrupción y el abuso de poder, mediante un discurso de regeneración política.

Los resultados oficiales de la contienda electoral de 2013 posicionaron a LIBRE como el principal partido de la oposición con el 28.78% de los votos (superando ampliamente el 20.30% obtenido por el Partido Liberal). El PAC fue el cuarto partido más votado. Sin embargo, estos resultados no fueron aceptados por los partidos de oposición, que denunciaron la existencia de fraude, facilitado por su falta de representación en las instituciones garantes del proceso electoral, principalmente en el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y el Registro Nacional de las Personas (RNP), controlados por el bipartidismo. El gobierno justificó la falta de representación de LIBRE y PAC en ambas instituciones en el hecho de que se trataba de partidos sin presencia en el Congreso Nacional, por ser la primera vez que participaban en unas elecciones. Este agravio a los partidos de oposición, injustificable en una sociedad democrática, fue perpetuado más allá de 2013. Mediante una maniobra inédita y antes de la toma de posesión del nuevo Congreso Nacional elegido en 2013, el congreso saliente, dominado por el bipartidismo, nombró en su última sesión en abril de 2014 nuevas autoridades del TSE y el RNP con 5 meses de antelación al plazo previsto y para un periodo de 5 años, dejando sin representación en estas instituciones a LIBRE y PAC para los siguientes 5 años.

La fuerte irrupción de nuevas fuerzas políticas en 2013 llevó al Partido Nacional y al Partido Liberal a reforzar su vieja alianza para tratar de salvar el sistema bipartidista. En este contexto, un Juan Orlando Hernandez fortalecido logró el apoyo clave del Partido Liberal para nombrar una Corte Suprema de Justicia a su medida, que a su vez le ha permitido optar a la reelección, violentando de manera evidente la constitución hondureña. Asimismo, durante estos cuatro años las bancadas de los partidos LIBRE y PAC en el Congreso Nacional han ido sufriendo importantes bajas de diputados (9 de los 37 diputados de libre y 4 de los 13 diputados del PAC), que han pasado a apoyar los proyectos del gobernante Partido Nacional en contra de la disciplina de sus respectivos partidos. La culminación de una legislatura plagada de autoritarismo, corrupción y opacidad ha venido con la destrucción del PAC, urdida en coordinación entre las autoridades del TSE y la diputada tránsfuga Marlene Alvarenga. Mediante una maniobra de carácter “legal” y tras un conflicto entre los líderes del PAC y el TSE por la celebración de las elecciones primarias del partido a principios de 2017, la diputada Alvarenga, que ya había votado en contra de la disciplina de partido en varios proyectos clave del gobierno de JOH, logró hacerse con el control del PAC, realizando un proceso de elecciones primarias con bajísima participación y en las que se presentó solo ella. Frente a este contexto, los dos nuevos partidos opositores (LIBRE y PAC) han decidido unir sus fuerzas junto con otro pequeño partido (PINU) mediante la creación de la denominada “Alianza Opositora contra la Dictadura”.

El riesgo de confrontación social tras las elecciones de noviembre es una posibilidad nada desdeñable en Honduras. Para alimentar la polarización existente en el país y las dudas sobre la fiabilidad de las elecciones se dan múltiples circunstancias entre las que se destacan las siguientes:

Cultura de opacidad del actual gobierno:

La forma más segura de hacer un fraude sin ser descubierto es no ser transparente. Y eso es lo que hace el gobierno hondureño. Para ello cuenta con instrumentos legales, como la Ley de Secretos, mediante la cual puede reservar información al público de cuantas instituciones decida el presidente (16 en la actualidad, entre la que se encuentra el Registro Nacional de las Personas, clave para garantizar la transparencia de las elecciones). La aplicación de esta ley no solo podría facilitar potencialmente la alteración del censo electoral elaborado por el RNP, si no que podría ser utilizada para desviar fondos para financiar la campaña de reelección o para la compra de votos. En la actualidad existen además varios fideicomisos en Honduras que el gobierno maneja de manera opaca. Entre ellos destaca el de la tasa de seguridad, que administra un impuesto creado por el actual gobierno supuestamente para luchar contra la delincuencia a través de estrategias represivas y que  maneja fondos anuales superiores a los 100 millones de USD, cuenta con capacidad de endeudarse y cuyo manejo ya ha sido altamente cuestionado. Entre las denuncias generadas alrededor de la tasa de seguridad destaca la de un periódico hondureño que asegura que mediante este fondo se contrató a un equipo italiano de hackers que diseñaron un sistema para espiar a la oposición.

Falta de independencia de organismos fiscalizadores de elecciones:

El nombramiento de las autoridades de TSE y RNP, excluyendo a los principales partidos de la oposición al bipartidismo, es una clara muestra de la falta de independencia de estas instituciones. En las denuncias por el manejo partidista del RNP se menciona que esta institución podría estar facilitando varias formas de fraude electoral. Se ha denunciado por ejemplo el traslado de votantes de un municipio a otro a través de la emisión masiva de cédulas por parte del RNP. De ser ciertas estas denuncias, estas cédulas podrían estar siendo utilizadas para facilitar que activistas de los partidos políticos voten en lugar de personas fallecidas o que no residen en el país.  En las últimas semanas, activistas opositores se han tomado varias de las sedes del RNP en el país para denunciar este tipo de maniobras.

A través de la utilización fraudulenta de cédulas se podría realizar un fraude de grandes proporciones, especialmente debido a las dudas sobre la fiabilidad del censo electoral manejado por el RNP y el TSE. Según el informe final sobre las elecciones generales de 2013 elaborado por la Misión de Observación electoral de la Unión Europea, hace 4 años este censo contenía “alrededor de un 30% de las entradas”  correspondientes a fallecidos o emigrantes. Si las inconsistencias en el censo de 2013 nunca fueron depuradas, genera todavía mayores suspicacias el hecho de que el censo para estas próximas elecciones (2017) incluya a más de 1,000,000 de nuevos votantes (6.5 millones en total), suponiendo un aumento del 21.37% con respecto a 2013. Este aumento tan brusco no encaja con los aumentos observados en el censo en los anteriores procesos electorales de 2013 (16.13%), 2009 (15.78%) y 2005 (15.85%).

Tráfico de credenciales y posibilidad de duplicación del voto

Otro tema que genera preocupación está relacionado con el tráfico de credenciales electorales. Estas son entregadas a representantes de los partidos políticos, con la idea de garantizar que todos los partidos que se presentan a las elecciones tengan dos representantes en cada una de las más de 16,000 mesas electorales receptoras (MER) del país. El problema es que el TSE entrega a cada partido dos credenciales por cada MER, pero las credenciales van sin nombre. Solo llevan escrito el partido al que están vinculadas. Por dar un ejemplo, el partido FAPER recibirá más de 32,000 credenciales electorales sin nombre, una cantidad mucho mayor al número de votos que recibió en las elecciones de 2013 (3,117 para ser exactos). Lo mismo ocurre con otros partidos como Unificación Democrática (UD), Vamos, Alianza Patriótica, Democracia Cristiana (DC) y el PAC de Marlene Alvarenga. Esta forma de entrega de credencias facilitaría que estos pequeños partidos se lucren vendiendo estas credenciales al mejor postor, o simplemente se las entreguen al Partido Nacional, que ha sabido realizar múltiples alianzas con ellos.

