Este mes de junio de 2013 se celebró en Guatemala una cumbre de la Organización de Estados Americanos en la que se discutió la posibilidad de aplicar nuevos enfoques al problema de las drogas, en vista de los daños colaterales que ha provocado el prohibicionismo vigente.
El consumo de drogas ha pasado en las últimas décadas de ser un problema de salud pública que afectaba principalmente a determinadas poblaciones en el primer mundo, a convertirse en un problema de seguridad nacional para varias naciones del planeta, generando violencia, corrupción política y un negocio que genera miles de millones de dólares.
En este contexto, es que necesario un debate profundo acerca de la conveniencia de modificar las directrices de las políticas sobre drogas a nivel nacional e internacional. Actualmente la política aplicada a nivel mundial se conoce como guerra a las drogas, y tuvo su origen en la presidencia de Richard Nixon en la década de los setentas.
En Estados Unidos y Europa se gestaba entonces la denominada revolución conservadora como reacción al explosión social de los sesentas. Una de las manifestaciones de esta “revolución” fue precisamente la guerra a las drogas. El objetivo de esta estrategia consiste en acabar con el consumo de drogas ilegales. Para ello, se ataca su oferta.
Básicamente se trata de perseguir y encarcelar a productores, distribuidores y vendedores de las denominadas sustancias estupefacientes para evitar que lleguen a manos de potenciales consumidores.; e incluso se ha criminalizado su consumo, siendo un delito penado con cárcel la posesión de marihuana o cocaína).
Los resultados de esta política tras cinco décadas de aplicación solo pueden calificarse como desastrosos. Y es que la guerra a las drogas, en vez de hacerlas desaparecer ha generado uno de los negocios más lucrativos que existen en la actualidad. Según datos de la Oficina de Naciones Unidas para la Droga y el Delito, en 2009 solo el comercio de una droga (cocaína) produjo beneficios por valor de 84,000 millones de dólares, valor que supera con creces el PIB de países como Honduras o Guatemala.
Y eso, en el actual marco político-económico mundial solo puede conducir a una situación: procesos de acumulación de capital por parte de redes delictivas cada vez más grandes y poderosas. Las víctimas de este nuevo poder fueron los países productores y de tránsito de drogas: México, Centroamérica y la zona andina para la cocaína; centro de Asia para el opio, que han quedado totalmente desamparados frente a los nuevos grupos ilegales.
La pérdida de soberanía territorial es palpable en países como Colombia, Honduras o Pakistán. Y es que el crimen organizado ha conseguido expulsar o incluso sustituir al Estado de muchas de las zonas donde opera.
El dinero de la droga financia también a grupos armados ilegales que perpetúan conflictos armados que provocan miles de víctimas al año, como es el caso también de Colombia y Pakistán. Una de las consecuencias más visibles de la guerra a las drogas es el aumento de la violencia en los países productores y de tránsito de drogas.
La lucha por el control del negocio entre bandas del crimen organizado, y la guerra desatada por los gobiernos contra éstas provoca decenas de miles de muertes al año, en muchos casos de personas no relacionadas con las drogas. Comunidades enteras viven atemorizadas, y la respuesta de los Estados, que ha consistido en militarizar la sociedad, solo ha provocado más violencia, más muerte y un autoritarismo creciente que afecta de manera muy negativa al respeto de los derechos humanos.
En 2011 los 8 países con mayor tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes del mundo fueron países afectados gravemente por el problema del narcotráfico (de más violento a menos, Honduras, El Salvador, Costa de Marfil, Jamaica, Venezuela, Belice, Guatemala y Saint Kitts y Nevis). Un ejemplo claro es el de Honduras, donde según el Departamento de Estado pasa el 79% de la cocaína transportada por vía aérea desde Sudamérica hacia Estados Unidos, la tasa de homicidios es de 91.3 por cada 100.000 habitantes.
Según Naciones Unidas, se considera una situación de epidemia de violencia cuando se supera la tasa de 10 homicidios por cada 100.000 habitantes. Las evidencias muestran un incremento de las muertes violentas en este país desde la política de guerra al narcotráfico seguida por el gobierno mexicano, que desde 2006, ha obligado a los grandes carteles a desplazar su actividad a Centroamérica.