Como prueba de la sumisión y dependencia de estos pequeños partidos al Partido Nacional, basta mencionar que el anterior candidato presidencial de FAPER es el actual Embajador de Honduras en Cuba, o que la DC y la UD han formado parte activa del gobierno de Juan Orlando Hernández. A lo que ocurrió con el PAC de Marlene Alvarenga ya nos referimos anteriormente. El nuevo partido Vamos está formado por un antiguo líder de la DC y diputados expulsados de LIBRE por votar en favor de los proyectos de Juan Orlando Hernández en el Congreso Nacional. Y el partido Alianza Patriótica es un pequeño grupúsculo de extrema derecha que fue en su momento disuelto (junto al FAPER) por el TSE por no haber obtenido el número mínimo de votos que exige la ley para seguir existiendo, y que fue convenientemente resucitado por la CSJ controlada por el actual gobierno para poder presentarse a las elecciones de 2017. Todo esto parece indicar que, en caso de conflicto durante el escrutinio en las mesas electorales, el Partido Nacional contará con mayoría de afines y podrá imponer su criterio (las decisiones se toman por mayoría).

Existe un elemento extra con relación a estas credenciales. Los poseedores de las mismas (2 por partido y mesa y cuyo nombre se podrá escribir a mano en la credencial el mismo día de las elecciones) tienen derecho a votar en la mesa electoral en la que estén ubicados. Lo que ocurre es que esto posibilitaría que dichos representantes puedan votar dos veces: en la mesa en la que están ubicados como representante de partidos, y en la que les corresponde domiciliariamente. El hecho de que se vayan a entregar más de 320,000 credenciales de este tipo podría provocar un fraude de tamaño considerable. Este podría evitar de manera sencilla, obligando a los partidos a presentar el listado de personas que van a recibir las credenciales para que el TSE proceda a sacar a estas personas del censo, evitando que puedan votar dos veces. El Partido Nacional se ha negado a ello, y ha pretendido dar por zanjado el problema entregando el listado de sus propios representantes, pero no exigiendo a los pequeños partidos que hagan lo mismo.

Otros problemas

A los problemas citados anteriormente se suman otros, como la compra directa de voto, documentada por el Centro de Documentación de Honduras (CEDOH y el Instituto Nacional Demócrata, a través de un estudio, que lanzó datos tan reveladores como que un 49% de los entrevistados aseguró haber sido testigo de compra de votos durante los comicios de 2013. En el mismo informe se especifica que por sus consolidadas estructuras clientelares, esta modalidad de fraude es fundamentalmente cometida por el Partido Nacional y el Partido Liberal.

Otros problemas tienen que ver con la financiación ilegal de campañas, ya sea con dinero del narcotráfico o público (desfalco del IHSS); la utilización de hackerspara manipular campañas electorales; o la utilización de normativas para someter a los medios de comunicación a los interés del gobierno. La prácticamente inexistente judicialización de casos de delitos electorales favorece sin duda que se puedan cometer fraudes de grandes proporciones.

Falta de voluntad de implementar reformas electorales

Seria relativamente sencillo implementar diversas reformas electorales para evitar algunos de estos riesgos de fraude. La Alianza Opositora y el Partido Liberal vienen planteando varias medidas que el Partido Nacional se niega a llevar adelante. Entre ellas destaca la utilización de lectores de huellas dactilares en los centros de votación para evitar la utilización fraudulenta de cedulas de identidad, obligar al TSE a entregar credenciales a los partidos, solo si presentan un listado con el nombre de estos, la inclusión de representantes de los principales partidos en las directivas del RNP y el TSE; la no contratación de la empresa MAPA Consultores para realizar el recuento de votos por sus vínculos directos con el Partido Nacional, o la prohibición de realizar cambios de domicilio a efectos electorales durante el año anterior a un proceso electoral, entre otras.

Las posibilidades de que acontezca un gran fraude electoral son palpables. En este contexto, la Unión Europea ya manifestó sus dudas acerca de enviar una misión de observación electoral para estos comicios, lo cual supone un riesgo adicional para la fiabilidad de los resultados. En la actualidad se están realizando esfuerzos para lograr evitar o reducir el fraude lo más posible. Desde sociedad civil se ha creado la plataforma Observación 26-N, que trata de unificar esfuerzos independientes. Desde la Alianza Opositora se ha organizado además la denominada “Operación Antifraude”, en el marco de la cual se espera evitar que voten personas fallecidas o ausentes.

Sin embargo, la escasez de medios materiales de estas iniciativas y la total falta de implementación de reformas electorales no garantiza la transparencia de las elecciones. Es por estas razones que resulta imprescindible que que tanto la sociedad hondureña como la comunidad internacional presionen de manera efectiva al gobierno hondureño para que apruebe a tiempo reformas legales que garanticen que este proceso electoral sea lo más limpio y transparente posible. De otra forma nada garantiza que las elecciones que se celebren en noviembre desemboquen en una nueva crisis política con consecuencias profundamente negativas para Honduras.

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Incentivos fiscales y leyes turísticas en beneficio de unos pocos

Publicado en El Salmón Contracorriente

La nueva Ley de Fomento del Turismo en Honduras es ejemplo de cómo las élites económicas controlan la política fiscal para beneficiarse sin tener en cuenta el interés público, los recursos naturales y a la población originaria. 

Honduras es el país que más ingresos fiscales pierde por incentivos a empresas nacionales y extranjeras: un 5,6% de su PIB.

El día a día para la gran mayoría de los hondureños no es sencillo. Más del 60% de la población de este país centroamericano vive en la pobreza, y aproximadamente el 40% sobrevive bajo la línea de la pobreza extrema. Además, se trata de uno de los países más violentos del planeta, debido a su importancia como ruta del narcotráfico hacia Estados Unidos, lo que provoca el desplazamiento forzado de miles de sus ciudadanos al año, que huyen hacia el norte buscando mejores condiciones de vida, o simplemente para evitar ser víctimas de la violencia armada.
Frente a esta dura realidad, el Estado hondureño no puede (o no quiere) atender las necesidades de sus ciudadanos y eliminar las causas estructurales de la pobreza y la violencia. Los altos niveles de corrupción, que son una constante desde la época colonial, provocan que las élites políticas que dominan el país estén más centradas en obtener beneficio para ellos y sus allegados (no pocas veces vinculados con el crimen organizado) que en lograr un verdadero progreso económico y social.

La última de estas normativas que promueven los incentivos fiscales es la Ley de Fomento del Turismo, actualmente en discusión dentro del Congreso Nacional de Honduras. Esta ley se suma a una anterior, aprobada en 1998 y llamada Ley de Promoción del Turismo, cuya aplicación solo en el año 2016 causó, según ICEFI, una reducción en los ingresos fiscales del país de alrededor de 500 millones de lempiras (21 millones USD). La nueva normativa dispone, además de la ampliación de los privilegios fiscales actuales, la creación de un Fondo de Turismo, el cual según ICEFI “es una muestra de corporativismo del Estado, pues confluyen intereses privados que manejarán recursos y decisiones públicas, lo que da lugar a un potencial foco de corrupción”.En este contexto, la política fiscal del país muestra un diseño dirigido a favorecer a determinadas élites, en vez de a trabajar para construir un verdadero estado democrático y avanzar hacia la justicia social. De hecho, en el 2015 y según datos del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, organización socia de InspirAction, el 70% de la recaudación fiscal del país procedía de impuestos indirectos, caracterizados por su regresividad. Esta situación viene derivada de la proliferación de leyes que ofrecen incentivos fiscales a empresas nacionales y extranjeras. Según datos de las autoridades tributarias de la región, Honduras es el país que más ingresos fiscales pierde en relación al tamaño de su economía como consecuencia de la aplicación de estos incentivos en toda Centroamérica, suponiendo esta pérdida un 5,6% de su PIB. Al mismo tiempo el país sigue estando a la cola en cuanto a recepción de inversión extranjera directa en la región, siendo el cuarto país (de seis) en términos nominales.
Además, la nueva ley propone que dicho ente pueda expropiar tierras que hoy son de propiedad privada o comunitaria, por la existencia de un aparente interés para promover inversiones turísticas. Este precepto produce todavía mayor preocupación, más teniendo en cuenta los nefastos antecedentes de Honduras en cuanto a persecución del movimiento ambientalista y de defensa de los recursos naturales.
Desde el asesinato de la lideresa indígena Berta Cáceres en 2016, ocurrido en el marco de su defensa de un rio sagrado frente a las pretensiones de una empresa, han sido múltiples los casos de hostigamiento, amenazas y muertes de defensores del territorio. En enero de 2017 Global Witness publicó un informe en el que calificaba a Honduras como el país más peligroso del mundo para los activistas de la tierra y el medio ambiente.
Desde la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH), que agrupa a amplios sectores del pueblo afrodescendiente garífuna, aseguran que esta ley no ha sido debidamente socializada. Además, señalan que les produce gran preocupación que se otorgue al Fondo de Turismo capacidad para promover la expropiación de tierras, contraviniendo de forma directa el derecho a consulta previa, libre e informada establecido en la Convención 169 de la Organización Internacional de Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales. Y su preocupación no está para nada infundada, dado que el pueblo garífuna ha sufrido varias experiencias negativas en los últimos años en relación con la implementación de proyectos turísticos en la costa caribeña de Honduras. Entre estas destacan el desalojo violente de la comunidad de Barra Vieja en Tela para favorecer el proyecto turístico Indura Resort en 2014, o el proceso de despojo de tierras en marcha en la actualidad en los alrededores la ciudad de Trujillo en detrimento del pueblo garífuna.

Es por ello que es fundamental cambiar la política fiscal del país, en cuanto a incentivos fiscales empresariales, y lograr frenar la aprobación de esta ley turística en el Congreso de Honduras, que debe ser sustituida por una normativa que promueva un tipo de turismo más respetuoso con el medio ambiente y con los pueblos originarios, de base comunitaria y que respete las decisiones de las poblaciones a las que pueda afectar.

Javier San Vicente Maeztu

Honduras: autoritarismo, crimen organizado y retroceso democrático

“En Honduras es más barato comprar un diputado que una mula”. Esta frase, tristemente célebre entre los hondureños, fue atribuida al empresario Samuel Zemurray, propietario de una de las principales compañías bananeras que operaban en Honduras en la primera mitad del siglo XX. A la luz de los acontecimientos parlamentarios ocurridos durante la administración del actual presidente Juan Orlando Hernández (JOH), está afirmación sigue siendo plenamente válida. Y es que durante estos tres años las bancadas de los partidos opositores han ido perdiendo congresistas cuando las necesidades del actual gobierno así lo han requerido. El izquierdista partido LIBRE, agrupación política creada para reunir los principales sectores sociales que se opusieron al golpe de Estado de 2009, perdió en estos años 9 de sus 37 congresistas (casi el 25%). Lo mismo le ocurrió al Partido Anticorrupción (PAC), que perdió a 4 de sus 13 congresistas (casi el 33%) a lo largo del periodo de gobierno de JOH. Esta oleada de transfuguismo vino marcado por las necesidades del Partido Nacional de conseguir los votos necesarios para aprobar reformas clave y el control de las principales instituciones del estado, con el objetivo de hacer realidad las ambiciones reeleccionistas del presidente Juan Orlando Hernández.

Pero la degradación de la vida política, todavía fuertemente influida por las consecuencias del golpe de Estado de 2009, ha ido mucho más allá del ámbito parlamentario. Y es que tras el golpe se produjo la partición del Partido Liberal, cuando una buena parte de sus bases constituyeron el partido LIBRE siguiendo los pasos de Mel Zelaya. Como consecuencia, el Partido Nacional se vio fortalecido, haciendo creerse a sus dirigentes dueños absolutos del país. El triunfo de Pepe Lobo en las elecciones de 2009 no fue una sorpresa para nadie. El nacimiento en 2011 del partido LIBRE como alternativa real de gobierno supuso un claro desafío a la hegemonía nacionalista. Sin embargo, el control que el Partido Nacional logró establecer sobre el Estado permitió que realizasen un fraude masivo en las elecciones de 2013 (en el que se produjo financiación ilegal de campaña reconocida por el propio Partido Nacional, manipulación del censo electoral, compra de votos, recuento fraudulento en mesas…) que llevó a Juan Orlando Hernández a la presidencia.

Como consecuencia del afianzamiento del Partido Nacional en el poder, se ha observado un continuo aumento de los casos de corrupción en el país. Desde el escándalo del Seguro Social, que sacó a la luz cómo el Partido Nacional utilizó fondos del sistema de salud para la campaña electoral de JOH, hasta el caso ASTROPHARMA, en el que se reveló que una empresa de una alta funcionaria nacionalista vendió durante años pastillas de harina haciéndolas pasar por medicinas al sistema de salud público, provocando centenares de muertes entre la población. Otro caso sonado fue la construcción de un nuevo sistema de transporte público en Tegucigalpa al estilo del metrobus de la Ciudad de México (trans 450), con altísimos costes para la alcaldía, que finalmente no fue utilizado y cuyas vías y estaciones están siendo demolidas en la actualidad.