Durante este período, en Honduras la tasa de homicidios ha pasado de 46.5 en el 2006 a 85.5 en el2012. Las 150.000 víctimas de la guerra al narcotráfico en México (2006-2012) suponen un coste intolerable de esta política, más cuando no se observa un debilitamiento del crimen organizado; y aun son parte de nuestra historia reciente los muertos de los años del narcoterrorismo en Colombia, el “narco-golpe” del ochenta en Bolivia o la financiación de la contra nicaragüense con el dinero de la cocaína.
Otras consecuencias igualmente terribles se derivan del impacto ecológico del uso de venenos para erradicar cultivos, como el caso de Colombia; la cooptación de los aparatos del Estados por parte del crimen organizado, incluidos el ejército y la policía, que en países como Honduras son acusados sistemáticamente de actuar como un grupo más de criminales; o las agresiones a la prensa por parte del narco, que suponen en la actualidad una de las principales amenazas al periodismo independiente e investigativo. Mientras la guerra continua, dejando miles de muertos en Latinoamérica, el consumo de drogas no se reduce o no lo hace de manera drástica.
La Oficina de Naciones Unidas para la Droga y el Delito reporta pequeñas reducciones del consumo de cocaína en Estados Unidos, mientras que éste aumenta en los países de economías emergentes, que parecen tendencias más basadas en cambios de hábitos de consumo que en verdaderos resultados de la guerra a las drogas.
La criminalización del consumo de drogas ha traído como consecuencia un aumento exponencial de la población penitenciaria en varios países, como es el caso de Estados Unidos, donde ésta ha tenido un crecimiento del 780% en los últimos 30 años.
Estas políticas han convertido a simples consumidores de drogas en delincuentes, (la mitad de los presos federales de Estados Unidos pagan penas por delitos relacionados con las drogas, frente a un 8% de condenas por crímenes violentos), con el estigma social que esto conlleva, y que afecta de manera más severa a minorías étnicas y grupos sociales vulnerables.
Por intentar “proteger” al consumidor de drogas de sus propias decisiones, se ha creado un negocio gigantesco, que no duda en utilizar la violencia para conseguir sus fines, que tiene arrodilladas a varias naciones del mundo y que provoca explosiones de violencia incontrolada que amenazan incluso con destruir los propios estados. Frente a esta realidad, cada vez son más las voces que reclaman un cambio de rumbo. Ex-presidentes, intelectuales e incluso presidentes en ejercicio se han cansado de que sean determinados países los que sufran todas las consecuencias de una guerra que parece imposible de ganar.
Tanto desde posiciones de izquierda como de derecha, se reclama poner fin a un conflicto que ya ha dejado demasiados muertos en el camino. El izquierdista José Mujica, presidente de Uruguay, está promoviendo la legalización de la producción y venta de marihuana en su país como remedio a la creciente inseguridad. De la misma forma, el Presidente colombiano Juan Manuel Santos y el guatemalteco Otto Pérez Molina, ambos conservadores, están reclamando un cambio de políticas sobre drogas en diferentes instancias internacionales.
Incluso el Secretario de Estado de EE.UU. John Kerry ha manifestado recientemente la disposición de su país de discutir nuevos enfoques, aunque todavía se ve lejos un cambio de la posición estadounidense.
Es bastante paradójico que Estados Unidos siga siendo el bastión del prohibicionismo a nivel internacional cuando en los estados de Washington y Colorado la marihuana se vende legalmente para usos recreativos, y que en Alaska, California, Nevada, Maine y Nueva York se vende en establecimientos públicos teóricamente con fines exclusivamente medicinales. Por todas estas razones es necesario abordar el problema de las drogas desde una nueva perspectiva. Si el consumo de estupefacientes daña el organismo de los usuarios, se debería trabajar para reducir o hacer desaparecer ese daño mediante campañas educativas, controles sanitarios, atención médica y una regulación que proteja efectivamente a los ciudadanos.
Y un nuevo enfoque no prohibicionista rompería con el ciclo de acumulación de riqueza por parte del crimen organizado y lo debilitaría enormemente. Solo en esa situación se podría hacer frente a este tipo de organizaciones y trabajar por recuperar el Estado de Derecho, poner fin a la impunidad y reducir la violencia en los países afectados por esta lacra.
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