Además la actividad del crimen organizado se vio fortalecida durante el periodo de hegemonía nacionalista y los nexos del narcotráfico con el Partido Nacional no paran de hacerse evidentes. En 2015 la DEA capturaba en Haití a uno de los hijos del ya expresidente Pepe Lobo, hecho que iría relacionándose con sucesivas detenciones y revelaciones de la prensa que indicaban que el crimen organizado, aliado con altos mandos del Partido Nacional, se había repartido el territorio hondureño y estaban detrás de asesinatos de altas personalidades de la lucha contra el crimen organizado como Alfredo Landaverde. En las últimas semanas las revelaciones han sido todavía más impactantes, ya que uno de los líderes del cartel de los Cachiros, extraditado a Estados Unidos, ha declarado a un tribunal de Nueva York que entregó 500,000 dólares a la campaña electoral de Pepe Lobo. Según la misma declaración además este criminal habría participado en una fiesta privada que Lobo celebró en su casa de Tegucigalpa con ocasión de su victoria electoral de 2009, a la que también acudieron otros destacados narcotraficantes del país. La posibilidad de que Estados Unidos solicite la extradición de Lobo es cada vez más plausible. Asimismo el Cachiro ha implicado en sus actividades al actual ministro de seguridad Julián Pacheco, y ha denunciado haber entregado grandes cantidades de dinero al hermano del actual presidente JOH para que le ayudase a saldar una deuda del cartel con el gobierno. Con anterioridad, el embajador de Estados Unidos James Nealon llegó a declarar en 2016 que existía una conspiración para asesinarlo dirigida por el narcotráfico y altos mandos de las fuerzas armadas (el hermano de JOH volvió a ser mencionado en relación con estos hechos, situación que provocó que tuviese que viajar a EEUU para prestar declaración a las autoridades estadounidenses).

Ante un panorama tan escandaloso, sería de esperar que el partido gobernante hubiese sufrido un fuerte desgaste a nivel electoral. Sin embargo, la realidad es muy diferente y en la actualidad parece que la reelección de JOH en noviembre es más que factible, siendo la principal amenaza contra esta la posibilidad de que se le sindiquen responsabilidades penales en Estados Unidos por sus conexiones con el crimen organizado. Para comprender la aparente inmunidad electoral del JOH frente a los escándalos hay que tener en cuenta principalmente dos situaciones: la extrema concentración de poder en el actual ejecutivo y los profundos vicios que sufre el sistema electoral y de partidos en Honduras.

JOH sostuvo antes de ganar las elecciones que iba a “hacer lo que tenga que hacer”. A estas alturas se puede afirmar sin lugar a dudas que cumplió su promesa. Durante estos años ha logrado controlar varias de las instituciones clave del Estado, como la Corte Suprema de Justicia, el Tribunal Superior de Cuentas, y la Corte Constitucional entre otros. Especialmente clamoroso es el caso del Tribunal Supremo Electoral, tan solo formado por cuatro magistrados y en el que no hay representación de dos de las mayores partidos de Honduras (LIBRE y PAC), pero si de dos partidos minoritarios al servicio del gobierno nacionalista, como la Unificación Democrática (0,1% de votos) y la Democracia Cristiana (0,17% de votos). El gobierno ha cooptado los suficientes congresistas opositores como para sacar adelante todos sus proyectos y ha barrido con la oposición interna al interior de su partido. En este proceso ha logrado anular varios artículos de la constitución hondureña que prohibían la reelección presidencial, conocidos como pétreos por ser solo modificables mediante constituyente, y posteriormente ha validado su candidatura presidencial. Llama la atención que los que hoy aplauden la posibilidad de reelección en 2009 justificasen un golpe de Estado con el fin de evitarla.

Combinado con lo anterior, JOH espera verse favorecido por un sistema electoral y partidista profundamente corrupto. Si ya sale barato comprar diputados, mucho más lo es comprar votos. Según una encuesta realizada para un estudio del National Democratic Institute, en 2013 la compra de votos fue de cerca del 8% en Francisco Morazán y Cortés, los departamentos más poblados del país. En otros departamentos estos porcentajes superaron el 15% (Olancho, La Paz, o Yoro), el 20% (Comayagua, Choluteca y Santa Bárbara) y hasta el 50% en Gracias a Dios. La coacción directa a los beneficiarios de programas sociales también resulta de gran efectividad a la hora de asegurar el voto por el partido gobernante. Existen además perniciosas prácticas en Honduras, como la norma no escrita por la que todos los trabajadores del Estado están obligados a pagar una cuota mensual al partido gobernante, que se extrae automáticamente de las nóminas. Pero el fraude no queda limitado a estas prácticas, también se deriva de la manipulación del censo electoral en el que se incluye a menores de edad y personas fallecidas para inflar los resultados cuyos votos son introducidos de forma ilegal en las urnas. También es frecuente la compra de credenciales electorales, que fueron calificadas de mercancías por un magistrado del Tribunal Supremo Electoral, y cuya venta permite manipular el  proceso de conteo en los colegios electorales.

En conclusión, Honduras enfrenta un contexto de alta polarización y gran inestabilidad de cara a las elecciones presidenciales de noviembre de 2017. Si bien el Partido Nacional muestra una gran fortaleza debido a la consolidación de su control sobre el Estado y el sistema electoral, se dan varias situaciones que hacen peligrar su continuidad en el poder. Y es que parece que desde el gobierno del norte no ven con buenos ojos la reelección de JOH, lo que podría dificultar considerablemente sus posibilidades de lograr un triunfo electoral. A esto se suma el proceso de desarticulación por parte del gobierno de Estados Unidos del cartel de los Cachiros, organización que ha resultado tener múltiples vínculos con el Partido Nacional y que parecen revelar un patrón sistemático de colusión entre el gobierno y el crimen organizado. Ya en 2011, el asesor policial Alfredo Landaverde denunciaba meses antes de ser asesinado por policías que el gobierno estadounidense no iba a tolerar por mucho tiempo la implicación del gobierno hondureño en el crimen organizado.

Menos claridad aún hay sobre cuál podría ser el candidato con más posibilidades de disputarle la presidencia a JOH. Durante 2016 se ha conformado una Alianza Opositora en la que convergen los partidos LIBRE, PAC y PINU, que todavía no tiene un candidato oficial, aunque suenan con fuerza tanto el líder del PAC Salvador Nasralla como los líderes de LIBRE Xiomara Castro y Manuel Zelaya. El candidato que finalmente se presente por la Alianza seria en principio el mejor posicionado. Sin embargo, los resultados de las elecciones primarias celebradas en marzo de 2017 han resultado en un sorprendente y sospechoso resurgimiento del Partido Liberal, encabezado por Luis Zelaya, un outsider de la política. La posibilidad de que Luis Zelaya trate de romper la Alianza Opositora para presentarse junto al PAC es real, aunque no parece lo más factible debido a que dificultaría el liderazgo de Salvador Nasralla, muy potente en la actual Alianza. En este sentido, en los próximos meses se irá esclareciendo el escenario de cara a los comicios, que no excluye la posibilidad de que el propio Juan Orlando Hernández se vea obligado a renunciar a la reelección si se muestran evidencias graves de su involucramiento con el cartel de los Cachiros. Sin duda, estamos en un momento clave para Honduras, donde se va a decidir si se profundiza la espiral autoritaria, antidemocrática y corrupta en la que se ve inmersa o se lograr revertir el proceso y se abre una nueva fase democratizante. Los asesinatos de activistas sociales como Berta Cáceres durante estos años forman parte sin duda de la caída en los infiernos de la sociedad hondureña, cuyas instituciones se han sido instrumentalizadas por criminales, que no han dudado en utilizar los métodos más violentos y corruptos para hacer valer sus intereses.En publico.es

Comida, memoria y territorio - La situación Alimentaria de los pueblos indígenas colombianos

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Los orígenes del narcotráfico en Honduras

Por Javier San Vicente
Publicado en Rebelion.org

Honduras es hoy en día el país con la tasa de homicidios más alta del mundo. En 2013 ha alcanzado la cifra de 83 homicidios por cada 100.000 habitantes[1], superando la de países como México, Siria o Afganistán. Autoridades nacionales e internacionales señalan como primera causa de esta situación a las actividades del narcotráfico en el país. Merece la pena indagar un poco el origen de estas realidades.

¿Saben realmente los hondureños por qué su país fue escogido por el narcotráfico? Los libros de historia hablan poco o nada sobre el tema, aunque hay bastante información disponible para el análisis. El primer evento que pone en evidencia pública la relación entre la violencia, las Fuerzas Armadas y el narcotráfico en Honduras fue el asesinato en 1978 de los esposos Mario y Mary Ferrari. Sus cadáveres fueron hallados el 15 de junio en una finca en Tegucigalpa. Se trataba de dos comerciantes vinculados al tráfico de armas, cocaína y esmeraldas. La relación de los negocios de estas personas con miembros de las Fuerzas Armadas de Honduras apareció por todos lados. En un principio se inculpó por el asesinato a varios miembros activos del ejército. Honduras vivía en aquellos años bajo el dominio militar, y el ejército quiso desligarse públicamente de este escándalo mediante una cadena nacional de radio y televisión.

Parece que el malestar que las investigaciones en curso produjeron entre los altos mandos del ejército fue uno de los factores determinantes para que se produjese un golpe de Estado y cambio de poder en agosto de 1978, tan solo dos meses después del crimen. Entonces el poder pasó a un triunvirato militar dirigido por el General Policarpo Paz en lo que se conoció como el “golpe de la cocaína”[2]. Esta asonada habría sido financiada por el Cartel de Medellín y el importante narcotraficante hondureño Juan Ramón Matta Ballesteros. Una de las primeras acciones del nuevo gobierno militar fue proteger a los acusados del asesinato de los Ferrari y frenar el proceso judicial por el crimen. El Teniente Coronel Juan Ángel Barahona, uno de los acusados, aseguró a la Comisión de Alto Nivel creada por las Fuerzas Armadas para investigar el crimen que Policarpo Paz tenía pruebas de la implicación de altos mandos del Ejército en los hechos.  Trataba así de defenderse en un proceso en el que podía acabar siendo un chivo expiatorio. Finalmente esta comisión emitió un dictamen en el que exoneraba a todos los militares de los hechos[3].

En los ochentas Honduras pasó a ser dirigida por gobiernos civiles, después de décadas de revueltas militares y golpes de estado, que habían permitido que los militares mantuvieran el poder absoluto sobre el estado. Sin embargo, el poder real siguió siendo ejercido por los militares. Centroamérica vivía una situación excepcional debido a los conflictos armados en Guatemala, El Salvador y Nicaragua. En aquellos años Honduras fue utilizada por el gobierno de Estados Unidos como base contrainsurgente. En concreto, fue en la zona oriental de Honduras donde se establecieron campos de entrenamiento para la contra nicaragüense, la fuerza paramilitar y mercenaria que durante años luchó contra el gobierno revolucionario del Frente Sandinista de Liberación Nacional. El armamento de origen norteamericano llegaba a este grupo a través de Honduras. Esta situación dotaba de mucho dinero, poder y control político al ejército en todo el país, lo que impidió la desmilitarización y la consolidación de una verdadera democracia en Honduras.

Pero ahí no acaba la historia. Hoy sabemos gracias a la documentación desclasificada por el gobierno de Estados Unidos que para financiar la contra se utilizó dinero del narcotráfico. En concreto, sabemos que la compañía aérea propiedad de Juan Ramón Matta fue utilizada para transportar armas desde Estados Unidos hasta los campos de la contra en Honduras. También sabemos que esas mismas aeronaves iban hacia el norte cargadas de la cocaína de Matta[4].

Juan Ramón Matta no fue un narcotraficante cualquiera. No solo fue propietario de una compañía aérea que trabajaba con el gobierno de Estados Unidos. También fue el hombre que puso en contacto al Cartel de Medellín con el Cartel de Guadalajara. En otras palabras, conectó a Miguel Arellano Félix con Pablo Escobar Gaviria. Se trató de una pieza clave en la creación del trampolín centroamericano de la cocaína. Todo ello lo hizo mientras colaboraba con el gobierno estadounidense en la lucha contrainsurgente. No estaba sólo en estos manejos. Como hoy sabemos, en México el Cartel de Guadalajara también organizó varios campos de entrenamiento para grupos contrainsurgente guatemaltecos[5], mientras que en Colombia el narcotráfico ya era una pieza clave de la financiación y organización del grupo paramilitar Muerte a Secuestradores MAS[6].

Este idilio entre narcotraficantes y las agencias de inteligencia estadounidense sufrió un serio revés en el año 1985. El 9 de febrero de aquel año fue asesinado en Guadalajara (México) el agente de la Agencia antidroga estadounidense DEA Enrique Camarena. El asesinato de un agente de esta institución era un hecho sin precedentes. El que fuese secuestrado públicamente por agentes de policía mejicana para posteriormente aparecer torturado y asesinado de la manera más brutal produjo un gran escándalo dentro del gobierno de Estados Unidos. Con el tiempo se fue rebelando que la posible causa de este asesinato sería que Camarena había descubierto los campos de entrenamiento para la contra nicaragüense que la CIA había montado en propiedades del Cartel de Guadalajara en México[7]. Varios ex agentes de la CIA y de la DEA cercanos al caso han implicado directamente en la tortura y asesinato de Camarena a la CIA. También han señalado que su muerte se debió al interés de ocultar los nexos entre el narcotráfico, el gobierno estadounidense y la lucha contrainsurgente[8].

Pero en aquellos años toda esta información todavía no era pública. El asesinato de Camarena se presentó como una venganza del Cartel de Guadalajara contra la DEA por el éxito de algunas operaciones recientes en las que el cartel habría perdido mucho dinero.

Era la época de los grandes narcos y Juan Ramón Matta era un hombre muy popular en Honduras. Se había ofrecido a pagar la deuda externa de la nación y en su mansión en Tegucigalpa repartía favores para ricos y pobres. Pero su felicidad no iba a durar mucho tiempo. Cuando se empezó a conocer en Estados Unidos las actividades de tráfico de armas de la CIA y su implicación en el narcotráfico todo cambió. Las revelaciones del Irangate[9] en 1986 en Estados Unidos iban a provocar su caída. Esta se produjo mediante su secuestro en 1988 por agentes estadounidense en Tegucigalpa, para ser trasladado a República Dominicana en una acción completamente ilegal. Una vez en este país, se tramitó su extradición. Este hecho iba a provocar una respuesta inaudita en Tegucigalpa. Una protesta contra las injerencias extranjeras en el país acabaría con la quema del consulado norteamericano por ciudadanos furiosos y partidarios de Matta.

A pesar de la extradición de este narcotraficante, las estructuras y contactos entre los cárteles de México y Colombia quedaron establecidas de manera definitiva, y la utilización de Honduras como puente entre ambos países se mantuvo. El gobierno de Estados Unidos sustituyó al quemado Matta por un nuevo socio estratégico para la actividad contrainsurgente en Honduras, el también señalado como narcotraficante Alan Hyde[10].

El apoyo del gobierno de Estados Unidos fue clave para la consolidación del narcotráfico en Honduras. Este tipo de actividades no eran novedosas, en la guerra de Vietnam ya se reveló como Estados Unidos participó en este tipo de operaciones. En palabras del ex senador Joseph Nellis, “la CIA ayudó efectivamente a traer heroína muy fuerte y barata de Vietnam desde los Estados Shan, en el norte de Birmania, a cambio de radioescuchas y espionaje”[11].

Sin duda altos cargos del Ejército de Honduras participaron del que ya entonces era un negocio multimillonario. La corrupción en las Fuerzas Armadas es algo público. Basta señalar que el ex General Romeo Vásquez Velázquez, militar que estuvo al frente del ejército que comandó las acciones del Golpe de Estado político militar en Honduras contra Manuel Zelaya Rosales en el 2009, dirigió en los noventas una red de robo de carros de lujo junto con el reconocido narcotraficante y ex coronel Wilfredo Leva Cabrera. El que posteriormente llegase a dirigir las Fuerzas Armadas da prueba de la total falta de depuración interna en la institución armada.

La llamada “guerra a las drogas” se ha visto desde su inicio rodeada de oscuras revelaciones. Cabe preguntarse si tiene sentido mantener esta política cuando los principales valedores de la misma se han visto repetidamente involucrados en escándalos que los señalan como parte del problema que dicen combatir.

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[1] Según datos del Observatorio de la Violencia de la Universidad Autónoma de Honduras.

[2] Cockburn, Alexander y St Clair Jeffrey, “Whiteout: The CIA, Drugs and the Press”, Verso.

[3] http://www.tni.org/es/archives/crimeinuniform_mejia

[4] The Oliver North File, His Diaries, E-Mail, and Memos on the Kerry Report, Contras and Drugs. National Security Archive Electronic Briefing Book No. 113. 2004. 

[5] http://articles.latimes.com/1990-07-05/news/mn-131_1_cia-operations

[6] http://www.verdadabierta.com/la-historia/244-la-historia/auc/3556-muerte-a-secuestradores-mas-los-origenes-del-paramilitarismo-

[7] http://www.proceso.com.mx/?p=355283

[8] Idem

[9] Este escándalo reveló la venta de armas a grupos considerados terroristas por Estados Unidos en Oriente Medio para financiar la contra nicaragüense, además de mostrar como las agencias de inteligencia estadounidenses fueron cómplices de narcotraficantes que ayudaron a financiar a este grupo contrainsurgente.

[10] http://www.fas.org/irp/cia/product/cocaine2/pilots.html

[11] Kwitny, Jonathan, “The Crimes of Patriots: A True Tale of Dope, Dirty Money, and the CIA”, W W Norton & Co.

Golpe de estado electoral en Honduras

Por Javier San Vicente Maeztu
Püblicado en Rebelion.org

Honduras está indignada. Y no es para menos. Los comicios celebrados el pasado 24 de noviembre en la nación centroamericana han dejado un regusto amargo entre los seguidores de dos de los principales partidos políticos hondureños. Habiendo contabilizado menos de la mitad de las actas, el Tribunal Supremo Electoral comenzó el domingo a lanzar datos que daban la victoria al candidato del Partido Nacional Juan Orlando Hernández (JOH). Han pasado ya varias horas desde el cierre de las urnas y el proceso de conteo se está realizando de una manera confusa y a un ritmo muy lento.

Éstas no son una elecciones cualquiera. Se trata de los primeros comicios convocados tras la grave crisis política que vivió el país en 2009 como consecuencia del golpe de Estado perpetrado el 28 de junio de ese año. También son las primeras elecciones en las que el sistema bipartidista que dómino la política hondureña durante más de 100 años se ve seriamente amenazado. La izquierda tiene por primera vez opciones de lograr la presidencia, a través del Partido LIBRE, surgido como respuesta del movimiento social al golpe de 2009 y liderado por el ex presidente Manuel Zelaya y su esposa Xiomara Castro. Sin embargo el temor a que se produjese un fraude era patente desde primeras horas de la mañana del domingo.

En la víspera de las elecciones ya se habían producido varios eventos que contribuyeron a aumentar la tensión existente en el país. Se hostigó a varios grupos de observadores internacionales mediante el envío de autoridades de migración a acosar a observadores así como la realización de identificaciones en un hotel capitalino por parte de agentes del gobierno encapuchados que portaban armas. Incluso se negó la condición de observador al ex juez español Baltasar Garzón y a la Premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchú.

El hecho más grave fue el asesinato de dos activistas de LIBRE en el municipio de Cantarranas, en el departamento de Francisco Morazán. El sábado en horas de la tarde regresaban de una capacitación de su partido para representarlo en mesas electorales cuando sujetos desconocidos dispararon a su vehículo.

Un grupo de observadores denunciaba detenciones ilegales e intimidaciones contra miembros de mesas electorales de LIBRE en los municipios de El Paraíso y San Jerónimo por parte de paramilitares, que impidieron el acceso a las comunidades citadas. Se reportan ataques por parte de hombres armados en La Unión (Lempira) y Ocotepeque.
Nada bueno presagiaba las inconsistencias halladas en el censo electoral por el Centro de Estudios para la Democracia CESPAD. Tras realizar un monitoreo de dicho censo en un algunos pequeños municipios, encontraron que 310 personas ya fallecidas aparecían en las listas de votantes, mientras que se reportaba el caso de otras 44 que, estando vivas, no figuraban en censo alguno.

La jornada electoral comenzó con un hecho que podría considerarse insólito en muchos lugares, pero que en Honduras no sorprendió a nadie. En la madrugada del día 24 varios efectivos del Ejército de Honduras fueron posicionados junto a los transmisores de varios medios opositores. En concreto se trataba de los transmisores de Radio y TV Globo y Cholusat Sur. Ambos medios fueron cerrados por el Ejército tras el golpe de Estado de 2009 y han sido víctimas de diversas agresiones desde entonces.

Sin embargo, este hecho no empañó la alegría de miles de hondureños, que acudieron a votar de forma masiva. La ilusión era patente entre los simpatizantes de LIBRE y PAC. Se pudieron ver largas colas en los colegios electorales. Durante el recuento, miles de hondureños permanecieron como observadores del conteo de manera particular. LIBRE asegura contar con copias de miles de estas actas, que podría utilizar para impugnar los resultados oficiales.

Otro evento que produjo extrañeza fue el despliegue de unidades del Ejército alrededor de las plantas de distribución eléctrica de la ENEE. Aumentaba con ello el temor que una parte de la oposición tenía a que se produjesen cortes de luz durante el conteo de votos.

Pero los recelos no se hicieron patentes hasta después de cerradas las urnas. Durante las dos primeras horas tras el cierre, los medios de comunicación solo estaban autorizados a transmitir los resultados del conteo de urnas concretas. Los resultados ofrecidos eran muy diferentes según el canal que se viese.

A las 8 de la tarde, el TSE comenzó a ofrecer resultados. En un primer reporte, daba una ventaja a Juan Orlando de casi 6 puntos respecto a Xiomara Castro, que quedaba en segundo lugar.  A partir de ahí, todo se volvió confuso. Un sistema que en principio debía ofrecer resultados con rapidez dejo de funcionar. La web del TSE no cargaba o no se actualizaba. Se repetían los mismos hechos que ocurrieron en la elección de 2009: en aquella ocasión no hubo resultados definitivos hasta dos semanas después de los comicios, y La noche de los comicios el TSE aseguro que se trataban de las elecciones con mayor participación en la historia de Honduras con un 62% de votos emitidos. Tras dos semanas el mismo tribunal se vio obligado a reconocer que fueron las menos votadas, con un abstencionismo ligeramente superior al 50% (otras fuentes hablaban de un 21% de participación).

Las acusaciones de compra de votos son una constante en las elecciones de Honduras. En esta ocasión se han producido denuncias reiteradas contra el Partido Nacional por compra de votos mediante entrega de dinero o bolsas de alimentos (se entregó supuestamente una bolsa con comida y dinero en efectivo) y venta de credenciales electorales al partido Nacional (que dan derecho a participar en el conteo de las actas). En este video se puede ver un caso de venta de credencial de Alianza Patriótica al Partido Nacional. Además, se entregó a miles de personas una tarjeta que permite recibir descuentos en multitud de establecimientos comerciales, denominada “la cachureca” (a los miembros del Partido Nacional se les conoce como cachurecos).

Salvador Nasralla, candidato por el recientemente creado Partido Anticorrupción, denunció durante la jornada de los comicios graves irregularidades en el proceso electoral: falsificación de actas enteras que habrían sido introducidas de manera irregular en el sistema del Tribunal Supremo Electoral. El ex presidente Manuel Zelaya, derrocado por un golpe de Estado en 2009, denunciaba también el supuesto fraude asegurando que según el conteo independiente realizado en todo el país por su partido seria su esposa Xiomara Castro la ganadora.

Y es que parece difícil que un candidato tan impopular como Juan Orlando Hernández se hiciese con el poder. El encono social contra él llego a cristalizarse en una jornada anti-JOH realizada la pasada semana en la Universidad Autónoma de Honduras por jóvenes activistas de varios partidos políticos.
El lunes 25, los simpatizantes de LIBRE y su dirigencia siguen a la espera de que se ofrezcan resultados definitivos. Lo hacen con la convicción de haber ganado las elecciones y pidiendo un recuento urna a urna. Este mismo lunes, la sede del Ministerio Público (fiscalía) fue militarizada y todos los empleados fueron enviados a casa por orden del gobierno. Varios empleados aseguraron a la prensa que el desalojo de las oficinas es debido a amenaza de disturbios. El cierre se produce un día después de que el candidato presidencial Salvador Nasralla y algunos medios denunciasen que fiscales del Ministerio Publico habían allanado varias oficinas del Partido Nacional donde llenaban, firmaban y escaneaban actas con datos a favor de Juan Orlando Hernández. Nadie confirma ni desmiente estas afirmaciones hasta la fecha.
El lunes 25, el grupo de observadores canadiense Common Frontiers, denunciaba la irregularidad de los comicios y solicitaba al gobierno de Canadá no reconocer a Juan Orlando Hernández como ganador. En el mismo sentido, los observadores de la Confederación Sindical de Trabajadores de las Américas denuncian “manipulación y compra de votos, amenazas y otros actos de violencia contra los testigos y votantes de Libre”.
Y la incertidumbre sigue. Mientras el gobierno ya ha declarado ganador a Juan Orlando Hernández, Xiomara Castro asegura que triunfó ella. Salvador Nasralla felicita a su candidato a la alcaldía de San Pedro Sula (capital económica del país), contraviniendo, de esta forma, la versión del gobierno, que da por ganador al Partido Nacional. Los datos van apareciendo con cuentagotas y ni siquiera parece estar claro cuál fue el porcentaje de participación en los comicios. En los próximos días pueden ocurrir muchas cosas. Los militantes de LIBRE y PAC no parecen dispuestos a aceptar los resultados del TSE. Y no es de esperar que Juan Orlando y los suyos accedan a abandonar el poder.

Autoritarismo y Corrupción en Honduras

Publicado en Dario Público

La historia de Honduras está plagada de acciones contrarias a la vigencia del estado de derecho. Múltiples golpes de Estado (el último el 28 de junio de 2009), que han roto la precaria legalidad existente en el país. A pesar de esta extrema fragilidad, el actual gobierno del Partido Nacional (presidido por Porfirio “Pepe” Lobo y su delfín y candidato a la presidencia Juan Orlando Hernández) está batiendo records en cuanto a autoritarismo y falta de apego a cualquier tipo de procedimiento legal. Todo con el objetivo de controlar todas y cada una de las instituciones clave del Estado, promover proyectos que beneficien a grupos poderosos afines y asegurar la victoria electoral de Juan Orlando Hernández. Pasemos a analizar la trayectoria de este gobierno desde 2009.

Ya desde la misma elección este gobierno arrastra vicios de legitimidad. Fue elegido en unos comicios que se produjeron tras un golpe de Estado, con suspensión de garantías vigente por un Decreto Ejecutivo promulgado meses antes de su celebración. La oposición zelayista, que decidió boicotear los comicios, acusó al Tribunal Supremo Electoral de inflar los datos de participación. Los datos finales del TSE establecieron que la elección de 2009 fue la de más baja participación desde la aprobación de la actual constitución en 1981, con un abstencionismo ligeramente superior al 50%. Es importante recordar que el sistema de conteo falló en la noche de los comicios y estuvo fuera de servicio durante horas de manera sospechosa.

Una vez en el poder, el tándem Lobo-Hernández ha llevado a cabo una arremetida sistemática contra varias instituciones del Estado. Ente las más memorables podemos citar la remoción ilegal de todos los magistrados de la Corte Suprema de Justicia menos uno, y el nombramiento discrecional de sustitutos. Es importante señalar que esta decisión se produjo tras una resolución de la Corte que declaraba inconstitucional uno de los proyectos estrella del gobierno: las ciudades modelo. El magistrado que no se destituyó, Oscar Chinchilla, fue el único en votar a favor de este proyecto.

Tampoco hay que desdeñar el trabajo que han venido realizando en el Ministerio Público. Aquí el asalto estuvo un poco mejor planificado. Aprovechando las múltiples denuncias por corrupción y abuso de poder en contra del anterior Fiscal General Luis Alberto Rubí, se creó una Comisión de Intervención del Ministerio Público con el fin de establecer posibles responsabilidades y depurar la institución. Finalmente las organizaciones de sociedad civil que participaron en dicha Comisión fueron marginadas y este proceso solo sirvió para conseguir nombrar un nuevo Fiscal General. Casualmente fue nombrado para el cargo Oscar Chinchilla, el magistrado de la Corte que no fue destituido por su fidelidad al gobierno en el caso de las ciudades modelo. Este hecho es especialmente grave si se tiene en cuenta que el período del anterior fiscal terminaba en 2014, cuando debía ser elegido un nuevo fiscal por el Congreso Nacional electo en los comicios del 2013 por un periodo de 5 años. El tándem Lobo-Hernández pretende que el nuevo fiscal permanezca en el cargo los próximos 5 años.

Importante es también señalar las maniobras que nuestra pareja viene realizando para hacerse con el control de los puestos claves de los organismos de seguridad pública. Una de las medidas más llamativas para ello ha sido el lanzamiento de un proceso de depuración policial a cargo de la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial, creada ad hoc. Para realizar este trabajo incluso se promulgó una Ley que otorgaba amplias facultades ejecutivas (con capacidad de remoción de cargos e incluso de despedir agentes), al flamante nuevo Director de la Policía Nacional, Juan Carlos “El Tigre” Bonilla. Este individuo fue acusado en el pasado de haber dirigido escuadrones de la muerte policiales, y en febrero de este año fue acusado por el anterior Director de la Policía Nacional Ramírez del Cid de ser responsable del asesinato de su hijo. Dicho proceso de depuración ha consistido principalmente en la realización de pruebas de confianza a los agentes, a las que se ha negado a someterse el propio Tigre Bonilla, y cuyos resultados han sido decepcionantes. Al mismo tiempo que se realizaba este proceso, se multiplicaban las denuncias sobre la existencia de escuadrones de la muerte parapoliciales que estarían asesinando jóvenes por todo el país. Estas denuncias no parecen ser una prioridad investigativa. Por último, el ejecutivo actual está en proceso de formar una nueva unidad de “élite” conocida como TIGRES. Se trataría de un hibrido policial-militar que ya ha sido denunciado por organismos defensores de derechos humanos como un retroceso tremendo en materia de derechos humanos. Siendo una unidad creada por el actual gobierno, es de esperar que presente una especial fidelidad a éste y esté dirigido por personas de confianza del tándem Lobo-Hernández.

Pero no acaban ahí los abusos cometidos por el gobierno. Durante el proceso electoral para las elecciones primarias en 2012, se observaron múltiples irregularidades. Una vez más, hubo problemas con el sistema de conteo y los datos que se ofrecieron finalmente son más que dudosos. Según estas informaciones habría resultado ganador Juan Orlando Hernández. El principal oponente dentro del Partido Nacional al tándem Lobo-Hernández, el señor Ricardo Álvarez, denunció ser víctima de fraude y ser el verdadero ganador. No se realizó un escrutinio alternativo y Álvarez estuvo denunciando el fraude en los principales medios del país hasta que le ofrecieron presentarse como Designado Presidencial (una especie de vicepresidente) en la candidatura de Juan Orlando.

Y se podrían seguir citando otros abusos, como la reelección de la Rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Julieta Castellanos, con cambio legislativo incluido; el asalto a la Secretaria de Salud por parte de esta señora, concesión de ríos en contra de voluntad de la población local, violencia contra grupos campesinos en varios puntos del país y otros casos. Si evaluamos estos cuatro años de gobierno desde el punto de vista de los derechos humanos podemos darle una calificación de muy deficiente. Desde el conflicto en el Valle del Aguan con más de 100 muertos, pasando por los últimos eventos en Rio Blanco, con la muerte de varios activistas y la criminalización de la lideresa indígena Berta Cáceres y sin olvidar las denuncias de existencia de grupos parapoliciales de limpieza social, se puede afirmar que este gobierno solo ha contribuido a exacerbar los conflictos ya existentes en el país en un intento de imponer sus intereses y obtusas visiones sociales.

En cuanto a las elecciones del 24 de noviembre, el panorama tampoco es muy halagüeño. La campaña de Juan Orlando Hernández se ha convertido en algo totalmente omnipresente. Las calles están literalmente forradas con su cara y en los medios de comunicación no dejan de pasar sus anuncios. Llama la atención que en el partido que la selección de Honduras jugó contra Jamaica el pasado 15 de octubre apareciese un anuncio de Juan Orlando ofreciendo 100,000 chambas (trabajos) a quien le apoyase. Esto, unido a la contratación de JJ Rendón, Venezolano especialista en campañas sucias, hace temer unos comicios complicados. Ya lo dice Juan Orlando Hernández en uno de los anuncios de radio que protagoniza; “Voy a hacer lo que sea necesario para ganar estas elecciones”.

Con prácticamente todas las encuestas a favor, la candidata de LIBRE, Xiomara Castro podría sufrir una derrota a través de un juego sucio al que parece que el tándem Lobo-Hernández ya están bastante acostumbrados. La falta de representantes tanto de LIBRE en la sede central del Tribunal Supremo Electoral dificultará un buen monitoreo del sistema electoral. A principios de año varios de los nuevos partidos y los minoritarios propusieron la implantación del sistema de voto electrónico venezolano, calificada por el Centro Carter como “el mejor sistema del mundo”. Los dos partidos tradicionales (Nacional y Liberal) se opusieron y la propuesta no prosperó.

El 26 de octubre pasado varias organizaciones defensoras de derechos humanos declararon una emergencia de derechos humanos a 30 días de las elecciones. Señalan entre las principales víctimas de la actual ola de violencia a los militantes de LIBRE, aunque sin excluir a los miembros de otros partidos. El último asesinato se produjo el 23 de octubre cuando el camarógrafo de la vinculada a LIBRE Globo Tv Manuel Murillo Varela fue atacado en Tegucigalpa y falleció después de recibir tres balas en la cara. Era beneficiario de medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en respuesta al secuestro y tortura por parte de policías de que fue víctima en 2010. Esta semana varios fiscales de la Fiscalía Especial de Derechos Humanos han denunciado que el gobierno este virtualmente desmantelando esta institución y dispersando a sus integrantes en varios puesto en el interior del país. Da miedo.